La vieja y la nueva Universidad

Leo en el magnífico blog de Studia XXI las ponderadas reflexiones de Maria del Mar Camacho sobre la nueva realidad académica de la adaptación a la docencia universitaria online. La pandemia aceleró la modernización de muchos procesos. En el ámbito administrativo, hace años que no asisto a una mesa de contratación “física”. En el ámbito académico, el máster on line de auditoría del sector público nos permite a todos disfrutar de docencia con magníficos ponentes, sin los costes y tiempo de desplazamiento (nacional e internacional) de asistentes y profesores, que de manera presencial serían elevadísimos. Creo que los cambios han sido enormemente positivos.

Sin embargo, la Dra. Camacho alerta: “El proceso ha sido muy complejo porque la formación previa era escasa y la manera de interactuar alumno-profesor no es la misma que en presencial. Las clases online requieren de adaptaciones, apoyos, y formas de utilizar el entorno virtual de manera clara y concisa. El tiempo de preparación de las clases y ejercicios en virtual se ha duplicado, e incluso triplicado”. Menciona como siguiente reto: los exámenes.

Media Universidad española dedica el mes de julio a evaluar los trabajos fin de grado y de master. La semana pasada tuvimos en la UCLM la defensa de los Trabajos Fin de Master en nuestro postgrado oficial. Una tarea especialmente delicada porque sus defensores son, en su inmensa mayoría, colegas y altos funcionarios (españoles, iberoamericanos, africanos) que dominan la materia elegida mejor que el tribunal. Muchos están habituados a presentar ponencias en congresos o reuniones profesionales, y aportan diapositivas de enorme valor y reflexiones que meses después plasmarán en algún artículo de revistas profesionales. Como rezaba aquel cartel “lo mejor de este restaurante es su distinguida clientela”.

Para finales de septiembre, Toledo será la sede de una interesante y esperada reunión «física» auspiciada por la propia UCLM sobre La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. Gobernanza, Control Interno y Régimen Económico. Ponentes procedentes del mundo de la gestión y de la auditoría interna o externa (comunicaciones hasta el 6 de septiembre) afrontarán los principales temas de interés, universitario, siempre acompañados por la perspectiva del control, pero dando un especial protagonismo a los gestores: gestión de personal docente y no docente, procedimientos en la investigación científica, sistemas de información, Integridad y medidas antifraude o rendición de cuentas. Coordinan esta extraordinaria jornada los directivos de la UCLM, Francisco José Sáez Martínez (Vicerrector de Economía y miembro de la Comisión de financiación de la CRUE), Ignacio Gavira Tomás (Secretario del Consejo Social) y Julio García Muñoz (Director de Control Interno y coordinador profesional del Master de la UCLM).

Todo ello en el marco de una nueva normativa, la Ley orgánica 2/2023 (la LOSU) que lejos de resolver los verdaderos problemas de la Universidad los ha complicado, como razona hoy mismo Fernando Lostao en una tribuna del Heraldo de Aragón, titulada “Nueva vieja legislación universitaria” del que entresacamos como conclusión: “Nada hay en la ley –ni siquiera un atisbo-relativo a las grandes cuestiones de la universidad”.

Preocupación por los efectos de la LOSU

Hace unas semanas participé en Burgos en el curso de verano titulado “DISECCIÓN DE UNA LEY ORGÁNICA PARA EL FUTURO DE NUESTRAS UNIVERSIDADES: LA LOSU”, dirigido por el catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Burgos, Santiago Agustín Bello Paredes y por la Ana Isabel Caro Muñoz, Secretaria de la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) y directiva de la Universidad Autónoma de Madrid. El seminario buscaba favorecer el clima adecuado para la exposición, debate, proyección y búsqueda de soluciones, en una panoplia de diversas materias, de relevante influencia y repercusión para el presente y el futuro próximos de nuestras Instituciones Universitarias para la implantación y puesta en funcionamiento de la LOSU.

Los Rectores de las Universidades de Castilla y León ya denunciaron hace meses, tras su aprobación que la nueva normativa “trae consigo más problemas que ventajas” y que tampoco resuelve la situación de las plantillas. criticando la falta de “financiación”. Es cierto que el artículo 55.2 LOSU recuerda el plan de incremento del gasto público donde “el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado”. Un contenido impropio de un texto legislativo (si acaso de un Preámbulo o Exposición de motivos) carente de carácter regulatorio y con imposible aplicación práctica, pues, por si no fuera poca palabrería, se despacha un mandato tan expeditivo como superficial: “se establecerán en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes aportaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”.

Así, el artículo 57. 7 LOSU incorpora un requisito sustancial al contenido del presupuesto de las universidades: dedicar un porcentaje no inferior al 5 por ciento a programas propios de investigación, lo que deviene imposible, en declaraciones del Rector de la Universidad de Oviedo y tiene efectos perversos (contratación, subvenciones …) ante la posible nulidad de la aprobación del principal documento financiero de las AAPP. En fin, el balance no es positivo. Una ley que José Ramón Chaves  (¡estará en Toledo en San Mateo!) ya había calificado de precipitada dentro de una tormenta jurídica perfecta.