Auditores privados en el sector público

No se asusten los lectores por la noticia. El juez sólo obliga a cumplir un acuerdo que no fue anulado y por lo tanto de obligado cumplimiento para un gobierno local, en minoría. El asunto nos permite volver sobre el tema de la presencia de los auditores privados en la Administración Pública, que ya hemos tratado en esta bitácora, con ocasión de las manifestaciones del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en demanda de una Ley de Auditoría Municipal.

Hay muchos ejemplos. Así, son frecuentes las convocatorias de subvenciones a corporaciones locales que exigen contratar y presentar una auditoría externa en la justificación de su aplicación y que dan lugar a las protestas de los respectivos colegios de habilitados estatales (COSITAL) por chocar con funciones legalmente atribuidas a los Interventores (vg: la Orden de 5 de diciembre de 2006 de la Junta de Andalucía subvenciones para Escuelas-Taller y Casas de Oficio) que como afirma el COSITAL sevillano: “puede valorarse como absolutamente necesaria cuando las subvenciones se conceden a entidades privadas, no se haga obligatoria para las Corporaciones Locales”. Insuficiencia de medios

La Disposición adicional segunda de la Ley 47/2003 (General Presupuestaria) prevé que para la ejecución del Plan Anual de Auditorías, la Intervención General de la Administración del Estado podrá, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Lo cierto es que, en la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda viene publicando desde 2004 esa “carencia de efectivos para hacer frente a las actuaciones de control y auditorías previstas en el plan de fondos comunitarios”, que ha sido recurrida por los sindicatos de funcionarios por entenderlo como una privatización de la actividad de fiscalización en el sector público.

La propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha publicado una Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas (11-04-2007) que regula las funciones del Jefe de Equipo, la documentación y archivo de las actuaciones, las fases del seguimiento de la auditoría y la emisión del informe. Asimismo, la IGAE reconoce que esos informes han dado lugar a que el 54% de sus propias sociedades tenga alguna salvedad (ver informe).

¿Hacia dónde vamos?

El camino iniciado con las tres ediciones del Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, organizados con gran apoyo de las empresas del sector de auditoría por FIASEP, así como el gran impulso y actividad desplegada por esta fundación, aunando interventores, auditores internos y externos, privados y públicos: OCEX y sociedades de auditoría con presencia en el sector público, indica que no hay vuelta atrás.

La colaboración del auditor privado es una práctica habitual, acogida con naturalidad y de la que ya hemos hablado en esta bitácora, con ocasión de la entrega del Premio Mariano Zufía (ver). En este artículo, de la Revista Auditoría Pública, el Catedrático (y auditor privado) Antonio Martínez Arias realiza un interesante análisis del estado de la cuestión. Recuerda que, entre los retos futuros, se encuentra comprobar que los contratados poseen los conocimientos específicos y la capacidad técnica necesaria para realizar satisfactoriamente su labor, añadiendo que esta colaboración “precisa el establecimiento de una supervisión específica por parte del Órgano público contratante, adicional al control de calidad realizado por las Corporaciones profesionales de auditores y, en su caso, por el ICAC“.

Termina manifestando el deseo de extender ese espíritu de colaboración a la hora de emitir normas para la realización de auditoría de cuentas públicas y privadas, en sintonía con lo que está ocurriendo en determinados países. Aquí será relevante el papel de la propia FIASEP en la elaboración, discusión y difusión de los documentos y normas técnicas.

Por otra parte, se necesitará tiempo para ir limando algunos recelos desde el mundo de los funcionarios hacia un sector que es un verdadero oligopolio y donde las cuatro grandes acaparan todas las empresas del IBEX y aspiran a hacer lo mismo en el sector púbico.

Una de las consecuencias del escándalo Enron, que acabó con Arthur Andersen, es que las firmas de auditoría no debían prestar servicios de consultoría a sus clientes, para no condicionar su independencia. A pesar de ello, seguimos igual. La compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) fue criticada públicamente el pasado lunes por el regulador británico de la información financiera y acusada de explotar lagunas legales para vender lucrativos servicios de consultoría a sus clientes de auditoría.

Así las cosas, nos despedimos con la visión de Dilbert (¿porqué has dejado de publicar en castellano?) sobre la aportación que realizan algunos profesionales externos de la consultoría, a las grandes organizaciones :

2 comentarios en “Auditores privados en el sector público

  1. Salvador

    ¡Qué aburrimiento! Llevamos años discutiendo sobre lo mismo y los ayuntamientos sin auditarse. Los Tribunales no auditan, los ayuntamientos no encargan auditorías (por lo visto en el artículo ni con acuerdo de Pleno) y la gran duda es si los que auditan pequeñas empresas como las del IBEX pueden ir a un ayuntamiento. Es un problema de voluntad política: establecer un anorma que obligue a los ayuntamientos que cumplan determinados requisitos a disponer de una auditoría y de falta de capacidad y voluntad de los Tribunales de Cuentas para dar respuesta a una necesidad. Mientras tanto vemos como los jueces imputan a varios responsables municipales por delitos generalmente relacionados con el urbanismo. Seguimos como el perro del hortelano.

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  2. Tanto es así que el propio Tribuna de Cuentas Europeo acaba de publicar (gracias, Emilio) en el Diario Oficial de la Unión Europea del 12.12.2008 (ver) el INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE SOBRE LAS CUENTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO 2007 y lo firma PricewaterhouseCoopers, que emite una opinión sin salvedades.

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