Este fin de semana, el diario La Nueva España publicaba en su sección de economía una interesante entrevista con el empresario y promotor Jorge Suárez Díaz, Consejero delegado de Impulso, sociedad de Ingeniería, arquitectura y consultoría que ha tramitado 1.750 proyectos en los últimos 25 años. De sus atinadas opiniones destaco:
“El mecanismo del NextGen nació mal y no se explicó bien. Cuando se creó, se dio una explicación de alto nivel, afirmando que España iba a acceder a 140.000 millones de euros, repartidos a la mitad en subvenciones y créditos blandos (..) pero nadie explicó, y no sé si intencionadamente o no, que las inversiones que se financiaban no eran las convencionales (..) Y eso genera un retraimiento de la inversión, porque están esperando a que lleguen esos fondos. Y cuando salen estos programas y estas convocatorias, se publican tarde, con muy poco plazo para presentarse [ha salido una el pasado 15 de agosto que sólo daba dos semanas de plazo, mientras media España está de vacaciones], y son literalmente una yincana. Son de una complejidad brutal que no sirve para nada».
En fin, una visión prudente y crítica, que coincide con la preocupación por el calendario de ejecución en el debate político y mediático, donde participan múltiples y variadas administraciones. La mayoría de los lectores de esta bitácora tiene -en mayor o menor medida- algún fleco de estos fondos y sufre su gestión.
Informe del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de hacer público el informe 13/2024 titulado La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) cuyo subtítulo anticipa la conclusión principal: “Sigue avanzando aunque con retraso y persisten los riesgos en la finalización de las medidas y, por tanto, en la consecución de los objetivos del Mecanismo”
El tribunal, tras auditar en los diversos países beneficiarios la absorción de los fondos del MRR, concluye que se dan avances, aunque con ciertos retrasos. Típico lenguaje del TCEu, muy constructivo, destacando siempre lo positivo para no dejar injustamente a los gobiernos a los pies de los caballos. Veamos algunas de sus preocupaciones:
A pesar de las diversas medidas adoptadas por la Comisión y los Estados miembros para atender estos retrasos, persisten los riesgos relativos a la finalización de las medidas y, por tanto, a la consecución de los objetivos del MRR. Constatamos que el Reglamento del MRR no ofrece la posibilidad de recuperar los fondos si no se completan las medidas y que los desembolsos efectuados a los Estados miembros no reflejan necesariamente la cantidad e importancia de los hitos y objetivos conseguidos.
“Queda por cumplir un número significativo de hitos y objetivos, que pueden ser más difíciles de alcanzar”.
Entre las recomendaciones que formulan, cabe mencionar que la Comisión aporte orientaciones adicionales cuando sea necesario, supervise el incumplimiento de las medidas y refuerce el diseño de otros instrumentos similares futuros que guarden relación con la absorción.
En octubre de 2023, aproximadamente la mitad de los fondos recibidos se habían abonado a los perceptores finales.
El informe presenta en el epígrafe 29 las causas de los retrasos en la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia:
- cambios en las circunstancias externas, como el aumento de la inflación y la escasez de suministro, así como los cambios en el contexto político del Estado miembro para las reformas;
- las medidas no se adaptan al calendario del MRR y la subestimación del tiempo necesario para aplicarlas (debido a las normas de contratación pública y de ayudas estatales);
- normas de ejecución e incertidumbre sobre cómo deben aplicarse (las orientaciones sobre el principio de «no causar un perjuicio significativo» y el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos);
- cuestiones relacionadas con la capacidad administrativa y la complejidad de las normas a nivel nacional.
La Ilustración 6 aporta los porcentajes de cada uno:
Aparece con frecuencia la contratación como argumento esgrimido por las autoridades nacionales y que el tiempo de ejecución de los proyectos fuera mayor del previsto. La respuesta de los auditores es la habitual: “Ninguno de estos factores es novedoso o específico del MRR, lo que indica que la causa de estos retrasos no es la propia normativa, sino la subestimación del tiempo necesario para aplicarlas a la hora de seleccionar las medidas que deben figurar en los planes nacionales de recuperación y resiliencia”.
Los auditores realizan un examen y un análisis de las evaluaciones de la Comisión de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y las solicitudes de pago para los cuatro Estados miembros (España, Italia, Eslovaquia y Rumanía), que se seleccionaron en función de sus avances en la ejecución del MRR, la importancia de los fondos asignados y su aumento en comparación con el marco financiero plurianual 2014-2020.
Es verdad que nuestra legislación de contratos no facilita atajos. En el parágrafo 70 el informe recuerda que el PRTR español contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública del país reforzando su marco de contratación pública, mejorando los procedimientos de contratación y el desarrollo de un sistema para gestionar y hacer un seguimiento de la aplicación del MRR:
“Sin embargo, la finalización de algunas medidas no fue tan rápida como se esperaba. Entre ellas figuraba una reforma para reforzar la capacidad de la administración con el propósito de atraer y retener al personal, que fue aprobada finalmente por las Cortes Generales españolas en diciembre de 2023. Además, el Tribunal de Cuentas de España, en un informe de abril de 2023, señaló dificultades para planificar adecuadamente los recursos humanos y garantizar los recursos necesarios (especialmente a nivel autonómico) a efectos de la ejecución del MRR”
En sus entrevistas, “las autoridades nacionales señalaron una falta de claridad en la información o el nivel de detalle sobre la madurez de las carteras de proyectos que debían contener sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, ya que no se especificaba en las orientaciones de la Comisión”.
El parágrafo 33 nos dedica una perla, un recado que no sé como terminará:
“En España, el objetivo intermedio de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 se retrasó debido a que la demanda de obra de renovación fue inferior a lo previsto a causa de la inflación y, en particular, del fuerte aumento en el precio de las materias primas. Por ello, en el proceso de modificación de su plan de recuperación y resiliencia, España propuso aplazar un año la fecha límite del objetivo intermedio y reducir también de 510.000 a 410.000 el número total de obras de renovación que debían completarse en el contexto de la medida. La Comisión aceptó ambas propuestas después de haberlas evaluado”.
En general, n0 se percibe malparada España de este informe, en comparación con otros Estados miembros. No obstante, es un trabajo tan amplío exigirá mucho tiempo de análisis para ser evaluado correctamente.
Gracias por comentar con el fin de mejorar