Cosas que hacer en Castilla y León cuando eres Interventor local

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logo-cccyl El Consejo de Cuentas de Castilla y León publicó esta semana un interesante informe sobre el Análisis de la organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho control. El trabajo se completará con un segundo informe actualmente en elaboración sobre la aplicación y desarrollo de dicho control interno. Su propósito era analizar los sistemas de control interno y de contabilidad que se aplican en la gestión económico-financiera de las entidades locales de Castilla y León y la situación del personal que tiene atribuidas dichas funciones, mediante la realización de una auditoría de cumplimiento.

El informe se une a otros realizados por diversos OCEX, como en la Comunidad catalana o en la comunidad valenciana y advierte que presentan mejores resultados aquellas entidades que tienen cubiertos sus puestos mediante nombramiento definitivo, frente a aquellas otras que los tienen a través de nombramientos de carácter temporal. Esta diferencia se mantiene, aunque en menor grado, en relación a la rendición de la cuanta general, donde además de la forma de provisión influyen otros factores relacionados con la mayor dotación de recursos personales adscritos a las áreas funcionales de control interno y contabilidad. 

Conclusiones

La responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad está atribuida legalmente al Interventor o al secretario-interventor en función del número de habitantes y cuantía del presupuesto. Una labor compleja y difícil, no exenta de desencuentros, que exigen muchas habilidades profesionales.

En febrero de 2013, el número de funcionarios con habilitación estatal (FHE) que se encontraba prestando servicio en puestos a ellos reservados en las entidades locales de Castilla y León era de 974. En los puestos con funciones de control interno y contabilidad estaban destinados 875, el 89,8% del total, 60 pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería y 815 a la de Secretaría-Intervención. Esta distribución está relacionada con el mapa de entidades locales de la Comunidad, donde resultan mayoritarios los municipios con población inferior a 5.001 habitantes, destino habitual de la segunda de las subescalas citadas.

En el informe se estima un déficit nacional de habilitados de, al menos 1.274 FHE, resultante de la diferencia entre los puestos reservados y el número de efectivos existente. En Castilla y León, se estima un saldo negativo de 329 FHE realizado el cálculo sobre los 1.243 puestos reservados de carácter obligatorio, lo que representa un 26,5%. En cifras absolutas dicho déficit se concentra mayoritariamente en la subescala de Secretaría- Intervención, con unas necesidades de 281 funcionarios, mientras que en términos relativos los puestos de Intervención son los que mayor déficit presentan con un 33,8%. De las 329 vacantes referidas, un total de 305 se corresponden con puestos con funciones de control interno y contabilidad (281 en Secretaría-Intervención y 24 en Intervención).

En los últimos cinco años (2008 a 2012) la Comunidad ha convocado un total de 78 plazas, todas ellas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención. Como resultado de dichas pruebas selectivas han accedido un total de 66 funcionarios. Estos datos representan un 10,6% del total de plazas convocadas. Respecto a la subescala de Secretaría-Intervención Castilla y León ha sido la segunda Comunidad, después de Cataluña, que más plazas ha convocado con un 22,9% del total.

De los 66 funcionarios que aprobaron los indicados procesos selectivos, solo un 56% figuraba en 2013 ocupando un puesto de trabajo reservado a FHE en alguna entidad local de la Comunidad, optando los restantes a puestos situados en otras autonomías.

El informe señala que para una adecuada planificación de las necesidades de incorporación de FHE en el ámbito autonómico se precisa una previa coordinación por parte del Estado para cuantificar más racionalmente las necesidades a escala nacional.

