La crisis del coronavirus ha obligado a muchas organizaciones a tomar decisiones expeditivas en relación la asistencia al centro de trabajo. Casi tanto como la broma del extraordinario MundoToday que peside la entrada. Ha puesto sobre la mesa de debate la necesidad de implantar formalmente la figura del teletrabajo, que en España, según la encuesta de población activa utiliza un 5% de la fuerza laboral. Unas 800.000 personas teletrabajan desde casa al menos una vez por semana.

En el ámbito del control público debemos mencionar algunos informes auditoría sobre el tema.

La Government Accountability Office (GAO), como bastantes instituciones de control en todo el mundo, propone organizar el teletrabajo de sus empleados. Sus directivos tienen bastante discrecionalidad para permitir que los empleados con bajo rendimiento o mala conducta “grave” no continúen con el teletrabajo. En su propia revisión interna el Inspector General critica que, durante 2017, la organización que dirige no aplicara esas restricciones a 20 empleados con problemas disciplinarios.

En 2003, cuando el teletrabajo todavía era algo nuevo para todos los gobiernos del mundo, varias agencias norteamericanas intentaron implantarlo y enfrentaron numerosas dificultades y muchas barreras para la participación. La Ley de Mejora del Teletrabajo de 2010 estableció un marco de requisitos que las agencias federales debían cumplir para implantar los programas de teletrabajo. Exigencias como notificar a todos los empleados sobre su disponibilidad para el teletrabajo, así como establecer sus objetivos para permitir medir e informar regularmente del logro de los resultados. Para todo esto, la Oficina federal de Gestión de Personal (OPM) debe presentar al Congreso un informe anual que aborde el programa de teletrabajo en cada agencia ejecutiva. La GAO ha realizado algunos informes valorando su cumplimiento.

Beneficios y costes del teletrabajo

La GAO menciona multitud de beneficios y ciertos costes asociados con los programas de teletrabajo en las agencias federales. Algunos no son claramente trasladables al funcionario latino (como la retención o el fichaje de empleados excelentes) pero parecen muy claras las ventajas del incremento de la productividad y la mejora del equilibrio personal.

Las agencias federales también mencionaron como costes la capacitación específica del personal y la gestión del propio programa de teletrabajo, incluyendo la dotación institucional de la herramienta tecnológica apropiada.

El informe anual de teletrabajo al Congreso reconoce que aún no puede valorar con precisión ese resultado positivo, por las debilidades en las fuentes de información sobre su uso y frecuencia. Se reconoce como reto “garantizar que los datos de teletrabajo informados por los empleados sean precisos”. El proceso, según la GAO, exige asignar en cada agencia la responsabilidad de coordinador del teletrabajo, mantener una plataforma tecnológica y garantizando la formación de los empleados en su utilización. La herramienta, para la GAO, debe dejar constancia precisa de las horas de teletrabajo de los empleados que se registren en el sistema de asistencia virtual.

El auditor norteamericano menciona el caso del Departamento de Educación que planteó en el año 2016 el poco ambicioso objetivo del 5% de participación en el teletrabajo frente al general más ambicioso del 90%. Otros departamentos tenían en 2017 acuerdos de teletrabajo con el 50% de sus funcionarios.