Un magistrado valiente

mazo.jpg Acaba de jubilarse el ilustre catedrático D. Mariano Baena del Alcázar como magistrado del Tribunal Supremo. Hace cinco años coincidí con él toda una tarde de invierno esperando un avión que nunca salía del aeropuerto de Alicante, en cuya Universidad tuve el honor de compartir programa académico con él. Ya se sabe que estos retrasos socializan mucho.

Nuestro modesto homenaje, a quien puede calificarse de “patriarca de la Ciencia de la Administración” en España, lo haremos recordando dos sentencias de las que fue ponente en el Tribunal Supremo.


La primera es muy conocida por los Interventores locales pues evitó una tropelía frente a los funcionarios encargados del control de legalidad municipal.

Se trata de la STS, Sala 3, de fecha 22-5-2000. En ella la Sala desestima el recurso presentado por un ayuntamiento contra la sentencia que anulaba su presupuesto municipal, ya que en éste no constaba en debida forma los datos sobre inversiones y no se preveían en el apartado de gastos los debidos complementos de destino y productividad del secretario y del interventor, que debían ser modificados por haberse reclasificado recientemente las plazas de estos funcionarios. Además el informe económico-financiero fue elaborado por un funcionario de la Escala Auxiliar, por mas que en ese momento actuase como Interventor Habilitado.

Todo lo anterior hizo que, debido a la gravedad de la contravención del ordenamiento jurídico, no se pudiese tener en cuenta, tal y como alegaba el ayuntamiento, el principio de conservación de la validez de los actos administrativos y se anulase el presupuesto en su integridad, con imposición de costas al Ayuntamiento.

En otra sentencia (STS de 27-11-2006) la Sala 3ª en pleno estimó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid y declaró la nulidad de la disp. adic. única y disp. final primera RD 2397/2004 por el que se cambia la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Sala, con gran repercusión mediática, considera que en el procedimiento de elaboración del reglamento se ha infringido el art. 24,1,a) Ley 50/1997 al encontrar insuficientemente motivada la memoria económica y la memoria justificativa, donde:

La única justificación del cambio de sede del organismo de que ahora se trata consiste en que “se enmarca dentro de la lógica y los principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías”. No se expresa en cambio ningún razonamiento que determine la necesidad y oportunidad de la decisión. Adviértase que ello sucede respecto a la ciudad que ha de ser la nueva sede del organismo, pues ninguna justificación se dedica a que sea precisamente Barcelona. Sin duda el traslado de la sede a otra ciudad también hubiera sido conforme a la lógica y los principios del Estado de las Autonomías, partiendo del punto de vista de que deben descentralizarse los organismos que forman parte de la Administración General del Estado. Igualmente es claro que no se justifica tampoco que la medida hubiera de adoptarse precisamente en ese momento, y no en otro distinto anterior o posterior.

Por ultimo también resulta patente que de acuerdo con la lógica y los principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías se hubiera podido trasladar a Barcelona o a cualquier otra gran ciudad española un organismo público diferente y no la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Entiende por tanto la Sala que asiste la razón a la Comunidad Autónoma de Madrid recurrente cuando mantiene la manifiesta insuficiencia de la memoria justificativa.

En cuanto a la memoria económica, aunque se acompaña un documento que lleva este título, en realidad en dicho documento lo que se pretende es justificar que no se elabora ninguna memoria económica. Pues en el documento citado se afirma que respecto del traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones “en este momento no es posible cuantificar el incremento de gasto público que puede generar”. Ello pretende adverarse aludiendo a la necesaria y compleja negociación con el personal de la Comisión respecto a eventuales compensaciones económicas, y a la indeterminación de cual había de ser el inmueble ocupado por la Comisión en la ciudad de Barcelona. Pero entiende la Sala que éstas no son razones suficientes, pues en cualquier caso podía haberse hecho una estimación, si no una determinación de los costes, teniendo presente al menos el número y las condiciones profesionales del personal de la Comisión y los precios medios del mercado inmobiliario en la ciudad de Barcelona.

Las consideraciones anteriores fueron decisivas para el pronunciamiento a realizar en cuanto suponen que asiste la razón al respecto a la Comunidad Autónoma recurrente. Se formularon tres votos particulares suscritos por trece magistrados.

En fin, por su obras los conoceremos. Es posible que muchos de nosotros no compartamos la lectura política de esta sentencia, pero hay que reconocer que el magistrado y catedrático elevó la motivación al pedestal donde los revolucionarios franceses la entronaron. Pienso que el razonamiento de la sentencia es impecable y alerta a la clase dirigente frente al peligro de las “ocurrencias” sin una justificación razonada y valorada en una memoria económica.

Sin motivación hay arbitrariedad, con motivación falsa hay desviación de poder, y el sendero para acabar con esas aberraciones adminstrativas ha sido abierto por maestros como Baena.

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