El caso insuficientemente controvertido

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ZANAHORIA

Con frecuencia, los funcionarios con responsabilidades sobre los caudales públicos se ven inmersos en procedimientos jurisdiccionales que les ocasionan importantes trastornos económicos o morales. Asumir las propias costas procesales, aun ganando, es uno de esos efectos de estar en el lugar y momento equivocado . Una carga que pudiera parecer injusta a muchos funcionarios en sus tareas de gestión administrativa o de control de legalidad, cuando se ven en medio del fuego cruzado entre el gobierno y la oposición, al judicializarse algún asunto municipal en el ejercicio de la acción pública, como el caso que hoy traemos a la bitácora.

Las estadísticas del Tribunal de Cuentas (TCu) demuestran que en los años pre-electorales aumenta enormemente el número de acciones públicas de responsabilidad contable por alcance, donde el funcionario –y no sólo el político- se ve solidariamente inmerso en actuaciones previas del delegado instructor del TCu, que hará una propuesta y, si hay caso, habrá una demanda de reintegro por alcance ante el Consejero de la Sección de enjuiciamiento, donde el funcionario debe personarse con abogado y procurador; en definitiva, un proceso con todos los gastos que ello implica y que culmina en una sentencia de primera instancia, que es apelable ante la Sala de Justicia del TCu. Parece que este calvario entra en el sueldo de quienes trabajan cerca de los caudales públicos. 

Vamos al caso …

Hoy presentamos, la Sentencia de 1 de octubre de 2014 de la Sala de Justicia del TCu, que vio la apelación del fallo de primera instancia de la Consejera, de fecha 11-3-2014, en relación con determinados abonos de retribuciones que habrían podido rebasar el límite previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Consejera enjuició ese incremento de retribuciones de los que fueran Secretario-Interventor y Auxiliar Administrativa en un pequeño Ayuntamiento de Toledo, durante los ejercicios 2008 y 2009, probándose que la justificación de tal elevación de 4.799,03 euros y 3.892,8 euros (más cargas sociales) respectivamente la acordó el Pleno de la Corporación como reconocimiento a su mayor dedicación y que fue cargada al presupuesto municipal del ejercicio 2009, contando la misma como incremento del Capítulo primero de gastos. Ni los acuerdos ni los Presupuestos fueron objeto de impugnación y las declaraciones, no contradichas, de Alcalde y Teniente de Alcalde sirvieron para formar la convicción de la Juzgadora de instancia sobre la adecuación a derecho del citado incremento retributivo.

Ya hemos visto aquí, que el Tribunal de Cuentas parece tener las manos atadas en estos asuntos merced a la inaudita jurisprudencia del Tribunal Supremo, con ocasión del caso Boadilla y antes de Siero, donde “los pagos que emanan de los órganos competentes para aprobarlos y no fueron impugnados en la jurisdicción contencioso administrativa no pueden ser considerados indebidos”. En consecuencia, es obligado apreciar la falta de uno de los presupuestos determinantes de la eventual comisión de un ilícito presupuestario y contable por los dos recurrentes, lo que impide apreciar la concurrencia de responsabilidad contable.

Pero volvamos a los hechos. En cuanto al uso de la cuenta 555, por falta de partida presupuestaria, la Consejera ponderó su irrelevancia jurídica a los efectos de apreciar responsabilidad contable, habida cuenta la inexistencia de daño o perjuicio efectivo y cuantificable económicamente, concluyéndose de todo ello que la parte actora no pudo probar menoscabo alguno en los fondos públicos..

Por lo tanto, la Consejera de instancia declaraba la inexistencia de responsabilidad contable por parte de los funcionarios locales, añadiendo que “aun cuando se ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta, lo que llevaría aparejada la imposición de costas a los demandantes, el carácter jurídicamente controvertido de las actuaciones presupuestarias, administrativas y contables incluidas en los hechos enjuiciados, aconseja un tratamiento diferente al del puro criterio objetivo del vencimiento, lo que justifica que cada parte deba abonar las suyas y que las comunes lo sean por mitad, conforme a lo establecido en el artículo 394.1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a la que se remite la normativa de funcionamiento del TCu sobre el pago de las costas. Veamos que dice:

Artículo 394.1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

Captura de pantalla 2015-01-13 19.14.36Por lo tanto, el asunto gira en torno a las posibles “dudas de hecho o de derecho”, como ocurre en la jurisdicción contenciosa que tan bien comenta Sevach aquí. Es decir, se absuelve de responsabilidad contable pero se entiende que los hechos son de complejidad declarada y por eso no se impusieron costas, para cabreo del funcionario pues quizás fuesen más altas que el sobresueldo cobrado y siempre teniendo presente que los empleados públicos, tras el art. 14 del EBEP, tienen derecho a “la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

Sin embargo, la LEC contiene un matiz diferenciador, al dejar un espacio al arbitrio judicial para no imponerlas, si bien limitado a que “aprecie, y así lo razone” dudas de hecho o de derecho. Arbitrio que, para la Sala de Justicia del TCU, “en ningún momento puede convertirse en arbitrariedad, al exigir que se expongan en la sentencia cuáles son esas dudas, y siempre sometidas a revisión en el recurso de apelación”. Dudas que pueden ser fácticas o jurídicas.

En cuanto a las dudas jurídicas, entiende la sala que el término de comparación es la jurisprudencia recaída en casos similares, por lo que “no cabrá apreciar la excepcionalidad cuando la jurisprudencia sea unánime y no existan interpretaciones discrepantes”; respecto a las fácticas, se requiere que sean “serias, realmente importantes, de consideración, que concurrirán cuando el establecimiento de los hechos controvertidos y relevantes resulte especialmente complejo, o cuando pueda calificarse la labor de apreciación de las pruebas de especialmente dificultosa, cualquiera que sea el sentido final”.

La razón última de ser de la excepción es que el litigio se presentaba como inevitable para las partes, pues al no estar claros los hechos determinantes, y a la vista de las fundadas y serias dudas existentes sobre ellos, no queda a los litigantes más remedio que acudir al pleito para que se resuelva la controversia por los Tribunales. Pero siempre se está en la hipótesis de dudas objetivas, no de la ignorancia de la parte en cuanto a lo realmente acaecido, ni de que se hayan interpretado erróneamente unos hechos. No puede confundirse la duda fáctica seria de los hechos realmente acontecidos, con la buena fe del litigante (en la creencia de que se tiene razón porque desconoce lo acaecido o lo malinterpreta).

Cuando la Consejera desestimó la demanda motivó la falta de pronunciamiento de las costas sucintamente en “el carácter jurídicamente controvertido de las actuaciones presupuestarias, administrativas y contables incluidas en los hechos enjuiciados”, como vimos. Para la Sala de justicia no se atisba tal motivación o expresión razonada de las circunstancias de excepcionalidad, pues “sólo consta la disputada naturaleza de las actuaciones que han configurado los hechos en los ámbitos presupuestario, administrativo y contable”.

Por lo tanto, da la razón al apelante, que no debe llevar aparejada el abono de las costas causadas a su instancia y de las comunes por mitad devengadas por el hecho de haberse entablado contra ella un proceso de declaración de responsabilidad contable en el que ha resultado absuelta.

En definitiva, la Sala acuerda estimar la pretensión de la funcionaria sobre la condena en costas en primera instancia, y revocar, en este extremo, la sentencia recurrida, eso si “no procediendo realizar pronunciamiento de condena en costas de esta segunda instancia”. Curioso final sobre el que me muerdo la lengua …

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