Cumplimiento del ciclo presupuestario

El informe concluye que mientras la aprobación del presupuesto de las entidades locales de Castilla y León no aparece condicionada por la forma de provisión –definitiva o temporal- de los puestos de trabajo reservados a los FHE que tienen atribuidas funciones de control interno y contabilidad, dicha circunstancia sí incide de manera significativa en las fases de aprobación de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general. En este sentido, presentan mejores resultados aquellas entidades que tienen cubiertos sus puestos mediante nombramiento definitivo, frente a aquellas otras que los tienen a través de nombramientos de carácter temporal. Esta diferencia se mantiene, aunque en menor grado en relación a la rendición de la cuanta general, donde además de la forma de provisión influyen otros factores relacionados con la mayor dotación de recursos personales adscritos a las áreas funcionales de control interno y contabilidad.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta las conclusiones formuladas en el informe, el Consejo considera que las Cortes Generales deberían desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública y las normas reglamentarias estatales para dotar de mayor seguridad jurídica al régimen sobre el ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales y a las formas provisión y desempeño de los puestos de trabajo reservados a FHE. En este mismo sentido, las Cortes regionales y/o la Junta deberían valorar la posibilidad de dictar las leyes de función pública y las normas reglamentarias correspondientes.

El Consejo cree también que debería instarse de la Administración del Estado, la revisión del actual régimen jurídico relacionado con la oferta de empleo que afecta a los FHE. Entiende además que sería conveniente que la convocatoria de la oferta de empleo, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes, fuese nuevamente asumida por el Estado. En su defecto, la Administración Central y las de las comunidades autónomas deberían establecer fórmulas de coordinación para definir y cuantificar, con criterios de ámbito nacional, las necesidades de recursos humanos a incluir en todas las ofertas de empleo público que aprueben relacionadas con los FHE.

Todo lo anterior debería conducir a una planificación adecuada de las necesidades de recursos humanos para garantizar la cobertura de los puestos reservados existentes y dotar de estabilidad al desempeño de las funciones públicas necesarias en las entidades locales.

Asimismo, el Consejo recomienda a la Junta que incremente sus esfuerzos para mejorar el control sobre el ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales. A estos efectos debe proceder a la depuración de los registros autonómicos con objeto de subsanar las deficiencias de información puestas de manifiesto en el informe.

La reciente Ley orgánica de estabilidad presupuestaria ha incorporado nuevas actuaciones a cargo de los puestos de Intervención. En base a ello, se recomienda promover la constitución de agrupaciones de puestos de Intervención para municipios con población inferior a los 5.001 habitantes y menos de 3 millones de euros de presupuesto, para evitar que un aumento considerable de la carga de trabajo de Secretaría afecte de forma negativa al rigor y calidad de las funciones de control interno y de contabilidad. Ello contribuiría además, al establecimiento de una separación de funciones entre las áreas de gestión y control, debilidad de la que adolecen, en general, estos ayuntamientos donde ambas funciones son desempeñadas por un mismo puesto, el de Secretaría-Intervención. Esta solución debería ir acompañada de la constitución de nuevas agrupaciones del puesto de Secretaría, reajustando las existentes.

El Consejo recomienda habilitar, con apoyo de las nuevas tecnologías, procedimientos rápidos y eficaces que permitan a los habilitados estatales optar a nombramientos provisionales, garantizándose con ello la preferencia legal de estos nombramientos, frente a los restantes, de carácter subsidiario. No obstante, con objeto de evitar la excesiva rotación en el desempeño de los puestos de trabajo, se podría de igual forma, restringir el número de nombramientos provisionales por funcionario.

Asimismo entiende que la nueva normativa sobre función pública, debería acotar y restringir al máximo los nombramientos de carácter temporal para el desempeño de los puestos reservados, a personal carente de la habilitación estatal.

La regulación actual de los nombramientos accidentales, produce ineficiencias, dado que su finalidad no es otra que la de dar solución de forma rápida, a determinadas ausencias muy coyunturales por parte del titular u ocupante del puesto reservado, en casos muy excepcionales. La competencia para efectuar este tipo de nombramientos, que en la actualidad reside en la Comunidad Autónoma, debería atribuirse legalmente a la propia entidad local en aquellos casos en los que la duración se prevea reducida.

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