Durante este mes hemos conocido dos informes sobre diversos aspectos de la gestión de Nicolas Sarkozy. El primero, relativo a la lucha contra la corrupción durante su mandato, elaborado por el capítulo francés de Transparencia Internacional. El segundo de la Cour des Comptes, sobre sus auditorías de modernización, un instrumento al que hemos dedicado una de las primeras entradas de esta bitácora.

Avances en probidad

Durante la campaña presidencial francesa de 2007, Transparencia Internacional (TI) se dirigió a los 12 candidatos para conocer y fijar la posición pública con medidas precisas para promover la integridad y la transparencia en la vida política y económica. 

Transcurridos los dos primeros años del quinquenio presidencial de Nicolás Sarkozy, el capítulo francés de TI realiza un primer balance de los compromisos electorales y lo hace público en un breve informe difundido la semana pasada.

En resumen, TI acoge con satisfacción algunos progresos en la lucha contra la corrupción, pero expresa su grave preocupación por los posibles efectos de varias reformas propuestas sobre la capacidad de los tribunales franceses para tratar asuntos político-financieros.

Progresos

En la ley de 13 noviembre de 2007, relativa de lucha contra la corrupción, el papel de Francia en la reactivación de la lucha internacional contra el abuso de los paraísos fiscales, el endurecimiento del secreto oficial frente los investigadores, los anuncios presidenciales de remoción de jueces y la despenalización de la vida empresarial, así como la simplificación de los procedimientos de adjudicación, son muchas las iniciativas adoptadas tras dos años de presidencia de Nicolas Sarkozy.

Esta evolución y los cambios realizados o previstos, lleva a TI Francia a hacer un balance de los compromisos electorales por el Presidente de la República, que puede calificarse de “avances reales por los que hay que felicitarse” aunque en otros presenta ciertos interrogantes “que son verdaderas preocupaciones”.

Satisfacciones

Francia desempeñó un papel decisivo en la reciente ofensiva contra los centros financieros no cooperativos (paraísos fiscales), cuya opacidad es uno de los principales obstáculos para la lucha internacional contra la corrupción.

La Diplomacia francesa también ha presionado activamente para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los compromisos de los 140 Estados signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Reforzar y garantizar la coherencia de las imputaciones de corrupción implantado en el derecho francés por la ley de 13 de noviembre de 2007, es calificado por TI como un progreso.

La misma ley también ha ofrecido a los empleados del sector privado de protección jurídica – en opinión de TI, “esencial” – contra las represalias cuando, por civismo denuncian de buena fe un acto de corrupción dentro de su empresa. Esta ley arma a los jueces y la policía con recursos de investigación hasta ahora reservados para fortalecer la lucha contra la delincuencia grave (escuchas, etc) ..

Inquietudes y preocupaciones

Paradójicamente, estos avances, muy positivos, no han terminado de convencer al capítulo francés de TI sobre la voluntad del poder político, la policía y la justicia francesa y la capacidad suficientes instrumentos para actualizar y manejar los casos de corrupción y, en particular , los principales asuntos políticos y financieros.

a) El Gobierno aboga por la abolición del juez de instrucción, sin proporcionar a los fiscales de la autonomía del poder ejecutivo para la iniciación y desarrollo de las investigaciones. En estas circunstancias, es alto el riesgo de que un proceso judicial no se inicie en los casos de corrupción, tráfico de influencias y el uso indebido de patrimonio que puedan afectar a líderes políticos o económicos.

b) La propuesta de restringir aún más el acceso a documentos clasificados secretos, como lo demuestra el caso de las fragatas de Taiwán, suponen un obstáculo insalvable para el que lucha contra la corrupción.

Poniendo en perspectiva el contínuo debilitamiento, durante los últimos años, de los diferentes cuerpos investigadores especializados en la delincuencia financiera, estos anuncios son vistos por muchos jueces como la culminación de una «reacción de las élites» frente a la oleada de querellas político-financieras de los 90 años.

En este contexto, es importante para TI  de Francia hacer frente a las siguientes recomendaciones al Presidente de la República:

Medios de la justicia:

– Establecer un «Fiscal General» nombrado por una mayoría de 3/5 del Parlamento, capaz de resistir la interferencia del poder político;

– Consagrar en la ley el derecho de las asociaciones de lucha contra la corrupción para emprender acciones legales para facilitar el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la corrupción;

Secretos de Defensa

– Renunciar a las barreras previstas en la nueva ley de programación militar en la investigación de casos relacionados con la defensa nacional;

Blanqueo de capitales y los paraísos fiscales.

– Garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en la Cumbre del G20 en Londres;

– Ampliar los progresos sobre la cuestión de los paraisos fiscales (actualizando listas negras, sanciones)

– Concretar el anuncio del Ministro de Economía de exigir a los bancos franceses que tienen filiales en paraísos fiscales para hacer sus actividades transparentes y cooperar con las autoridades fiscales;

– Promover el plano internacional el establecimiento de registros nacionales de trust y otros instrumentos similares (fideicomisos, Anstalt, etc.) con apertura a las autoridades de otros países y en el que están inscritos con las identidades de los mandantes y los beneficiarios.

Restaurar la confianza del ciudadano en sus representantes

La opinión pública en Francia y en el extranjero sigue expresando gran desconfianza cuando se le preguntó acerca de la integridad de la clase política francesa. Estos resultados, aunque quizá excesivamente severa en comparación con el comportamiento real de la inmensa mayoría de los políticos, sin embargo, deben generar medidas concretas para restablecer la confianza.

En este sentido, es esencial, para Francia TI, celebrar un verdadero debate público, abierto a todas las partes interesadas (ciudadanos, empresas, ONG) sobre la cuestión central del marco normativo de las actividades ante Parlamento de los grupos de presión (o “grupos interés»), una cuestión que tiene ante sí la Asamblea Nacional y el Senado.

Además de las opiniones de los representantes de los intereses económicos, es esencial que los representantes de los intereses sociales, ambientales y culturales sean también tenidos en cuenta.

TI Francia propone, por ejemplo, la creación de un registro legislativo para hacer públicos todos los puntos de vista presentados por los parlamentarios y lobbystaes para orientar las decisiones en nombre de los intereses de la Nación.

La Cour examina las auditoría de modernización

En el informe anual 2009, la Cour realiza un análisis del programa de auditorías de modernización, presentado en 2005 como un nuevo vector de la reforma de la administración pública, ante la falta de una verdadera auditoría interna en el Estado francés. Se enmarcó dentro de las estrategias ministeriales de reforma, iniciadas en 2002 y debía cumplir tres objetivos: establecer un diagnóstico sobre la forma en que el Estado cumplía con su misión; de proporcionar beneficios la productividad y promover mejoras en la calidad del servicio y la aparición de proyectos de modernización.

El programa se desarrolló entre septiembre de 2005 a mayo de 2007 en todos los departamentos ministeriales. Se tradujo en la producción de 157 informes sobre 130 temas y cientos de cartas de compromiso o de planes de acción departamentales para su ejecución.

La puesta en marcha de una revisión general de las políticas públicas interrumpió el programa antes de su finalización. El Tribunal de Cuentas de Francia, dedica un capítulo del informe 2009 a examinar sus aportaciones metodológicas, su contribución a los esfuerzos por reformar el Estado, así como las condiciones en que se aplicaron. Hace un balance del programa en general, particularmente en vista de la importancia de los posibles beneficios evaluados en marzo de 2007, de 8 millones de €. Sus principales conclusiones permiten afirmar que las auditorías de modernización suponen un enfoque innovador, que han suscitado grandes expectativas en toda la administración y en el Parlamento, atentos a un proceso de producción de reformas compartida y a la transparencia de su ejecución que ha llevado a esperar ahorros sustanciales presentados como una contribución al reequilibrio gradual de las finanzas públicas .

Si el dispositivo ha permitido avances significativos en la metodología, para la Cour, sus resultados no siempre han estado a la altura de las expectativas. Los temas tratados eran, a menudo poco innovadores, y la transformación de las recomendaciones de auditoría en unas medidas operativas que pudieran mejorar la calidad de los servicios públicos y generar economías ha sido limitada, aunque en general esto cubre una gran disparidad entre 130 materias.

Más allá de sus efectos visibles, el programa de auditoría de modernización es, para la Cour, un avance en un proceso gradual de movimiento del Estado para su reforma. La ausencia de una estructura permanente de auditores internos en el Estado ha obligado a las autoridades a poner en marcha sucesivos programas de modernización, de modalidades y ámbito de aplicación inestable.

Independientemente de los límites del ejercicio, el Tribunal recomienda completar las auditorías de modernización:

–  Para llevar a cabo un nuevo examen de las recomendaciones, en particular de las últimas auditorías, para identificar las que se han implantado o siguen posibilitando progresos cualitativos y ahorros.

– Para completar el cálculo de los costos y beneficios esperados, así como la programación  de las auditorías cuyas recomendaciones operativas sean prometedoras pero insuficientemente documentadas.