La cigarra y la hormiga

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Lo mejor son los anuncios del RAI !!!

El Real Dcreto-Ley 5/2009 aprobado el viernes pasado, para facilitar a las Entidades Locales (EELL) el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos viene a modificar la autorización a los ayuntamientos que hubieran liquidado el ejercicio 2008 con remanente genérico de tesorería negativo o tengan obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto, para concertar una operación extraordinaria de endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegure la capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido, que no podrá ser superior a seis años y con la condición de aplicar los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes.

Esto supone una modificación radical de los límites de endeudamiento local, en el marco de la extraordinaria crisis financiera que estamos sufriendo. Como las EELL todavía son más solventes que sus asfixiados proveedores, se pretende aumentar sus posibilidades de crédito para inyectar liquidez al chirriante sistema. Veremos que pasa, pues su aplicación plantea muchas dudas. Ya hemos comentado en otra ocasión las dificultades financieras que están sufriendo nuestros ayuntamientos. Como recuerda el economista Vicent Gisbert, en un reciente artículo, durante el período expansivo 2001-2005, “se ha primado la filosofía de la cigarra frente a la filosofía de la hormiga”. El gasto corriente ha crecido en función de un ingreso extraordinario vinculado al ladrillo y, por ello, ahora se tiene dificultad en financiarse. Según el informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, un 56% del gasto es de funcionamiento (un 48,5% de personal) frente a la inversión (27,3%).

Mapa de la rendición de cuentas en Madrid

Morosos también en rendición

Como puede verse en el mapa superior, a 31 de diciembre de 2008, el 57% de las Corporaciones locales de la Comunidad de Madrid, todavía no habían rendido la Cuenta General del ejercicio 2006 (lo verde). Se trata de un total de 124 Entidades, de acuerdo con el informe de las Cuentas Generales de las Corporaciones Locales correspondientes al ejercicio 2006.

La estadística madrileña presenta una rendición dentro del plazo legalmente establecido, de sólo un 6% del total de Entidades Locales madrileñas. Como dice el informe: “Una vez finalizado el plazo legal se envió escrito de reclamación de cuentas por parte de la Cámara de Cuentas a la totalidad de Entidades Locales que no habían cumplido con la obligación de rendición. Como respuesta a estos escritos se elevó el porcentaje anterior hasta el 39%, en la fecha tomada como límite para el alcance de la fiscalización en este informe, 31 de agosto de 2008”.

Es cierto que, cumpliendo en plazo el gran Ayuntamiento madrileño, las estadísticas siempre serán favorables en términos de presupuestos globales de la región. Sin embargo, algo está pasando cuando la dejadez en los plazos es la norma en los ayuntamientos pequeños.

Así, el 63,2 por ciento de municipios andaluces, esto es, un total de 487 localidades, no habían rendido aún sus cuentas, correspondientes al ejercicio 2006, ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Durante el ejercicio 2006 ha entrado en vigor la nueva normativa que ha implicado la rendición en soporte informático. Esto parece haber ocasionado una gran dificultad en los ayuntamientos más pequeños para acceder a la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas de Entidades Locales.

Plural: 16 comentarios en “La cigarra y la hormiga”

  1. Me surgen varias dudas, En efecto.

    La verdad es que el RDL me ha resultado sorprendente y creo que técnicamente tiene varias cosas reprobables, al menos desde mi punto de vista como Interventor Local, por ejemplo:

    El art. 1 no habla de OOAA ni de Sociedades, ¿y los consorcios? la DA única parece que los nombra…pero esta hermeneútica imaginativa me parece que no es la más adecuada.

    Se premia al mal gestor, como siempre, en detrimento del cumplidor, conservador y riguroso.

    Presupone que el Remante de tesorería de gastos generales está bien calculado ( saldos de dudoso cobro y desviaciones de financiación.). Eso sí es consciente que además de la contabilidad A está la B o “el cajón de facturas“, por lo que reconoce que no está bien calculado.

    Precisamente en relación al cajón de facturas, está amparando sólo lo que a 31/12/08 quedó registrado en la cuenta 413 … porque ni todo el mundo la utiliza, ni la utiliza de igual modo. En muchos casos en la 413 hay un importe y en el cajón otro. A veces los gastos sin crédito, sin procedimiento, etc, encubren actuaciones ilicitas desde diversos puntos de vista e incluso penales … El RDL da por supuesto que se aprueba todo ¿Reconocimiento extrajudicial de Credito incluido?

    Art. 2 segundo párrafo … financiar deuda extrapresupuestaria con Capítulo IX genera necesidad de financiación..que pasa a 31 del 12????

