Los fondos asignados a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), ascendieron entre 2021 y 2023 a 391 millones de euros. Por su importancia, el Tribunal de Cuentas de España decidió fiscalizar la convocatoria de 2021, que distribuyó 89,4 millones de euros, destinados a financiar proyectos de un total de 145 ayuntamientos. El Informe resultante acaba de hacerse público. Como siempre, el resumen que realiza el gabinete de prensa del tribunal es magnífico.
El Tribunal de Cuentas ha realizado un análisis global de la concesión y ejecución de las ayudas y ha fiscalizado en detalle una muestra de 11 ayuntamientos, entre los que figuran los de Madrid y Barcelona, y 19 proyectos, por importe de 17,2 millones de euros.
El Tribunal considera que los ayuntamientos fiscalizados en la muestra presentan deficiencias en la definición, planificación y seguimiento de los proyectos que han motivado “modificaciones, en sus contenidos, ampliación de los plazos y desviaciones en la ejecución”. El informe observa que, en varios ayuntamientos, ello “ha supuesto la pérdida de una parte o, incluso, de la totalidad de la financiación obtenida, bien por la renuncia a la subvención o bien por la exigencia de su reintegro”.
En relación con el análisis global, el informe concluye que los 145 ayuntamientos destinaron 37,8 millones del total de 89,4 millones de euros a financiar proyectos sobre infraestructuras digitales que “no eran considerados prioritarios en la convocatoria”, y 29,7 millones se destinaron a proyectos relacionados con la ciberseguridad, que tenían la máxima prioridad.
La gran mayoría de las entidades beneficiarias no lograron ejecutar sus proyectos en los plazos inicialmente previstos, puesto que únicamente 22 ayuntamientos (el 15,2%) los habían finalizado a finales de 2022. A 31 de diciembre de 2023 los proyectos finalizados suponían el 71% del total de las ayudas concedidas.
El sistema de información y gestión CoFFEE-MRR, diseñado para el seguimiento y control de los Fondos Next Generation, no reflejaba a finales de 2023 el grado de ejecución de los proyectos, ni informaba, por tanto, sobre su contribución al cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR.
El Tribunal recomienda a los ayuntamientos adoptar un mayor rigor en la selección de los proyectos y reforzar el seguimiento y control para evitar situaciones que puedan producir la pérdida total o parcial de la financiación del PRTR.
En conclusión …
La conclusión global sobre los criterios para definición de los proyectos apunta que la mayoría de los proyectos fiscalizados presentan deficiencias en su definición, presupuestación o programación temporal. Más en detalle, me gustaría destacar dos de las conclusiones:
El sistema CoFFEE-MRR, de gestión y seguimiento del PRTR, no refleja la contribución de los proyectos de las entidades beneficiarias al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan.
Las entidades beneficiarias fueron registrando en el sistema CoFFEE-MRR, siguiendo las instrucciones de la DGCAL, la información y documentación relativa a la ejecución de los proyectos subvencionados, si bien dicho sistema no permitía el registro a medida que tenía lugar la ejecución real de los proyectos.
El sistema CoFFEE-MRR tampoco reflejaba, a 31 de diciembre de 2023, el progreso de los indicadores asociados a los hitos y objetivos del PRTR, ni informaba sobre la contribución, por parte de las entidades que habían finalizado sus proyectos a esa fecha, al cumplimiento del Hito 167, definido como “proyectos completados”, cuyo plazo era el cuarto trimestre de 2023, ni al resto de hitos y objetivos del Plan.
Los principios de gestión del PRTR sobre la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés fueron atendidos por la mayoría de los ayuntamientos analizados que finalizaron sus proyectos.
Los siete ayuntamientos analizados que habían finalizado sus proyectos a 30 de junio de 2024, disponían de un Plan de Medidas Antifraude con anterioridad a la obtención de las ayudas, aunque la mitad no los habían actualizado, incumpliendo lo previsto en sus propios Planes. Otros no disponían de un procedimiento para abordar los potenciales conflictos de interés y alguna entidad no realizó el análisis sobre la eventual existencia de conflictos de interés a través del sistema MINERVA, herramienta que era de obligatoria aplicación en la fecha de licitación del contrato.
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