El economista malagueño Enrique Benítez fue consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía entre 2015 y 2021. Sus ponencias están siempre llenas de novedades de la prensa internacional y de informes recientes de control. En su magnifica intervención durante el Congreso organizado por el Consello de contas de Galicia, presentó un contenido en torno a tres temas: la asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios, la coordinación entre instituciones, y la extensión del uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en el ámbito público y sus posibles implicaciones. Sobre el primer punto, mencionó dos recientes informes de la Cámara andaluza, precisamente sobre la fiscalización de la asistencia prestada por las diputaciones de Huelva y de Córdoba a los municipios de sus provincias. En ambos casos, menos del 14% de los recursos humanos están adscritos a esta función esencial, a este mandato de la LBRL, de manera que se preguntó en voz alta si no sería posible, y también deseable, una fiscalización en toda España, liderada por el Tribunal de Cuentas en coordinación con los distintos OCEx, con una metodología homogénea y resultados comparables.
Con respecto al imparable avance de la IA generativa y el posible destino de cuantiosos fondos públicos a una herramienta que tiene mucho de promesa, alertó de su “uso en la sombra” por parte de cada vez más empleados públicos en todo el mundo, sin directrices ni supervisión, ajenos a los riesgos vinculados a la protección de datos o a las “alucinaciones” de las distintas herramientas basadas en la IA Generativa. Ya existe evidencia sobre el uso a gran escala de Microsoft Copilot, gran rival de OpenAI, la de ChatGPT, porque casi todo el mundo se basa en el sistema operativo Windows (salvo este humilde bloguero que es maquero).
En este asunto mencionó dos experiencias: el reciente caso, en el Reino Unido, del ensayo con 20.000 licencias efectuado a finales de 2024 que reveló una ganancia de 26 minutos en tareas más o menos rutinarias (escribir correos, resumir informes, agilizar búsquedas en Google o elaborar presentaciones en power point). El 22% de los usuarios habían recibido información falsa o alucinaciones. En Australia, otro ensayo con 5.765 licencias, en el primer semestre de 2024, puso de manifiesto algunas ganancias en eficiencia y productividad, pero también que es necesaria una clara hoja de ruta para implementar estas soluciones en las organizaciones públicas.
En este sentido, y ante la previsible avalancha de anuncios de gasto público en la incorporación de estas herramientas, Enrique Benítez recordó la colaboración con el CCN-CERT para elaborar un Prontuario de Ciberseguridad dirigido a las entidades locales, y las gestiones para que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haga lo mismo con respecto al cumplimiento de la prolija y desconocida normativa que tanto afecta a la planta local. Por eso, y ya que el congreso se ha celebrado en La Coruña, entendió factible la inmediata puesta en marcha de una colaboración de los OCEx con la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), con sede en la ciudad gallega -no lo olvidemos- para anticipar los usos locales de la IA y guiar con buenos criterios el camino de los municipios más atrevidos.
Control ciudadano
El ingeniero del Banco de España, Manuel J. García había presentado un par de horas antes, la ponencia titulada «Transparencia y rendición de cuentas: avances y desafíos». Nos habló del poder del dato en la contratación pública, tanto para las AAPP como para el ciudadano. Algo que alcanza a otras fuentes de información relevantes públicas como las subvenciones.
Se preguntaba Manuel ¿Se pueden encontrar irregularidades en licitaciones mediante información pública? La respuesta es afirmativa, gracias al análisis masivo de datos. Por ejemplo, recordó el desarrollo de un programa que busca automáticamente en los metadatos de los pliegos el nombre del adjudicatario, luego la licitación está dada de antemano. Se encontraron 21 licitaciones irregulares analizando 1 millón de documentos de la Plataforma de contratación del Estado.
Se preguntó ¿Qué cauces tenemos los ciudadanos para denunciar oficialmente? Empezó por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (IGAE) que le derivó a la Fiscalía anticorrupción. Estaban el Consello de Contas, la Cámara de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas y hasta Oficina Antifraude de Andalucía y de Cataluña. Esta última ha confirmado la existencia de la irregularidad y se lo han remitido a los infractores para que evalúen si rescinden el contrato o no. Incluso “tras un Recurso Especial en Materia de Contratación, en Aragón, me permitió descubrir que no se permite la acción pública en esta materia.
Manuel fue algo pesimista en su conclusión: “El caso Cerdan-Belate nos lleva a reflexionar sobre la eficacia real de estas instituciones”. Como avance destacó que cada vez hay mayor transparencia y la publicación de datos en abierto. De esta manera, personas ajenas a la Administración (investigadores, periodistas, académicos) y la sociedad civil en general pueden ejercer una cierta supervisión o control externo (ciudadano), que mejora nuestra comunidad. Dejó como desafío mejorar cómo la Administración canaliza e investiga las denuncias de los informantes.
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