    No se coordina las operaciones con los ratios del art. 53 del TRRLHL, ni con la LGEP. Supongo que no se aplican a esta operación, eso parece deducirse del art. 7.1.

    ART. 5.- Parece que se trata de un préstamo francés, lo curioso es los dos años de carencia que debería matizar de amortización, pero claro, lo de los dos años me recuerda a lo que falta para las próximas elecciones locales.. el tema parece se trata de huir para adelante …

    Art. 6.- Esto es lo que más me gusta…es la primera vez que veo que una Ley dice y exige como tiene que ser el sentido del informe del Interventor.!!!!. Parece que lo ha redactado un Alcalde!

    Art. 7.2.- Esto también me resulta gracioso …si no se comunica en un mes nulidad del acuerdo con condición resolutiva automática, pero si en ese mismo plazo temíamos que pagar a los proveedores, si hemos pagado como restituimos las cosas a la situación precedente…. es inclreible…quizá pidiendo otro préstamo …

    Art. 8.- Lo del plazo del mes para pagar….que sucede si el remanente de tesorería pese a ser negativo está inflado..?.sencillamente que seguirá la entidad sin poder pagar a todos los acreedores…otro aprieto..ahora para el Tesorero..pero pidiendo certificaciones se arreglan las cosas.

    Con los proveedores que están meses y meses a la espera del cobro y resulta que los que vienen de las facturas al cajón se ponen delante,..me suena a publicidad, concurrencia y no discriminación….

    Art. 9.- Lo del plan de saneamieto me tiene desconceradísimo, por mucho que diga la DF primera que son independientes de los previstos en el TRLRHL y de los PEF del TRLGEP, que permanecen vigentes..si estos son algo más que un papel necesariamente se ven afectados por cuanto que se tiene que presupuestar según el Plan de Saneamiento del RDL 5/2009, por tanto afecta a los aprobados previamente al incluirse más deuda y más gasto o al limitar las inversiones…y encima como corolario además de obligar al interventor informa FAVORABLEMENTE, cuando en muchos casos verá que el barco se hunde y lo pondrán entre la espada y la pared, encima tras cada liquidación tiene que efectuar un informe evaluando su cumplimiento. CURIOSO.

    Resulta llamativo como se avoca las competencias de tutela financiera para el Ministerio de Economía y Hacienda. Seguro que por alguna región esto no hace mucha gracia.

    Vamos creo que en vez de intentar poner orden y buscar una solución a la financiación local se invita a los EELL a huir hacia delante y ya veremos … la incognita puede ser ¿cuanta deuda extrapresupeustaria puede estar circulando por ahí?

    ¿No sería mejor buscar una solución más estructural que coyuntural?
    ¿No hubiera sido más lógico y coherente con la legalidad haber autorizado durante dos años llegar a un ahorro neto negativo del 2% de los recursos corrientes liquidados, o permitir aumentar temporalmente el stock de deuda por encima del 110% o permitir un déficit excepcional en los términos del TRLGEP superior al 4,81% de los ingresos no financieros que creo que es el último para las liquidaciones de 2008?

    Muchas dudas. Ya lo sé.

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  2. Si los datos aportados por Vicent Gisbert son extrapolables al restos de los municipios españoles, con estos numeros ¿para que quiero yo economistas?. O sea con ingresos extraordinarios financio gastos de estructura. Buena formación economica. Y eso que soy de letras.

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  3. A mí no me gusta tampoco técnicamente el RDL.

    Como bien dice el compañero ut supra, premia a los incumplidores, a los malos gestores, a quienes han prescindido de una adecuada planificación financiera, o a quienes la han pisoteado.

    El RDL me suscita también algunas dudas:

    – ¿los préstamos a concertar serán presupuestarios o no presupuestarios? Me inclino, desde luego, por lo primero, pero pienso que no tiene mucho sentido que un préstamo que se incorpore al prespuesto vía capítulo IX financie operaciones que ya tuvieron cobertura en el presupuesto pues figuran en la contabilidad como pendientes de pago….

    – el RD de aplicación de LEP establece que el informe del Interventor tiene que ser independiente (¿presupone que el resto de los que se emiten no lo son?), pero esta norma la supera ya que exige que sea favorable…

    -cómo poner en relación y coordinar los planes financieros que derivan del TRLRHL, LEP, este RDL, y la legislación urbanística? …

    Me gustan, sin embargo, del RDL otras cosas:

    -Se facilita el pago a acreedores de deudas en estos difíciles momentos.

