La universidad española rinde cuentas

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Computador.gif En un ejercicio de responsabilidad y transparencia con difícil parangón en otras Administraciones Públicas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha presentado este martes la cuarta edición del Observatorio Universitario con la información académica y financiera relativa del curso académico 2004-2005.

El meticuloso trabajo, dirigido por el Gerente de la Universidad de Jaén, el Dr. Juan Hernández Armenteros, es el brillante resultado de una extensa recopilación de datos que, cada dos años, constituye la principal radiografía del sistema universitario español.

El informe, además de agregar las Cuentas Anuales aprobadas en los Consejos sociales de las 47 Universidades Públicas presenciales, presenta gran parte de la información por Comunidades Autónomas. No es extraño que sus responsables educativos sean los primeros interesados en acceder a esos resultados para evaluar la posición relativa de sus indicadores, dentro de la multitud de tablas disponibles en http://www.crue.org.

Información académica

Todas las Comunidades han experimentado un descenso del número de alumnos matriculados, destacando el norte de España: Asturias, Aragón y Navarra, con un descenso superior al 18% en cuatro años, seguido de Galicia (-16%) y País Vasco (-14%). La cohorte de edad correspondiente a los nuevos alumnos (18 a 22 años) seguirá disminuyendo hasta el año 2010, en que se frenará la caída. Regiones como Asturias habrán perdido, al final de esta década, un 40% de la juventud universitaria.

De los datos de matrícula entresacamos algunas cifras reveladoras del sistema. La tasa nacional de movilidad estudiantil es baja, por su alto coste, pero está creciendo en los últimos cursos. Hoy, tan sólo el 10% de los nuevos alumnos españoles se matriculan fuera de su comunidad. De ellos, la cuarta parte se va hasta Madrid a estudiar. Una razón es la espectacular proliferación del número de titulaciones ofertadas a nivel nacional, en un exceso de diversificación y de acusado mimetismo entre Instituciones, pues se ha pasado, en tan sólo seis años, de 1.951 a 2.478 titulaciones.

Con todo, el número de alumnos por profesor ha disminuido de forma constante en toda España durante los últimos años: desde los 19, del año 1998 hasta los 14,5 actuales. Una razón adicional es que, desde entonces, el número de Profesores Equivalentes a Tiempo Completo ha crecido de 66.101 hasta 77.322. Con ello, las autoridades universitarias justifican un aumento notable de la calidad de la enseñanza.
Información financiera

La financiación procedente del pago directo de su matrícula por los estudiantes ha pasado, entre los cursos 1998-9 y 2004-5, de representar el 11,75% al 7,3% del total de ingresos de las Universidades. Esta evolución parece congruente con la disminución de alumnos, pagando un precio medio de matrícula que ha crecido en ese periodo, desde 437 a 514 euros; un aumento nacional apreciablemente inferior a la inflación.

El informe constata que, en los últimos cursos, el continuado y creciente esfuerzo presupuestario ha sido realizado en solitario por los poderes públicos, frente a la aportación de los estudiantes. En mi opinión, no puede demorarse más un acuerdo nacional sobre la participación de los usuarios en la financiación universitaria. Sino compárese el precio medio de la matrícula del párrafo anterior, con el gasto corriente por estudiante que, en el sistema universitario, pasó de 2.701 € (en 1998) a 4.751€ en el año 2004. En la primera columna de la tabla adjunta puede verse la distribución de esa magnitud por Comunidades Autónomas. Usar el gasto corriente permite esquivar el efecto de la financiación de infraestructuras con origen, destino y cuantía variable, que exigiría un análisis más detallado.

Respecto a la situación financiera, he extraído entre la multitud de datos tres indicadores representativos que, incluidos en el cuadro adjunto, intentaré glosar de la manera más sucinta e inteligible posible.

La segunda columna mide el esfuerzo presupuestario que se realiza en relación con la riqueza regional, pues no todas las Comunidades Autónomas son igual de prosperas ni tienen los mismos problemas y prioridades sociales. Por eso, el mejor denominador para esta ratio es el Producto Interior Bruto (PIB) regional. En el numerador he calculado la suma de todas las subvenciones públicas otorgadas a las universidades del ámbito territorial, incluyendo tanto las subvenciones de capital (para nuevas infraestructuras o investigación científica) como la cuantiosa Transferencia Corriente de la Administración Educativa (TCAE) que se otorga de forma nominativa a cada universidad en los presupuestos regionales respectivos para costear los gastos de funcionamiento: personal, suministros, servicios y restantes gastos corrientes.

Por la importancia de esta magnitud (TCAE) debemos destinar un indicador específico a su análisis. Así, la tercera columna relaciona esa transferencia corriente autonómica con el número de estudiantes de grado. Pueden compararse la primera y tercera columnas y se ve una diferencia, que la universidad debe financiar a través de las tasas académicas y el precio de los servicios de investigación. Por encima de la media de financiación corriente encontramos a las Comunidades de Valencia y Madrid, aparte del estratosférico caso de Navarra que se sale de todas las medidas pues, por ejemplo, otorga el doble de financiación corriente por estudiante que Galicia, ¡y lo hace con la mitad del esfuerzo per cápita que los gallegos!

Por último, en el ánimo de simplificar el análisis, elegimos la Tasa de Ahorro Bruto como un indicador del equilibrio presupuestario universitario. Puede haber otras medidas pero, al igual que los ciudadanos hacemos con nuestras hipotecas, este ahorro nos indica el porcentaje de ingresos corrientes que financia inversiones. Es importante contar con este ahorro para complementar las subvenciones que exigen cofinanciación y su carencia hace que se pierdan muchos los fondos europeos, tanto de infraestructura (ladrillos) como de investigación.

Como conclusión, la evolución reciente de las magnitudes muestra un escenario que ha ido mejorando en los últimos años. En este, como en otros aspectos, hay poca convergencia de las cifras territoriales. La proporción de PIB regional que se destina a educación superior, en términos agregados ha mejorado cuatro puntos en lo que va de década (0.60 de media, en el año 2000) aunque también presenta gran dispersión. Véase que en Asturias este porcentaje es el triple que en las Islas Baleares, aunque en el Principado la Renta per Cápita de es el 72% de la balear.

Ciertamente, sería alocado aventurar un juicio sobre los distintos componentes de un sistema tan complejo como el universitario español a partir de una tabla de datos financieros de cuatro columnas. El estudio marca las analogías y diferencias entre universidades para sugerir acciones en la reconversión que se va a producir durante esta década, como disimulada adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Angel Quintanilla, recordaba, durante la inauguración del actual curso de la Universidad de Oviedo, que estamos en un escenario cada vez más globalizado, en constante evolución, con una creciente competencia y nuevas necesidades a las que la universidades están obligadas a responder. La Unión Europea ha declarado que necesita un entorno universitario saneado y floreciente para optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento y ser la economía más competitiva y dinámica del mundo.

El reto será lograr que las universidades cuenten con ingresos adecuados y sostenibles, pero conseguir también que los fondos se utilicen de la manera más eficiente. Por eso, este estudio debe complementarse con la auditoría “horizontal” que el Tribunal de Cuentas de España presentará este otoño, respondiendo a una petición de la comisión mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas, relativo a la organización, la actividad económico-financiera y la gestión del conjunto de las universidades públicas, con un análisis no sólo del cumplimiento de la legalidad, sino «de los principios de eficiencia y economía para la prestación del servicio público de la educación superior».

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España del 4-X-2006.

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