El panel inaugural de los congresos suele apuntar alto. Unas veces elevándose para coger perspectiva y otras presentando figuras relevantes en la materia de que se trate. Unas veces haciendo balance de la situación actual y otras descendiendo a la realidad terrenal aportando herramientas o publicaciones.

El inicio del III Congreso Anual de Contratación Pública llevado a cabo este martes en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza ofreció una mezcla de todo lo anterior. Una panorámica de la transparencia y la prevención de la corrupción en el ámbito de la contratación pública. Moderaba y presentaba José Antonio Moreno, catedrático Derecho Administrativo de UCLM y Co-Director del Observatorio.

El panel permitió dejar constancia de algunas tendencias significativas para el mundo de la contratación pública y también presentar recientes documentos que resumen la aportación de importantes grupos de trabajo durante el año.

Maria José Santiago, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) habló sobre la supervisión como elemento de prevención de riesgos de corrupción. Destacó el escollo que significa la ausencia de una herramienta informática que permita explotar la gran magnitud de datos de contratación que aporta la Plataforma de Contratación. «El problema al que nos enfrentamos al confeccionarlo es la falta de una base de datos abiertos y reutilizables para poder presentar las principales patologías. Para hacer supervisión es imprescindible. Estamos avanzando por ese camino”.

María José Santiago: “El mapa de riesgos es esencial para una futura Estrategia Nacional de contratación”.

 La oficina incorporará a su informe de supervisión el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por los órganos de control interno y externo de la contratación. Asimismo, trasladará a la Comisión Europea la información sobre el nivel de cumplimiento de la normativa de contratación pública incluyendo incluyendo el resultado de la supervisión directa realizada por la propia Oficina.

Se atribuye a la OIRESCON una función similar a las agencias antifraude en materia de contratos. Señaló como próximo reto la coordinación con todas las entidades e instituciones que intervienen en el control de la contratación.

A continuación intervino Patricia Iglesias, letrada mayor del Consello de Contas de Galicia presentó una brillante ponencia sobre la experiencia del OCEX gallego en la gestión de riesgos en la contratación pública. Comenzó con un recuerdo a la Conselleira Beatriz Rodríguez Fraga, fallecida durante este mes de agosto, como dimos cuenta en la bitácora.

 El modelo gallego es preventivo y sin competencias sancionadoras, integrando una sección específica dentro del Consello de contas, de forma similar al Tribunal de contas portugués. En ese sentido, están formalizando protocolos con los principales protagonistas del sector público gallego.

Presentó los diversos documentos técnicos aprobados en ese ámbito y se centró en el catálogo de riesgos de la contratación. Aquí identificó los riesgos en cada fase del procedimiento: organización, preparación, licitación o adjudicación y ejecución.

Mostrando cinco líneas de trabajo: en materia de transparencia(formal y material), de Independencia y ética empleados públicos (conflictos de interés y pactos de integridad), de refuerzo de los controles (internos y externos) así como un sistema de responsabilidad efectivo y educación cívica. Avanzó que están a punto de publicarse los trabajos de evaluación de control interno

Patricia Iglesias: “para dar ejemplo el Consello de contas aprobará su propio Plan de gestión de riesgos».

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la URJC, presentó la participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción en la contratación pública a través de los Pactos de integridad.

Se trata de una idea-herramienta, como la definió hace años en el propio OBCP, desarrollada por la organización Transparency International (de cuyo capítulo español Villoria fue fundador) destinada tanto a las autoridades como a las empresas licitadoras, con el propósito de reducir la corrupción y el despilfarro en las contrataciones para el sector público. Exige que las partes contratantes trabajen conjuntamente con un observador o monitor, una Organización de la Sociedad Civil que, posteriormente hace un seguimiento del cumplimiento del pacto.

El monitor, absolutamente independiente de la entidad contratante, tiene acceso a todos los documentos y reuniones relacionados con la licitación y el contrato para su revisión. En todo el proceso de selección de licitantes y adjudicatarios, así como durante la ejecución del contrato informa inmediatamente ante indicios de malas prácticas, de manera pública. Las experiencias son satisfactorias y se han mostrado útiles en aquellos contratos con impacto social, económico o en áreas donde existe corrupción.

También habló del despilfarro, en su opinión tanto o más preocupante que la propia corrupción, que fue recogido por la prensa aragonesa.

