Cada verano nos acordamos de los pueblos, tanto por el esparcimiento vacacional como por las noticias de incendios. El Mundo del pasado día 14 entrevistaba a un antiguo empleado de Banca, Javier Bollain, alcalde de Illán de Vacas, el pueblo más pequeño de España. En un momento de la conversación, la periodista Sara Polo pregunta al regidor por el mal estado de las resecas calzadas que contemplan, a lo que responde el Regidor:
-Venga, te lo cuento pero te advierto que es una cosa como de Kafka. Tú tienes que presentar las cuentas del Ayuntamiento a la Diputación de Toledo. Con el lío de la corrupción municipal, esas cuentas no las puede firmar el alcalde, las tiene que firmar el secretario. Pero nadie quiere ser secretario de un pueblo de siete habitantes y nosotros no vamos a pagar 40.000 euros al año por una firma. He pedido un secretario volante, que venga aquí un tipo a revisar las cuentas, que son media hoja de Excel: los gastos de la luz, la recaudación de los IBI municipales y rurales y… déjame pensar… nada más, es que son esas tres partidas. Pero la administración dice que como no entrego las cuentas no me dan ayudas y yo les digo que son ellos quienes me rechazan las cuentas y en esas estamos.
-Menudo lio.
-Ya te dije que era kafkiano.
Tal como lo explica no se sabe quien fue antes (la culpa) si el huevo o de la gallina. El asunto me impulsa a traer a la bitácora la habitual indicación del Tribunal de Cuentas de España, que acaba de reiterarse a finales de julio en el informe del sector público local correspondiente al ejercicio 2023 (magnífico resumen de sus responsables) donde realiza tres tipos de recomendaciones.
A los órganos legislativos pide, en primer lugar, aprobar modificaciones legislativas que generalice la condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de rendición al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo Órgano de Control Externo. Tal modificación legislativa, apunta, debería hacer preceptiva la retención de la participación de tributos del Estado, a aquellas entidades locales que incumplan con sus obligaciones de rendición de las cuentas generales. Asimismo, recomienda actualizar la medida prevista en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para regular la disolución de las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que no rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas al término de cada año, así como establecer el procedimiento correspondiente para proceder a dicha disolución.
En el mismo sentido insiste en modificar los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades del sector público local, homogeneizando los previstos en la normativa estatal y autonómica.
Añade también la necesidad de establecer como requisito para la toma de posesión de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, haber cumplido las obligaciones de formación de la cuenta general y de remisión de otra información obligatoria en el puesto de cese.
El informe resalta que el 56 % de las entidades que rindieron cuentas, formaron las cuentas en el plazo legalmente establecido y el 77 % las aprobaron cumpliendo el plazo legal. Destaca que un 32 % de entidades locales aprobaron la cuenta general en plazo y, sin embargo, rindieron fuera del plazo establecido en el TRLRHL. La mayor parte de ellas se concentran en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León y Madrid, cuyas normativas autonómicas regulan un plazo de rendición diferente al establecido en la citada normativa.
Rendición de cuentas 2023
En el ejercicio fiscalizado, la mitad de las entidades locales incumplieron la obligación de rendir la cuenta general de 2023 antes del 15 de octubre de 2024 como prevé el TRLRHL, ajustadas al contenido y formato definidos por el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, excepto las entidades locales del País Vasco y Navarra, que tienen normativa propia. A 31 de diciembre de 2024, dos meses y medio vencido el plazo legal, el porcentaje se había incrementado 21 puntos,
Para el Tribunal “Estos porcentajes de rendición de cuentas muestran que existe un número muy relevante de entidades locales que rinde cuentas después de haber transcurrido meses desde el plazo establecido legalmente, situación que se repite en cada ejercicio, poniendo de manifiesto una falta de compromiso en el cumplimiento de esta obligación en el plazo fijado por le normativa vigente”
Los mejores datos de rendición en el plazo establecido por el TRLRHL, se da las entidades locales de Aragón y Comunidad Valenciana (79 %) seguidas de las de Galicia (73 %) y Cataluña (70 %). Las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Castilla y León regulan también la obligación de rendir la cuenta general de las entidades locales de su territorio al OCEx respectivo, estableciendo plazos diferentes para la rendición de cuentas de las entidades locales de su territorio. En estas tres comunidades se establece que la cuenta general se rendirá al OCEx dentro del mes siguiente al de la fecha límite de aprobación de la cuenta general, es decir, hasta el 31 de octubre del ejercicio posterior al que aquellas se refieran. Así, se da la circunstancia, que las entidades locales de estas tres comunidades autónomas pueden estar rindiendo a su OCEx dentro del plazo legal y, sin embargo, están incumpliendo la obligación establecida en el art 223.2 TRLRHL al rendirlas al Tribunal.
Las consecuencias de esta doble regulación es que fomenta el incumplimiento del plazo fijado por el mencionado texto refundido y que constituye norma básica. El caso más claro es el que se registra en la Comunidad Madrid, dónde únicamente cumplieron con el plazo del TRLRHL el 42 % de las entidades locales y a 31 de octubre lo hicieron el 71 % de ellas, siendo a 31 de diciembre de 2024 una de las Comunidades con mayor índice de rendición de cuentas, el 95 %.
En el Observatorio de la Rendición encontramos los datos en tiempo real. Siempre tenemos una mención especial para esta brillante iniciativa que lleva muchos años funcionando. En la taba adjunta encontramos los niveles de rendición al día de hoy.
Dos congresos imprescindibles
Tras este oportuno recordatorio, debemos un aviso para navegantes. En septiembre y octubre, respectivamente, tendrán lugar dos importantes reuniones sobre el sector local español. Primero, en La Coruña el 15 y 16 de septiembre, el Congreso que organiza el Consello de Contas de Galicia, cuarenta años después de la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local – Ley 7/1985- y de la Ley de creación del control externo independiente de Galicia -Ley 6/1985- . Para hacer balance y marcar las líneas de los retos pendientes ha decidido impulsar un foro de diálogo y debate que reúna a la representación de la Administración Local, en sus múltiples vertientes y protagonistas. El programa es ilusionante y participativo.
Por otra parte, el 16 y 17 de octubre está el cuarto CCIL, IV Congreso de Control Interno Local que en esta ocasión se celebra en la ciudad Córdoba organizado por la Diputación de Córdoba y la IGAE. Este encuentro representa una oportunidad única para reunir a profesionales clave en el ámbito del control interno, promoviendo el intercambio de experiencias, el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de las buenas prácticas en la administración pública.
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