La noticia que hoy presenta el diario Expansión nos permite reflexionar sobre los apuros económicos que atraviesan muchos ayuntamientos. El articulista avanza que, el proceso de liberalización del suministro eléctrico, “pone al descubierto la situación endémica de morosidad que han practicado los ayuntamientos con las compañías eléctricas”.
En efecto, en el otoño desaparecerá la “tarifa regulada” y deberán acogerse a una oferta de libre mercado. En algunos ayuntamientos, cierta dejadez ha permitido superar los plazos de transición a la liberalización, a pesar de los importantes recargos recordatorios. Otras Instituciones Públicas se han encontrado con el brete de que no han obtenido ofertas por parte de las compañías pues, aplicando el sentido común del Abuelo (al que dedicamos la anterior entrada de esta bitácora) ninguna compañía quiere a los malos pagadores de recibos de la luz.
La crisis no pone en un brete
Durante los últimos meses, ha sido recurrente la alusión a la falta de recaudación municipal vinculada al urbanismo y la construcción. Hasta el punto de situar algunos ayuntamientos en una comprometida posición ante su crónica insuficiencia financiera. Deberán decidir qué gastos reducen.
Las primeras partidas que sufrirán los recortes son aquellas que soportan las prestaciones sociales. Leopoldo Tolivar nos recordaba en la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Servicio Sociales (quinta edición, Zamora, 11 y 12 de junio pasados) la conveniencia de un Pacto de Estado donde se reubique correctamente a los entes locales, en atención a los cometidos sociales que asumen dentro de una política global que tenga presentes a todas las Administraciones implicadas y que prevea un modelo de financiación justo y adecuado para las sufridas Haciendas Locales.
Llegamos al espinoso asunto de los gastos impropios, que corresponden a servicios que son competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma y que suponen una “subvención” a estas equivalente al 25% de los Presupuestos locales; una cifra que ha sido estimada por los investigadores Manuel Esteban Cabrera y José Sánchez Maldonado, del Instituto de Estudios Fiscales (Descargar informe).
No me cabe ninguna duda de que estas prestaciones se están recortando ya. Toda la prensa recoge hoy que Caritas atendió en 2008 a un 50% más de personas que en 2007 y ahora las peticiones de alimentos y artículos básicos aumentan el 89,6%, y un 65,2% las ayudas para hacer frente a alquileres o hipotecas. Están desbordados y se merecen nuestro reconocimiento.
Una versión de este artículo fue publicada en el newsletter jurídico LegalToday.
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