Desde hace una década se celebra en todo el mundo, cada 20 de junio, el Día Mundial de los Refugiados, fruto de la resolución 55/76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, pero que se ha extendido a todas las personas obligadas a dejar su hogar por causa de conflictos, persecución o violencia generalizada del planeta. Queremos sumarnos al acontecimiento, desde el punto de vista de la fiscalización. 

¿La Unión Europea optimiza ayudas a las zonas en conflicto? ¿Son ayudas sostenibles? Para responder a estas preguntas, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de aprobar el Informe Especial 3/2011 titulado “La eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos”. Un análisis necesario teniendo en cuenta la cuantía de los fondos canalizados por la Comisión Europea, a través de EuropeAid y las organizaciones de las Naciones Unidas, que se situó en torno a los 4.000 millones de euros, en el periodo comprendido entre 2005 y 2009.

Esta auditoría es complementaria de otra anterior, el Informe 15/2009 de enero de 2010, ya presentado en esta bitácora, que concluyó que el proceso de seguimiento debería ser más riguroso para centrarse en mayor medida en los resultados y que se justificaran con claridad todas las decisiones llevadas a cabo a través de las Naciones Unidas.

El trabajo actual se centra en las zonas afectadas por conflictos y, en particular, en proyectos situados en Sudán, Afganistán e Iraq durante el periodo 2006–2008, y complementa al anterior informe centrándose en la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad.

El informe reconoce las dificultades particulares que entraña hacer llegar la ayuda en países afectados por conflictos y el hecho de que la Comisión, a través de las Naciones Unidas, ha podido suministrar ayuda en zonas que de otro modo hubiera resultado muy difícil llegar. En estas circunstancias, el impacto global de las actividades financiadas a través de organizaciones de las Naciones Unidas fue positivo.

No obstante, el informe señala una serie de aspectos significativos a los que la Comisión debe responder.

El Tribunal reconoce la necesidad de establecer para todos los proyectos unos objetivos claros y prácticos, que puedan supervisarse, y fijar un calendario razonable para su ejecución. Los informes de las Naciones Unidas, que constituyen la principal fuente de información para la Comisión, a menudo se retrasan y son incompletos, y la insuficiente importancia concedida a la eficiencia y a la evaluación de los costes de los proyectos es otro ámbito que, para el auditor requiere la atención de la Comisión. Aunque reconoce que la Comisión ha adoptado una serie de medidas para abordar los problemas planteados, el Sr. Pinxten, Miembro de Tribunal con competencias específicas para la elaboración de este informe, subraya la necesidad de garantizar la buena gestión financiera de todos los fondos canalizados por la Comisión a través de las Naciones Unidas, con independencia de a dónde se haga llegar la ayuda.

El Tribunal evaluó la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de una muestra de 19 proyectos. Para ello, realizó un análisis separado de cada uno de los apartados, que presentamos a continuación.

Eficacia

En la presente fiscalización, la eficacia se definió como la consecución de objetivos y el logro de resultados.

La gran mayoría de proyectos de la muestra prolongaron considerablemente su período de ejecución inicial, debido en particular a que en los acuerdos de contribución no se tuvieron suficientemente en cuenta las difíciles circunstancias de los países, por lo que se subestimó el tiempo necesario para lograr ciertos resultados.

La cooperación con las organizaciones de la ONU ha permitido prestar ayuda en un entorno operativo muy complicado. Si bien dos proyectos alcanzaron sus objetivos plenamente y fueron valorados como «satisfactorios», ocho reflejaron «insuficiencias menores» y cinco «insuficiencias graves». Dos proyectos no fueron ejecutados plenamente debido a circunstancias específicas, por lo que no lograron su objetivo principal y se consideran por tanto como «insatisfactorios».

Sostenibilidad

La sostenibilidad, en el contexto de la presente fiscalización, se definió como el grado de persistencia de los resultados una vez concluida la financiación de la Comisión.

Dado que la mayor parte de los proyectos de la muestra realizada por el Tribunal todavía no habían llegado a su término, la fiscalización examinó la posible sostenibilidad de los resultados de los proyectos: la evaluación consistió fundamentalmente en apreciar en qué medida se habían cumplido las condiciones necesarias para la sostenibilidad (apropiación del proyecto por el beneficiario, financiación suplementaria, competencia necesaria y situación política en el país o región).

Pues bien, cuatro proyectos de la muestra se valoraron como «satisfactorios» en términos de sostenibilidad. Cinco proyectos presentaban «insuficiencias menores», dos de ellos «insuficiencias graves» y uno se consideró «insatisfactorio». En siete proyectos, no fue posible realizar una evaluación, por distintos motivos: en tres de ellos, porque se encontraban todavía en una fase inicial de la ejecución; en dos, debido a que la información disponible no era suficiente; y en otros dos, porque no habían logrado sus principales objetivos y no se disponía de resultados que pudieran ser sostenibles.

Eficiencia

En consonancia con el Reglamento Financiero, en el contexto de la presente fiscalización la eficiencia fue definida como la mejor relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. El Tribunal quería determinar en qué medida las evaluaciones y el control de los costes por la Comisión garantizaban que los costes detallados en los presupuestos e informes financieros guardaran una relación razonable con los servicios prestados. En este contexto, se hallaron ejemplos de proyectos con indicaciones de relaciones costes- resultados subóptimas, y en particular casos de costes administrativos elevados.

En nueve de los 19 proyectos examinados se detectaron niveles de costes elevados sin prueba alguna de su repercusión en la mejora de los servicios prestados. Debido a la insuficiencia de los datos aportados en los informes financieros, resultó imposible evaluar siete proyectos.

Conclusiones

Las conclusiones del Tribunal son las siguientes:

a) La fiscalización de una muestra de proyectos confirmó que la Comisión no recibe suficiente información a su debido tiempo a través de los informes de las Naciones Unidas. Gran parte de los informes siguen sufriendo retrasos, no son lo suficientemente detallados o se centran en las actividades en lugar de en los resultados.

b) Se observaron frecuentes insuficiencias en la concepción de los proyectos que incidieron negativamente en la ejecución y evaluación de los mismos.

c) Al canalizar los fondos a través de las Naciones Unidas, la Comisión ha prestado ayuda en zonas a las que de otro modo le habría sido muy difícil acceder. Dado el elevado riesgo inherente en los países afectados por conflictos, las actividades financiadas tuvieron una incidencia positiva global, y diez de los 19 proyectos de la muestra alcanzaron la totalidad de los objetivos, o como mínimo los principales.

d) En la mayoría de las intervenciones realizadas en Sudán, Afganistán e Iraq se prolongó el período de ejecución previsto, en general debido a que en los acuerdos de contribución se subestimó la difícil situación de estos países y se fijó un calendario poco realista. Cuatro de los 19 proyectos se ejecutaron en el plazo inicialmente previsto, mientras que varios proyectos duraron más del doble de lo estimado en un principio.

e) Dadas las circunstancias problemáticas en las que se ejecutaron los proyectos, en general resulta difícil garantizar la sostenibilidad de los resultados. Sin embargo, se consideró que en su mayor parte tenían oportunidades razonables de sostenibilidad.

f) La Comisión no se ha centrado lo suficiente en los aspectos vinculados a la eficiencia debido a que las evaluaciones de costes llevadas a cabo eran limitadas y no habían sido sistemáticamente documentadas. Además, el Tribunal detectó deficiencias en este ámbito en la mitad de los proyectos de la muestra, mientras que en siete proyectos no se contaba con información suficiente.