El futuro de la transparencia digital real. Cambarcet(II)

Concepción Campos Acuña asumió en abril de 2026 la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras obtener el aval del Congreso de los Diputados. Como autoridad nacional inauguró la jornada sobre transformación digital de la Administración que organizó la Fundación de la Universidad de Salamanca y nos ofreció la primera ponencia.

Conchi mantiene desde hace muchos años una interesante página web donde ha venido divulgando sus opiniones y ponencias en todo tipo de jornadas y seminarios, muy seguidas por los funcionarios e interesados en el sector público. Allí y en las redes sociales o en sus docenas de publicaciones, sostiene una postura muy clara, crítica y a la vez propositiva sobre la transparencia y la Administración digital, que siempre ha tenido referencia en mi blog. Para ella, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la calidad democrática, pero requieren una urgente actualización conceptual y metodológica para pasar de la teoría formal a la utilidad real.

Sus ideas principales sobre este ámbito se articulan en los siguientes ejes:

Fin del postureo digital

La transformación digital de las administraciones públicas debe sustentarse en principios claros de transparencia, responsabilidad y confianza. En este sentido, el criterio de transparencia algorítmica, asumido ya por todas las Administraciones tras la Sentencia BOSCO, resulta fundamental para garantizar que la ciudadanía comprenda cómo se toman las decisiones apoyadas en sistemas digitales.

Conchi recordó la frase “si la gente no sabe lo que haces, tampoco sabrá lo que haces mal” que refleja esa vieja máxima de la burocracia defensiva o tradicional de la opacidad como escudo y como un mecanismo de protección o supervivencia política y administrativa. Por ello, la transparencia no debe limitarse a la publicación de información, sino que debe facilitar una comprensión real de los procesos, tanto a nivel micro —en los servicios concretos que recibe la ciudadanía— como a nivel macro, en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Para avanzar con éxito, es necesario establecer objetivos realistas, a corto plazo y plenamente ejecutables. La transformación digital no se mide únicamente por la ambición de las iniciativas, sino por su capacidad de generar resultados tangibles y sostenibles.

Finalmente, el monitoreo continuo y la evaluación permanente son elementos imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los objetivos, corregir desviaciones y reforzar la confianza de la ciudadanía en la acción pública digital.

Menos «clics» y más respuestas

Campos Acuña es una firme detractora de lo que considera una transparencia puramente burocrática o de mero cumplimiento de expedientes. 

• Información comprensible: Defiende que la transparencia no consiste en acumular documentos ilegibles o publicar presupuestos en archivos PDF de 200 páginas que no aportan valor al ciudadano común. La información pública debe ser útil, comprensible, accesible y estar estructurada en formatos abiertos y reutilizables. 
• El silencio administrativo: Se muestra sumamente crítica con la falta de respuesta de las Administraciones ante las solicitudes de información ciudadanas. Sostiene que «lo mínimo que merece la ciudadanía es una respuesta, sea positiva o negativa».

Sin multas no hay paraíso

Recuerdo que con motivo del balance de los diez años de la Ley 19/2013 de Transparencia, había señalado de manera directa las principales lagunas del sistema actual que restan eficacia al funcionamiento público:

• Falta de un régimen sancionador: Ha afirmado con rotundidad que «una obligación sin sanción es una recomendación». Para ella, la inclusión de multas o penalizaciones reales por no responder o por ocultar información tendría un efecto disuasorio fundamental sobre la opacidad administrativa. 
• Falta de desarrollo reglamentario: Insta a la aprobación definitiva del reglamento de la Ley de Transparencia (pendiente desde hace años) y a una regulación clara de los grupos de interés (lobbies).

Robots contra la corrupción

En relación con la transformación y el funcionamiento de la Administración digital, su enfoque es plenamente pragmático:

• IA al servicio de la transparencia: Aboga por usar la Inteligencia Artificial y la automatización no solo para simplificar trámites internos, sino activamente para la supervisión y la fiscalización pública (por ejemplo, mediante auditorías automatizadas o alertas en la contratación pública).
• Foco en la contratación pública: Señala que la contratación ha sucedido al urbanismo como el principal foco de riesgo y opacidad en España. Por ello, reclama que las plataformas de contratos digitales (a menudo complejas y difíciles de manejar) se simplifiquen para que cualquier desviación o ineficiencia salte a la vista fácilmente. 

En resumen, Concepción Campos plantea que la tecnología en la gestión pública debe servir para reducir la brecha de opacidad, mitigar los riesgos de corrupción y facilitar la vida de los ciudadanos, transformando la transparencia en una verdadera herramienta de rendición de cuentas e integridad y no en una simple carga formal para las instituciones.