Financiación local y costes legislativos ¡Qué bonito está el campo!

El diario El economista dedica una página a analizar los asuntos pendientes de los gobiernos locales con el Ministerio de Hacienda. Son múltiples y variados. El letrado Luis Martínez-Sicluna, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) traslada su preocupación por la falta de respuestas en muchos frentes abiertos por la nueva legislación o la reciente jurisprudencia.

Así, los costes sobrevenidos por normas estatales o autonómicas. Por poner sólo un ejemplo, la Ley de bienestar animal (ver reseña de costes) que, en opinión de Martínez-Sicluna les crea «la obligación de controlar las colonias felinas y es carísimo». También la famosa tasa de basuras, que los ayuntamientos se han visto obligados a cobrar sin criterios comunes, así como la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 sobre el cobro del impuesto de la plusvalía municipal. Parece que la agenda del ministerio está ocupada con asuntos más importantes y escurre el bulto, en un momento que nadie sabe si deberá prorrogar los Presupuestos Generales del Estado, por no hablar de la propia continuidad del ejecutivo.

Tampoco debe ignorarse que, en la práctica, la mayor fuente de ingresos (de desarrollo y corrupción también) en las dos primeras décadas de vigencia constitucional ha sido el urbanismo: tasas por licencias, contribuciones especiales, IBI, incremento de compraventas con reflejo en plusvalías, convenios urbanísticos ventajosos, atracción de industrias y turismo, etcétera. Sin embargo, el lento y farragoso trámite de aprobación del planeamiento, con ecos de sonadas nulidades del aprobado (el caso del Ayuntamiento de Llanes fue paradigmático) ha comportado en lo que va de siglo XXI. una parálisis o ralentizacion de la actividad urbanística y edificadora, con la consiguiente lesión a las arcas locales, y de forma indirecta la elevación de los costes de las escasas viviendas, que es ahora el primer problema nacional.

Uno de los principales escollos es cómo incorporar los 45.000 millones de euros del supéravit acumulado a inversiones financieras sostenibles que necesita de una prórroga de la disposición adicional 6ª de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no se ha hecho, como explica Martínez-Sicluna.

El “repaso” -en su doble sentido- concluye con la necesidad de hablar sobre financiación municipal. La periodista Marta Yoldi apunta que se ha convertido casi en desprecio en lo que se refiere a su órgano máximo de diálogo con el Gobierno, la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) creada en los artículos 117 a 119 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En efecto, han pedido repetidamente una reunión urgente, pues el Real Decreto 427/2005 que regula su funcionamiento prevé que se haga dos veces al año de forma ordinaria y desde 2023 no se convoca, salvo de forma extraordinaria para la senda de gasto.

Precisamente se cumplen los 40 años de la aprobación de la citada Legislación y celebrarlo el Consello de Contas de Galicia -que también cumple 40 años- ha convocado en La Coruña, durante los días 15 y 16 de Septiembre 2025, un gran Congreso que aglutina magníficos ponentes y aborda muchos de los temas de la gestión local, con especial incidencia en el control interno y externo, así como en la gestión presupuestaria.