Hoy jueves, a las 9,00, se celebra en el Congreso de los Diputados el Pleno con el debate sobre las enmiendas de totalidad –ocho- al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El debate genera una fuerte expectativa, aunque no hay ninguna duda de que el proyecto continuará su tramitación en la Comisión Constitucional. Allí, los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta el 11 de junio para registrar sus enmiendas parciales, tras ocho meses de prórrogas semanales sucesivas. A partir de entonces comenzarán los trabajos en la ponencia con el objetivo aprobar -en julio- el texto de la ley en el Congreso para que esté promulgado para final de año. 

Son muchos quienes demandan el reconocimiento como fundamental del derecho de acceso a la información previa tramitación como Ley Orgánica -lo que abriría la posibilidad del recurso de amparo- así como ampliar su alcance subjetivo, pues no incluye a los partidos políticos, ni a las organizaciones sindicales y empresariales ni a la Casa Real, aunque se ha trasladado algún compromiso en este sentido. La sociedad civil, agrupada en la Coalición Pro Acceso que integran 65 organizaciones ha difundido un comunicado bastante pesimista anticipando que la futura Ley «será papel mojado» y no acabará con la falta de rendición de cuentas de las autoridades.

Por si fueran pocas críticas, no está de más recordar que, en un tono inusualmente ácido, el Consejo de Estado había llamado la atención sobre los “defectos de redacción, puntuación y sintaxis” del texto, advirtiendo que merecía “una sosegada reflexión de conjunto de modo que se alcance un nivel satisfactorio de rigor técnico”. En fin, no llegaremos al nivel de los países nórdicos, con su transparencia total, pero supone un avance, sin duda.

Teniendo en cuenta que las mayoría de competencias, en España, le corresponden a las Comunidades Autónomas (CCAA) es preciso reconocer la importancia de la normativa autonómica sobre transparencia que se ha venido aprobando. Así, Extremadura la publicó la semana pasada y la Comunidad Foral de Navarra tiene en vigor su equivalente Ley Foral 11/2012 desde hace un año y Galicia desde hace un lustro. Andalucía empieza su tramitación la próxima semana y prevé la creación de una nueva agencia «independiente» para supervisar y resolver las actuaciones de las administraciones públicas de su ámbito competencial. Castilla y León está en la fase de “aportaciones previas” de su propio Anteproyecto.

La importancia del buen gobierno

Sin embargo, no debemos obviar una parte de la Ley que se dirige a complementar la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en materia sancionadora en materia de gestión económico-presupuestaria (ver sanciones) que pueden aparejar la destitución de los Órganos de gobierno autonómico o local que incumplan sus funciones.

Los nacionalistas rechazan que el texto confiera al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas esa potestad para sancionar a los representantes de la administración autonómica y local, por considerarlo una «invasión de competencias”. Alegan que ello sitúa a CCAA y EELL en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales, «que resulta contraria a su autonomía política y a su potestad de auto–organización».

Alemania conoce también esta situación. A principios de la década pasada, Berlín tras una bancarrota continuada, debió poner en orden sus finanzas designando un halcón al frente del presupuesto municipal, con grandes conflictos sociales y funcionariales. Quizás dentro de unos años podamos ver cientos de ayuntamientos así intervenidos tras, por ejemplo, sucesivos déficits o ausencia de rendición de cuentas.