El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León, Enrique López González presentó ayer una ponencia dentro del módulo “Evaluación de Indicadores de Gestión”. En la siguiente entrada, resume su introducción del tema.

En la actual sociedad digitalizada, donde ya hasta los jerséis hablan con las lavadoras mediante etiquetas de radiofrecuencia, desde la Administración Pública Española se vienen impulsando estrategias de promoción de la transparencia con el apoyo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs).

Hace tiempo que sabemos que las TICs se comportan como motor económico con amplios beneficios, acortan y mejoran los procesos de información, acercan los procedimientos, aceleran las decisiones, universalizan la comunicación y promueven la empatía entre administraciones y vecinos. Las administraciones, dicho en el argot de los políticos, se hacen “accesibles y receptivas», y “educadas y sensitivas”, desde el punto de vista del ciudadano, con oído y diligentes. No obstante, los cambios no están siendo fáciles.

Las nuevas herramientas tecnológicas, en apariencia inocuas, tienden a ser vistas como apéndices, un recurso más. Es una perspectiva errónea que está perturbando todo el proceso de remozamiento de las administraciones públicas. De hecho, les está costando horrores superar los prejuicios y la incomprensión de los cambios que inyectan las nuevas tecnologías de acceso a la información. Vienen de un mundo donde se enfatizaba el papel de histórico de la Administración como estructura de «control» (el «gobierno» que hace cumplir la ley y que se paguen los cánones), o ese otro rol más contemporáneo de “administración de recursos” (administrar los impuestos para garantizar los servicios a los ciudadanos).

Convertirse en “administración facilitadora» de aspectos muy diversos es algo más complicado, pasa por la ordenación del territorio (geoestructura), la creación de instrumentos de movilidad de personas, materias y energías (infraestructuras), la «urbanización» de información de calidad para los procesos económicos y sociales de los agentes de la ciudad (infoestructura), la facilitación de la creatividad y la innovación (innoestructrura) y el apoyo a estrategias financieras para el desarrollo de economías sustentables y controladas localmente, además de asegurar un medio ambiente para las generaciones futuras (ecoestructura).

Precisamente, el interés por propiciar una economía competitiva se deriva de la aceptación generalizada de la competitividad entendida como la capacidad de una institución para utilizar adecuadamente sus recursos y darles un mayor valor agregado en el mercado, esto es, a mayor productividad en el uso de sus recursos (naturales, humanos, financieros, infraestructura, tecnología, servicios) habrá una mayor competitividad, lo que redunda a su vez en una mejora del nivel de vida.

Resulta extraño entonces, aunque en los últimos años hemos logrado avances importantes en un mayor acceso a la información pública y en políticas de transparencia informativa, que todavía no sea plenamente aceptado que asunto tan elemental induzca una disminución significativa de la complejidad burocrática que el Estado impone, tanto a nivel nacional como regional y municipal. A contrapelo, su comportamiento no dista mucho del ejercitado por los tunicados.

Por si fuera poco, no resulta difícil constar como, en una época en la que crece la insatisfacción y desconfianza en las administraciones, parece no ser prioritario facilitar nuevas formas de ciudadanía basadas en la apertura y la transparencia. La rendición de cuentas, no importa el tamaño o nivel organizativo de la “cosa pública”, se les atraganta a los responsables, políticos y directivos públicos. Decimos los que seguimos de cerca la evolución del despliegue de la “respondabilidad pública”, que los indicadores de gestión se encuentran atravesados a la altura del esófago. Un mal sitio. Obstruyen la alimentación ordinaria y mientras no caigan no habrá digestión.

Por este motivo, una vez admitido que la transparencia y la facilitación del acceso a la información constituyen una de las principales condiciones de buena gestión pública en general, debemos suscitar el interés por reflexionar acerca de su incidencia en nuestra realidad doméstica, esto es, cómo la sociedad civil “fuerza” a las administraciones a ser más competitivas, por ejemplo, invirtiendo en la mejora de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas que les permita informar más y mejor, acelerando los procesos de toma de decisiones y mejorando la empatía comunitaria.