Silvia Díez Sastre, directora del Centro de investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA) de la UAM presentó algunas propuestas de mejora del control administrativo preventivo. Sobre la base de los Informes CIJA de los cinco últimos años efectuó un diagnóstico: consolidación de una cultura de enforcement, como proceso para garantizar el cumplimiento de las normas.

Analizó los datos del último informe de la justicia administrativa 2019. Estas memorias constituyen un tesoro que debe cuidarse porque ofrecen una panorámica independiente y exhaustiva de la litigiosidad en los diversos sectores de actividad administrativa. En el capítulo relativo a los contratos públicos -que firma la propia Silvia- destaca que durante el primer semestre de este año no estaban disponibles las memorias de actividad de 2018 de un importante número de órganos de recursos contractuales, lo que identifica como “un claro síntoma de sobrecarga” pues en los últimos cinco años la ausencia de alguna memoria en el segundo trimestre del año era prácticamente anecdótica. Una sobrecarga que puede ponerse en relación con el importante aumento del número de asuntos y con la elevación de su tasa de congestión.

Se aprecia una tendencia creciente del número de nuevos asuntos en todos los órganos de recursos contractuales. Un incremento que oscila entre el 30% y el 50%. El objeto de impugnación fundamental sigue siendo el acto de adjudicación, en el 44,5% de los casos. En cuanto al resto de actos impugnados, hay que destacar la importancia de la impugnación de pliegos y anuncios de licitación (27%) y la de actos de trámite cualificados, 17,6% (especialmente, exclusión). En 2018, detectaron una tendencia clara al aumento del número de desestimaciones, que supera en muchos casos el 40%. El caso más destacable es el del TARCCyL, cuya cifra de desestimaciones en 2018 se coloca en el 50%

En la jurisdicción contenciosa, destacó que en la casación aumenta considerablemente el número de desestimaciones. Si en 2017 se situaban en el 60,8% de los casos, en 2018 esa cifra aumenta hasta el 94,2%: de los 17 asuntos planteados en materia de contratación, 16 obtuvieron fallos desestimatorios. Este movimiento va a asociado a un incremento de las estimaciones en la segunda instancia, donde cerca del 60% de los asuntos planteados son reclamaciones de cantidad. El nivel de estimación (total y parcial) en estos casos es del 60%. Estos datos obligan a reflexionar sobre la posibilidad de emplear mecanismos previos de solución de conflictos que pudieran aliviar la carga judicial en estos casos.

Por último, intervino Bernabé Palacín, que era DG de Contratación del Ayuntamiento de Logroño hasta hace unos meses en que fue nombrado SGT de la Consejería de Salud de La Rioja.  Presentó la Guía de Integridad en la Contratación Pública Local publicada por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Pública de la FEMP de la que fue coordinador adjunto. El documento muestra las medidas necesarias para garantizar la integridad y la transparencia a lo largo de todas las fases de la contratación. Además, difunde las novedades de la LCSP así como las mejores prácticas para llevar a cabo sus principios fundamentales.

Se trata de una obra de referencia en la que han colaborado muchos profesionales de la gestión pública y estructurada en 7 capítulos, vertebrando la norma a través del principio de integridad, marco general y novedad de la ley. Como afirma Conchi Campos en sus páginas iniciales de presentación, se trata de una guía básica de extraordinaria calidad para promover la integridad en la contratación pública local, y para prevenir los posibles riesgos en el servicio al interés general, desde un enfoque eminentemente práctico que permite su utilización para resolver las dudas que se puedan plantear y contribuir a dotar a las entidades locales de un sistema de integridad institucional.

Por ello, Bernabé recordó el virtuoso ciclo PDCA, secuencia lógica de la buena gestión: Planificación (plan anual, gran ausente), preparación (selección y adjudicación) ejecución del contrato y evaluación (control interno y externo) que sirvió de base para su exposición. Destacó a modo de conclusión como el perfil de contratante ha aportado innumerables ventajas para la rendición de cuentas, para la reducción del fraude y la corrupción, así como el avance que ha supuesto la contratación electrónica, el gran aliado de la transparencia y la integridad, aportando seguridad y trazabilidad.

En fin un congreso provechoso y acogedor al que dedicaremos también la próxima entrada de este blog.