Recortes magníficos

En el actual escenario presupuestario español, la Universidad Pública se está enfrentando a varias amenazas, al igual que las restantes Instituciones, que ven pasar ante sus narices la tijera administrativa de las CCAA, en forma de Planes económico-financieros de reequilibrio, 2012-2014. Todo ello en el marco de un eterno debate y autocrítica sobre una mejor organización y financiación universitaria. 

Esta misma semana, el catedrático de derecho del Trabajo, Federico Durán, debatía sobre el asunto en una tribuna del diario Cinco Días, tituladaLa crisis y la universidad defendiendo que “económica y socialmente necesitamos una universidad muy distinta a la actual”. Para ello exige que la racionalización del gasto llegue a una institución en la que:

 “los escasos, y a veces no tan escasos, recursos disponibles distan de utilizarse de manera eficiente. Probablemente la educación universitaria y la investigación científica deberían ser uno de los primeros renglones en la reescritura del Estado autonómico

Esta última frase me parece clarificadora del estado de opinión de los iniciados. Tras años de declive financiero la situación parece llegar a un momento crítico, que culminó ayer con el polémico plante de los rectores al ministro que debía presidir el Consejo de Universidades.

Decreto Ley que modifica la LOU

 El Consejo de Ministros del pasado 20 de abril aprobaba el Real Decreto Ley 4/2012, que modifica la Ley Orgánica de Universidades. El texto ha venido a restringir el margen de acción de la Universidad en múltiples aspectos. Por ejemplo, en la dedicación del profesorado y -sobre todo- en la incorporación de los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la LO del mismo nombre. Por ejemplo, la fijación de un límite de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse y la referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros en los presupuestos y sus liquidaciones.

Para evitar las habituales lagunas que faculten el escape de la norma, el Decreto Ley introduce medidas concretas como las siguientes:

  • Art. 68: Dedicación docente, con carácter general de 24 créditos, que podrá variar en función de la actividad investigadora. En la práctica supone un aumento de la dedicación del profesorado.
  • Art. 81.3: Los precios públicos académicos “oficiales” estarán relacionados con los costes de prestación de servicio en los términos detallados que recoge este precepto. En la práctica, supone un aumento del precio de la matrícula.
  • Art. 81.4: Obligación de incorporar en las RPTs  un anexo en el que “figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen”. Aparte, el recordatorio de que los costes de personal se mueven “en el marco de la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público”. En la práctica, supone la prohibición de nuevas incorporaciones.
  • Art. 81.5: Se incorporan nuevas reglas básicas sobre el proceso de liquidación presupuestaria de las universidades y añade una fecha tope para la confección de la liquidación así como una metodología de aprobación y de medidas de compensación cuando la liquidación sea con remanente de tesorería negativo: el consejo Social debe reducir los gastos del nuevo presupuesto –previo informe del interventor- en la cuantía del déficit salvo que lo autorice la Comunidad Autónoma.

Además, termina recordando que la omisión de la remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, “facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Universidad”.

Contestación de las universidades

La gran mayoría de las universidades empiezan a posicionarse contra esta urgente normativa. El Claustro de la centenaria Universidad de Salamanca acaba de pronunciarse contra el Decreto Ley porque “abre la puerta a sistemas que quiebran imprudentemente la estructura de funcionamiento de las universidades”. Es cierto que entramos a partir de ahora en un sistema de financiación universitaria que tiene mucho de incertidumbre y evidentes elementos de preocupación. Así, el Claustro de la Universidad de Salamanca “manifiesta su desacuerdo con estas medidas y su preocupación por sus efectos negativos para el sistema público universitario”. Por todo ello, insta al Gobierno a “desarrollar una nueva legislación con la preceptiva colaboración de las universidades que corrija los defectos de las medidas recientemente adoptadas y favorezca una universidad pública de calidad”.

Dos reflexiones

Calidad-y-rendicion-de-cuentas Durante el último trimestre, se han presentado dos libros -en descarga libre- de la Fundación europea sociedad y educación, que reflexionan sobre aspectos clave en este debate, como la rendición de cuentas, la gobernanza y la financiación universitaria. Por una parte, en el Documento de Trabajo nº 5 titulado “Garantía de la calidad y rendición de cuentas en las universidades españolas” (autores: José-Ginés Mora Ruiz  y Josep M. Vilalta) en el resumen ejecutivo introduce la siguiente conclusión, representativa de un amplio sector de la opinión pública: “Tal vez habría que preguntarse si hemos generado un sistema insaciable y autocomplacido de garantía de calidad. ¿No sería el momento de replantearse los objetivos estratégicos de la garantía de la calidad en España, abandonar lo que no sirve o es poco productivo y dedicarse a lo esencial y eficaz?

 En el Documento de Trabajo nº 6, de la citada fundación, bajo el título “Nuevas perspectivas para la financiación y el gobierno de las Universidades”, sus autores (Juan Hernández Armenteros, José Antonio Pérez García y Pello Salaburu) sintetizan – página 48- las siguientes líneas de futuro: “Somos conscientes de la necesidad y urgencia con la que los ‘mercados’ nos apremian para contener el gasto público, así como de las limitaciones estructurales que los responsables de los presupuestos públicos encuentran para priorizar unas políticas de gasto sobre otras. Sin embargo, entendemos que existe margen para mejorar la suficiencia financiera de las universidades públicas, sin tensionar los presupuestos públicos, mediante la aplicación decidida de dos actuaciones. De una parte, observando con rigor la especialización y adecuación de las ofertas de enseñanzas universitarias que vienen manifestando redundancias y excesos injustificados (…). Por otra, revisando al alza la aportación financiera privada, al menos hasta alcanzar los índices de participación que se registraban en la estructura financiera de los gastos corrientes universitarios del año 1996. La implementación de esta medida supondría incorporar más de 550 millones de euros a la financiación universitaria que, junto con la penalización aplicable a los precios públicos de las segundas, terceras y sucesivas matrículas, permitiría avanzar en los tres ejes de la financiación universitaria: suficiencia, eficiencia y equidad”.


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Antonio Arias Rodriguez

Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

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