La entrevista que el diario «El País» publica hoy con Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira desde 2003 y actual presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) permite un titular dramático sobre las finanzas locales. En ese marco Bastidas afirma:
Se tiene que crear un Consejo Local de Política Fiscal y Financiera para que los Ayuntamientos tengan voz propia y se puedan abordar las nuevas situaciones, y se tiene que modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria. Es incomprensible que la Administración del Estado y las autonomías puedan tener déficit y nosotros no.
Es verdad que la salud presupuestaria local es mala. Pero será peor el próximo año con la caída de recaudación vinculada al ladrillo. Además, una cuarta parte del presupuesto municipal entraría dentro de los gastos impropios que corresponderían a otras Administraciones Públicas. Con todo, florecen las facturas del cajón y las los retrasos en los pagos.
Por su parte, Mercados, el suplemento sepia del diario El Mundo, parece un monográfico dedicado a los problemas financieros municipales, aunque bajo el prisma del acreedor: «Los municipios ahogan a las pymes» titula en portada el interesante artículo de Francisco Núñez y Cristina Caballero. Ayuntamientos como Benidorm alcanzan un volumen de deuda tan elevado que «ha dejado de pagar a sus proveedores más pequeños», afirman enunciando numerosos casos similares en toda España.
Así, ayer también supimos que la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga quería «pedir la intervención del Tribunal de Cuentas» ante la elevada cuantía que le debe el Ayuntamiento de Manilva (equivalente a 1.632 euros por vecino) y las pocas esperanzas de encontrar alguna vía de solución. Tras muchos años de impagos, el Director de la Tesorería entiende que se trata de una «deuda inasumible«.
No sé que podría hacer el Tribunal de Cuentas, salvo iniciar la vía jurisdiccional para exigir la responsabilidad contable de quienes manejaron los caudales de esa manera. Por esto, es extremadamente importante la responsabilidad de los funcionarios con habilitación estatal, al frente de los servicios respectivos en las Entidades Locales.
Juan María Moreno, presidente de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Cádiz, recordaba durante el congreso anual del Colegio Oficial que estos funcionarios están al servicio «de la mejor consecución del interés público en el cumplimiento de la legalidad, de la estabilidad presupuestaria y de la planificación financiera«. Pero siendo relevante su función en cualquier corporación, «en los pequeños municipios donde hay menos técnicos, son la punta de lanza para al aplicación de las nuevas normativas», concluyó.
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