El patrimonio municipal del suelo

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estatuas.jpg Que las grandes ciudades españolas apoyen sus ingresos en el negocio urbanístico es una habitual preocupación de los  en la prensa salmón, como el titulares que encabeza este artículo. También abundan las noticias que relacionan urbanismo y corrupción.

De acuerdo con un estudio del Circulo de Empresarios, en la actualidad, la enajenación de los terrenos pertenecientes a los patrimonios municipales del suelo (en adelante PMS) constituye una fuente principal de ingresos para los ayuntamientos. Su importancia es aún mayor por tratarse de un recurso propio en el marco de una insuficiencia financiera recurrente. Parece razonable que muchas Corporaciones Locales caigan en la tentación de utilizar el suelo de su patrimonio como un instrumento financiero con el que acometer el gasto derivado de otros proyectos y políticas municipales.

Pero estos bienes tienen una normativa específica que cuida su obtención, inventario y destino. No es extraño encontrar sentencias anulatorias de aquellos presupuestos municipales que lo olvidan. Así, Majadahonda vió anulados sus presupuestos del ejercicio 2001, 2002 y 2003 en el TSJ de Madrid por eludir la necesaria utilización tasada de los recursos obtenidos del PMS.Antes de continuar debo mencionar la reciente publicación del libro “Los patrimonios municipales del suelo” (Ed. Iustel, 264 páginas, 25€) del que es autor Tomás Quintana López, Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León. Como recuerda el autor, la desconfianza ha generado una doctrina jurisprudencial para cuidar los destinos de los bienes integrantes de estas masas patrimoniales a lo dispuesto por la legislación, en la cual ha tenido un lugar destacado la dictada por el Estado con carácter básico.

Frente a esa doctrina, han venido reaccionando los legisladores autonómicos en un intento de flexibilizar la gestión y los destinos de estos patrimonios municipales separados, esfuerzo que finalmente se ha visto avalado por la reciente Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en lo que constituye la ratificación del giro que venía experimentando el régimen jurídico de la institución en la legislación autonómica.

Curiosamente, la regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo constituye normativa básica pero con anclaje constitucional en el título de Planificación General de la Actividad Económica, quizás para reaccionar frente a los abusos de la “despensa municipal” . El caso tristemente más generalizado (desarrollada con maestría en ” La gallina de los huevos de cemento“, de Ramón Martín Mateo) ha sido la técnica de expropiar barato para una supuesta finalidad pública, y tras su recalificación, revenderlo a desaprensivos a precio interesante, y actuando el municipio de “comisionista”. Pues bien, sustancialmente, la nueva Ley del Suelo prohibe que estas segundas transmisiones se efectúen por precio superior a aquél por el que se expropiaron.

El Tribunal de Cuentas de España y los órganos de control externo (OCEx) de las Comunidades Autónomas acordaron realizar una fiscalización conjunta de la gestión del PMS en todo el territorio nacional, de forma que se pudiesen obtener conclusiones generales sobre la misma y en especial sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión del PMS en la respectiva Comunidad durante el ejercicio económico de 2004, así como sobre la utilidad de tal instrumento para intervenir en el mercado de suelo.

A partir del acuerdo alcanzado, y una vez elaborado un programa de trabajo conjunto que permitiera -en la medida de lo posible- efectuar la fiscalización con parámetros homogéneos, los OCEX incluyeron en los planes de actuaciones de ese ejercicio la realización del correspondiente informe de fiscalización.

La Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó a los once ayuntamientos de la Comunidad Autónoma con población superior a 100.000 habitantes y a aquellos cinco municipios de más de 20.000 que hayan tenido un mayor crecimiento de población en el último quinquenio. Concluyó que en el ejercicio 2004 solamente 7 de los ayuntamientos fiscalizados tenían constituido formalmente el PMS y un inventario que permitiese conocer cuáles son los bienes y terrenos que se integran en él.

Destacó que desde el sistema de información contable, solamente cuatro ayuntamientos de controlaban, a través de la contabilidad financiera, las incorporaciones al inmovilizado de los bienes, terrenos y edificaciones del PMS y, consecuentemente, conocían la valoración del mismo.

Durante el ejercicio fiscalizado los ayuntamientos auditados habían enajenado 143 parcelas pertenecientes a sus respectivos PMS. El 27% se destinó a la construcción de viviendas de promoción pública, el 20% para la construcción de otro tipo de viviendas, el 15% a usos declarados de interés publico, otro 17% a usos admitidos por el planeamiento y el 21% restante a otros fines distintos de los previstos en la normativa andaluza.

Cinco de los ayuntamientos incumplieron la obligación de establecer procedimientos que permitan conocer los gastos financiados con tales recursos y, en consecuencia, comprobar el destino de los mismos. Los once ayuntamientos restantes tenían establecidos procedimientos que permiten identificar los gastos financiados con estos ingresos.

La auditoría concluyó que el uso que hacen los ayuntamientos fiscalizados del PMS no satisface las finalidades previstas en la legislación (crear reservas de suelo, facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento, intervenir en el mercado de suelo y garantizar una oferta de suelo para viviendas de protección pública). Durante el ejercicio fiscalizado, solamente el 27% de los terrenos incluidos en este Patrimonio se han empleado en la construcción de viviendas de protección pública. La mitad fue destinado a otros usos que siempre requieren resolución motivada de la Administración que los justifique. El 21% restante se ha utilizado para fines distintos de los previstos en la legislación urbanística, que difícilmente son subsumibles en las finalidades anteriormente reseñadas.

En cuanto a las actuaciones financiadas con los recursos generados por el PMS, el 52% de las obligaciones contraídas por los ayuntamientos en 2004 se destinan a inversiones generales que no respetan los destinos previstos en la normativa andaluza.

Por su parte, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana detectó en su informe que ninguno de los ayuntamientos analizados había constituido formalmente ese patrimonio municipal del suelo. Asimismo, tampoco fiscalizó, a través de su Intervención, proyectos de reparcelación y convenios urbanísticos, por lo que emplazaba a las instituciones locales a hacerlo.

En la Comunidad Valeciana, la gestión anual de los patrimonios públicos de suelo debe acompañar a la liquidación de las cuentas correspondientes a la ejecución de los presupuestos de su administración titular y ser objeto de control en los mismos términos que dicha liquidación. Al respecto puede consultarse el interesante artículo de Robert Cortell para Auditoría Pública.

 

 

5 comments on “El patrimonio municipal del suelo”

  1. ¿Y no será que lo que está mal es la Ley? ¿Porqué se sigue considerando a los Ayuntamientos menores de edad para dirigir sus inversiones? ¿en virtud de qué sacrosanto principio ha de tomarse como verdad absoluta y válida para todos los casos que es es más conveniente construir viviendas de protección oficial que guarderías o calles? ¿No se estará utilizando como arma arrojadiza contra todos los Ayuntamientos, los casos de corrupción en algunos muncipios? y si es así, ¿por qué no se pasa también a considerar menores de edad a determinadas Comunidades Autónomas? y, por último, la historia demuestra que una regulación como la actual del PMS, muy restrictiva, no garantiza para nada la erradicación de la corrupción.

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