El diario El País se hace eco del informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Se trata de la tercera ronda de evaluación, aprobada por el GRECO en su 50ª sesión plenaria, celebrada en Estrasburgo el 1 de abril pasado.

En el portal institucional puede seguirse el status de los diversos países miembros con sus respectivos informes, donde por cierto algunos de los 49 Estados miembros del Consejo de Europa no aparecen evaluados en ninguna de las tres ocasiones, como Bielorrusia, Bosnia, Georgia, Rusia y Ucrania, además de los paraísos de Mónaco, Liechtenstein, San Marino o Suiza. Dentro de los los países grandes destaca la ausencia de Italia, que carece siquiera de informe de evaluación ni de seguimiento de recomendaciones.

Respecto al Informe de Cumplimiento de España, tiene dos partes que analizan de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para poner en práctica las 15 recomendaciones formuladas en 2009 (las anteriores datan de 2000 y 2003) por el Informe de Evaluación de la Tercera Ronda en España, que abarca dos materias diferentes, a saber:

-Tema I: Implantación de penas por conductas de la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción.

-Tema II: Transparencia de la financiación de los partidos: recomendaciones sobre normas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.

El documento concluye que España sólo ha ejecutado de forma satisfactoria cinco de las quince recomendaciones del Informe de Evaluación de 2009. 

Así, respecto a la primera materia, la penalización de las conductas previstas en el Convención de Derecho Penal sobre Corrupción, tres recomendaciones se han aplicado satisfactoriamente, dos se han abordado de manera satisfactoria y cuatro se han aplicado parcialmente.

En cuanto a la segunda materia,  la Transparencia de la financiación de los partidos, tres recomendaciones se han aplicado parcialmente y otras tres no se han aplicado en absoluto.

España ha introducido importantes mejoras en cuanto a la penalización del soborno, según lo dispuesto por las últimas modificaciones al Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010. Además, España ha ratificado el Convenio penal sobre la corrupción y su Protocolo Adicional en 2010 y 2011, respectivamente. La adhesión a estos dos instrumentos, que el GRECO considera “vitales en la lucha contra la corrupción” ha preparado las condiciones para hacer nuevos ajustes a la legislación nacional, incluidas las relacionadas con el soborno de funcionarios extranjeros y organizaciones internacionales, la corrupción de árbitros y miembros del jurado.

Aunque la criminalización de la corrupción en España cumple en gran parte a los requisitos de la Convención, para el GRECO “siguen siendo necesarios algunos ajustes legislativos en cuanto a las infracciones de tráfico de influencias y la corrupción en el sector privado”.

Partidos políticos

Los avances realizados en materia de transparencia en la financiación de los partidos políticos son mucho más modestos. Aunque el GRECO “acoge con satisfacción el interés demostrado por el Tribunal de Cuentas a las cuestiones planteadas en el Informe de Evaluación se considera que España debe tomar iniciativas más decisiones en este ámbito, incluyendo (como mínimo) cambios de legislativos con el fin de mejorar la transparencia de las cuentas de los partidos políticos y las campañas, reduciendo así las oportunidades de corrupción en un sector que se identifica como especialmente proclive”.

Para GRECO, estos cambios deben centrarse en las siguientes áreas: la regulación de los préstamos, la consolidación de las cuentas de los partidos políticos (que debe incluir los ingresos y gastos detallados de las sucursales locales y las entidades o fundaciones vinculadas), el fortalecimiento del control interno de los partidos políticos, el desarrollo de un sistema más amplio de sanciones y la mejora de los recursos del Tribunal de Cuentas que mejore las condiciones para cumplir con sus responsabilidades de supervisión y sanción. Como ya hemos comentado en la bitácora, el Tribunal no ha tenido colaboración suficiente ni podido cruzar datos con el Banco de España que ha negado información sobre los créditos de los partidos por lo que había aprobado el 24 de junio pasado 15 propuestas de modificación legislativa en materia de financiación electoral que se derivaban de su Informe de Fiscalización de las contabilidades de las elecciones Generales de 2008.

Recordemos que el órgano fiscalizador ya señaló que, con carácter general, las cuentas anuales de los partidos no representan en toda su amplitud la actividad económico financiera de la organización local ni la de los partidos en los ayuntamientos.

En resumen …

Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, el GRECO da una de cal y otra de arena y señala que España ha hecho esfuerzos concretos para aplicar las recomendaciones sobre tipificación y penalización de prácticas corruptas, por lo que “debe felicitar a las autoridades por sus esfuerzos en esta área”. Sin embargo, se tomaron pocas medidas para disipar los temores sobre transparencia de la financiación de los partidos, donde “aún queda mucho por hacer en este ámbito por lo que invita a la delegación española a presentar información adicional sobre la aplicación de las recomendaciones antes del 31 de octubre de 2012.

El asunto permite al Editorial de El País concluir:

El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.