Las reglas fiscales, protagonistas del IV CCIL

Durante la jornada inaugural del Congreso de Control Interno Local (CCIL25) hubo interesantes referencias a la recuperación de las reglas de gasto, efectiva a partir del año 2024, lo que generará un impacto relevante en la autonomía financiera de las entidades locales (CC LL). Por una parte, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, durante su intervención ofreció una visión global sobre la situación de las corporaciones locales, destacando que su sólida posición financiera dentro del conjunto de las Administraciones Públicas. La AIReF estima que el subsector local cerrará 2025 con un superávit cercano al 0,3% del PIB, tras el 0,4% alcanzado en 2024, y con un nivel de deuda reducido hasta el 1,2% del PIB, lo que refuerza su solvencia.

la AIReF ha desarrollado una herramienta, el Observatorio de Corporaciones Locales, que permite clasificar a todas las entidades, con independencia de su tamaño, según su riesgo de sostenibilidad a través de un sistema visual de indicadores. Este observatorio, en funcionamiento desde 2018, se actualiza anualmente y constituye una herramienta clave para la supervisión fiscal y la transparencia.

Terminó sugiriendo “revisar” el marco normativo, sobre todo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el sistema de supervisión y control, como lleva meses pidiendo en todos los foros a los que acude. Hay un documento en consulta con los implicados.

Por su parte, Maria José Fernández Domínguez, Interventora de Boadilla del Monte, durante su participación en la mesa inicial del congreso, consideró que el actual impacto se manifiesta tanto en aspectos positivos de disciplina fiscal -como en restricciones a la capacidad de gasto y decisión de los gobiernos locales- pero restringe el crecimiento del gasto de las CCLL, imponiendo, a los ayuntamientos con superávit, muchas limitaciones para ejecutar sus políticas de gasto en infraestructura y servicios, debido principalmente a estas limitaciones:

• Destino Obligatorio del Superávit: Tras la reactivación de las reglas fiscales en 2024, el superávit presupuestario que se obtenga en la liquidación deberá destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, hasta el límite del volumen de endeudamiento. Esto reactiva la limitación impuesta por el artículo 32 de la LOEPSF. Aunque esta norma ha promovido una mayor disciplina fiscal y ha conseguido sanear a las haciendas locales, también han suscitado preocupación sobre la rigidez del sistema, que no distingue entre entidades locales sanas y endeudadas.
• Restricción de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS): La posibilidad de destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles (Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF) ha sido, hasta la fecha, la única vía para que las entidades locales saneadas pudieran aumentar su gasto por encima de la restricción de la regla de gasto. Sin embargo, esta disposición no es aplicable en 2025 a menos que se apruebe una prórroga mediante una ley (como la Ley de Presupuestos Generales del Estado), salvo las excepciones extraordinarias ya aprobadas, como para las entidades afectadas por la DANA.
• Un tercer aspecto que debería revisarse es el efecto que produce la utilización del Remanente de Tesorería afectado en la estabilidad presupuestaria, ya que al utilizarlo como fuente de financiación en una modificación de crédito provoca una inestabilidad que el propio Ministerio califica como “ficticia”

Apoyó la necesaria reforma propuesta por la AIREF sobre el marco fiscal nacional y la regla de gasto para alinearse con las exigencias europeas y garantizar una financiación adecuada. Esto incluiría adaptar y simplificar las reglas, modular su aplicación según la situación financiera de cada entidad, y revisar el sistema de financiación local de acuerdo a su régimen competencial, que actualmente no asegura la suficiencia financiera.

Las propuestas incluyen la creación de un nuevo sistema de financiación que se adapte a las necesidades actuales, garantizando recursos suficientes para las competencias asignadas. También se enfatiza la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto y explorar nuevas vías de financiación, como la colaboración público-privada.

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