Los fines principales de la Universidad son la docencia e investigación. Se trata de una producción conjunta. Uno de los principios más elementales de contabilidad analítica enuncia la gran dificultad en determinar con exactitud el coste medio de un producto conjunto. El coste medio de un producto conjunto no existe. Hay un coste medio de criar un cerdo pero no hay un coste medio de producir panceta, conjuntamente con el jamón, las chuletas o la piel del cerdo, del que se aprovecha todo.

En el mundo académico, donde se usan los mismos profesores, las mismas bibliotecas y las mismas instalaciones informáticas para producir tanto docencia como investigación, cualquier división de los costes entre estas dos actividades es subjetiva y se efectúa avanzando ciertas hipótesis sobre la distribución de los costes conjuntos. 

El problema de los costes de la investigación

Uno de los problemas financieros más importantes de las universidades es la práctica imposibilidad de imputar y recuperar los costes fijos asumidos por los presupuestos universitarios dentro de los proyectos y contratos de investigación.

Por lo general sólo son considerados como costes de investigación los costes variables del contrato (equipamientos, desplazamientos o nuevas contrataciones) ignorando ciertos costes fijos, tanto directos, (así, la remuneración del propio profesor o sus colaboradores) como indirectos (la energía eléctrica, la calefacción, la limpieza, el teléfono, etc.).

Para recuperar una parte de estos costes, la mayoría de las universidades ha determinado que una parte de esos ingresos se destinarán a cubrir la utilización de la infraestructura y de los servicios horizontales. Las actuales fórmulas de retención (overhead), no solucionan ni de lejos el problema de recuperar esos costes. Muchos Estatutos universitarios remiten al Consejo de Gobierno la fijación del porcentaje del canon a deducir a los contratos como recuperación de los gastos generales de la Universidad. Este canon oscila desde el 5% y el 20%.

Por ello, algunos autores proponen la aplicación de una tasa única para todo el sistema universitario español (evitando la lucha fratricida del dumping), que gire sobre el total de los costes directos. Una política de este tipo podría ser promovida desde la CRUE. Contrastan nuestras bajas tasas con las prácticas del resto de los países de la OCDE. En Canadá, la Asociación de Universidades y Colleges (AUCC) a través de su comité de personal administrativo, recomienda una ratio del 40% de los costes directos. En USA, la Oficina Federal del Presupuesto (Documento A-21) permite llegar al 44%, en determinados casos.

Desde un punto de vista financiero es necesario que la actividad investigadora sea costeada correctamente. Nuestros simbólicos porcentajes no contribuyen, ni de lejos, a cubrir los costes fijos. Una correcta determinación del coste del proyecto o contrato de investigación demostraría que la gran mayoría de estas actividades producen una sutil interferencia de la Universidad mediante la oferta de servicios a precios inferiores a los del mercado, rozando la competencia desleal con el sector privado, cuando existe concurrencia en la prestación, lo que no siempre ocurre.

Los tímidos intentos de imponer un sistema de corresponsabilidad en los costes totales parecen estar abocados al fracaso. Además está la dificultad de valorar la dedicación del profesorado a la investigación, que se estima en el 40% de la jornada de trabajo, según datos del INE. Los investigadores se sentirían agraviados por un Rector que cargara los costes indirectos sobre la labor investigadora, si esto hace subir los precios de un laboratorio por encima de los de la Universidad vecina. Argumentarán que la actividad investigadora es crucial para el prestigio de la institución y que su labor no puede medirse en términos de resultados. Al final,… siempre quedarán las elecciones.

La consecuencia es doble. De un lado, se falsea a la baja el precio del trabajo a realizar para la empresa, lo que implica una subvención encubierta al teórico patrocinador. De otro lado, se falsea también la real productividad y rentabilidad investigadora del profesor y la institución universitaria.

La opinión de las Instituciones de Control externo

El TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS ya manifiesta su preocupación por el contenido de estos contratos y pide valorar si realmente tienen un carácter científico, técnico o artístico, que permita su compatibilización con la tarea docente del profesorado:

El objeto de los contratos, en la mayoría de los casos, hace referencia a asistencias técnicas que podrían ser prestadas tanto por la Universidad, como por empresas que operan libremente en el mercado; no se observa un contenido científico que justifique la utilización de esta figura; corrobora esta afirmación el hecho de que la propia Universidad no valora estos contratos como investigación en la asignación de complementos retributivos individuales. Informe de Fiscalización de la Universidad del País Vasco. Ejercicio 2001, pág. 42.

En Europa, la situación tampoco está resuelta de manera satisfactoria. La mayoría de las universidades británicas no ha tenido demasiado éxito al determinar o justificar a los patrocinadores la verdadera ratio de costes indirectos de sus instituciones. Los rectores han presionado para reforzar el cálculo de costes y precios de investigación y otros proyectos. El informe del Órgano de Control Externo del Reino Unido sobre la salud financiera de las universidades llamó la atención sobre cálculo de costes y precios de los contratos de investigación:

Notamos con preocupación que muy pocas instituciones parecen estar recuperando el coste total de investigación apoyada comercialmente. Creemos que pudiera haber riesgos para la salud financiera de algunas instituciones individuales. Por todo ello, los Consejos de Financiación ingleses ofrecen hoy una útil guía para las universidades a la hora de calcular los costes de todas las actividades (no sólo de investigación) y para informar al personal académico y los departamentos de sus verdaderos costes con el fin de que puedan fundamentar en este conocimiento las decisiones sobre la viabilidad de los proyectos .

En Francia, la COUR DES COMPTES también se ha pronunciado a favor de una mayor recuperación de los costes de investigación en todos los establecimientos de carácter científico y tecnológico. Al igual que en España, utilizan para ello unos coeficientes de gastos generales arbitrarios y simbólicos que no sobrepasan el 10%.

Para la Cour es indispensable una reflexión organizada sobre los fundamentos y los tipos de referencia de esos costes de gestión. Aunque, reconoce que si son excesivos serán “el argumento de numerosos investigadores para tener recursos en las asociaciones que, con costes de gestión artificialmente bajos, recogen ingresos contractuales que salen del circuito público y los administran en condiciones mal controladas”.

Más información en el portal de costes de Cooperación Universitaria.