Partidos políticos, 2006

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en su sesión de 25 de febrero pasado, el Informe de fiscalización de las cuentas Anuales de los Partidos Políticos del ejercicio 2006, en el que se exponen los resultados del análisis de la contabilidad de 17 formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados y 14 formaciones con presencia en las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Como Anexo incluye las Cuentas Anuales aprobadas por cada una de las formaciones políticas fiscalizadas.

El trabajo ha tenido como objetivos principales verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos, norma vigente durante el ejercicio fiscalizado y actualmente derogada por la Ley Orgánica 8/2007. Además, se pretendía evaluar la representatividad de las Cuentas Anuales en función de las salvedades detectadas y de las limitaciones existentes.

El informe, como en años anteriores (ver reseña del año pasado) recoge en apartados independientes los resultados obtenidos para cada una de las formaciones políticas fiscalizadas, resumiendo los aspectos más relevantes.

Donativos

El 2006 fue el último ejercicio completo durante el que los partidos pudieron recibir donaciones anónimas, ya que en mayo de 2007 el Parlamento aprobó una reforma de la ley de financiación que prohibió ese tipo de aportaciones.

El informe encuentra que el partido Unió Democràtica de Catalunya (UDC) había aceptado un donativo de 196.000 euros, una cifra que supone más del triple de los 60.000 euros que la antigua ley de Financiación de Partidos Políticos establecía como límite para que una sola persona física o jurídica done a un partido político.

Si bien Uniò Democrática alegó que ese ingreso corresponde a “cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales”, el Tribunal de Cuentas no considera “suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja a efectos contables” pues fue directamente a la caja del partido, y no a cuentas bancarias como es obligatorio por ley.

En consecuencia, el órgano fiscalizador estima que existe una infracción que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 8 de la Ley de Financiación de Partidos de 1987, está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada. La aportación supera en 136.000 euros los 60.000 que establece la ley, por lo cual el informe concluye, en la página 140, lo siguiente:

En consecuencia, este Tribunal estima que existe una infracción que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica, está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este caso se cuantifica en 271.797,58 euros.

De esto, toda la prensa concluye, con gran precipitación -a mi juicio- que “el Tribunal sancionó con una multa” a la citada formación política. Yo no lo veo así. Por lo menos sólo con la sola lectura del informe, que únicamente “estima” (sic) una ilegalidad sancionable. Tendremos que esperar a conocer un procedimiento distinto. Lo mismo para los otros dos partidos aludidos por los medios de comunicación.

Donativos sin justificar

En efecto, la formación nacionalista catalana no ha sido la única que violó la normativa relacionada con las donaciones. El Partido Comunista de España y Ciutadans-Partido para la Ciudadanía no aportaron el acuerdo de los órganos sociales de personas jurídicas que decidieron hacerles donativos.

Así, el PCE figura con 9.000 euros sin esa correcta justificación y a la que correspondería un multa de 18.000 euros, cifra correspondiente al doble de la aportación “ilegalmente aceptada”. Por su parte, Ciutadans aceptó 383,80 euros en la misma situación.

Conclusión

Por último, el órgano fiscalizador señala que, con carácter general, las cuentas anuales de los partidos no representan en toda su amplitud la actividad económico financiera de la organización local ni la de los partidos en los ayuntamientos, carencia que adquiere una especial importancia por lo que se refiere a las cuotas de los afiliados recaudadas en esos ámbitos y a las derivadas de la adquisición de inmuebles para sedes y su financiación. Por último, se queja de que en la mayoría de los partidos con representación en el Parlamento Europeo, no figura la contabilidad de sus respectiva representaciones parlamentarias en la Eurocámara.

El Tribunal, además, incorpora una declaración que “lamenta profundamente que en determinados periódicos de ámbito nacional se haya divulgado información provisional obtenida de los trabajos preparatorios del informe” ¿A qué se refiere? Pues a los dos principales medios escritos de España, que avanzaron, un mes antes, los resultados de la fiscalización con distinta sensibilidad … Nada es más sonrojante que ver las maniobras de algunos consejeros buscando una nueva designación para otros nueve años.

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Antonio Arias Rodriguez

Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

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