    -Se pone entre la espada y la pared a los incumplidores para que afloren las obligaciones no reconocidas, previa posada en la cuenta 413 y el oportuno sometimiento al pleno para acordar su reconocimiento extrajudicial,

    -Se pone en evidencia y se castiga abiertamente a aquellos gestores que han maquillado los remanentes líquidos de tesorería ….aquellos cuyas entidades carecen de liquidez pero que sorprendentemente cuentan con un RLT para gastos generales positivo….

    En lo que respecta a los gestores hubiese sido más justo tomar como límite máximo las cifras de RLT de la liquidación de 2007….o de la última que tengan aprobada y remitida a las Admones de tutela.

    Hubiese sido también muy recomendable que:

    – fuese requisito imprescindible para acceder a estas operaciones (así como al FEIL, y a las subvenciones en general) que la corporación tuviese aprobada y rendida la cuenta general de 2007.

    – que se hubiese establecido (una especie de ley de punto y final) unas muy graves consecuencias para los gestores que incurriesen nuevamente en obligaciones sin la correspondiente consignación presupuestaria o prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

    -que se hubiese establecido un criterio obligatorio respecto de las dotaciones a considerar como de dudosa recaudación….Eso -a mi juicio- no debe quedar al arbitirio de las corporaciones, ni ser sólo una recomendación de los OCEX.

    Creo que es muy de agradecer el esfuerzo del Gobierno ante esta crisis económica, pero que alguna de las medidas que se están adoptando técnicamente son muy discutibles y generan muchas dudas…Dan la impresión de que son medidas poco estudiadas e improvisadas. El tiempo juzgará…Yo desde ya estoy previendo -y no soy adivino- que las liquidaciones presupuestarias de 2008 se van a aprobar antes que nunca, y que van a arrojar las peores cifras de RLT de los últimos años y no sólo por la crisis…

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  4. Suscribo totalmente las opiniones de los compañeros sobre la parquedad, falta de concrección y falta de compatibilidad normativa del Real Decreto Ley 5/2009 …. Os dejo aquí otras reflexiones para conocer vuestras opiniones:

    – En cuanto a los gastos de ejercicios anteriores no imputados a presupuesto entiendo que no só lo financian el incluido en la cuenta 413 si no todas aquellas “facturas del cajón” (p. ej. aquellas del 2008 con registro de entrada 2009)

    – Si a través del reconocimiento extrajudicial se financian gastos corrientes con la operación de crédito, deberá tramitarse el expediente de crédito extraordinario. Esto en teoría requeriría dar cumplimiento a los límites marcados por el artículo 177.5. Entiendo que tampoco son aplicables estos límites ya que supondría reducir el plazo de los seis años, pero tampoco sobre este extremo se pronuncia el RDL

    – El art. 9.2 indica que la generación de remanente negativo en el periodo de saneamiento supondrá la prohibición de financiar inversiones con endeudamiento. ¿Si la operación es sólo por las facturas pendientes de aplicar a presupuesto también sería esto de aplicación? Y si sólo se financia parcialmente el remanente negativo, ¿sólo se incurre en esta prohibición si se genera por importe superior al que has pedido la operación o si en cualquier caso es negativo? Como bien habéis comentado, mucho me temo que esto ocasionará cambios en la dotación de duduoso cobro o dejar facturas en el cajón para “maquillar el remantente”.

    – Otro absurdo…, si una entidad pide la operación para financiar el total del remanente ¿qué sentido tiene un plan de saneamiento a seis años si para poder financiar inversiones con endeudamiento el primer año ya tienes que tener remanente positivo?

    Esperemos que desde el Ministerio maticen algo más pq está claro que tal y como está redactado el Real Decreto Ley deja muchos cabos sueltos y esperemos que sea con cierta premura porque de lo que no cabe duda es que nos toca abordar en un tiempo record una lista de tareas bastante amplia (liquidación, reconocmiento extrajudicial, operación de crédto, depuración de obligaciones, compensaciones….)

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  5. ¿Por qué el sector público permanece ajeno (más bien alelado, diría) como si la crisis no fuese con él … cuando probablemente, su manifiesta ineficiencia -que no su existencia y funciones- sea una de las importantes causas que la genera?

    Bueno, y a la vez que se introduce -artificialmente- más agua en el río, ¿por qué no se dedican más esfuerzos a limpiarlo de tanto lodo y piedra enquistados de forma creciente en su interior?.

    En particular, ¿por qué no se hace un gran pacto en el sector público (de toda naturaleza, color y ubicación geográfica) para racionalizar sus relaciones laborales a través de planes de empleo u otros (1)?, ¿por qué no se plantea la posibilidad de realizar fusiones (al menos, consorcios o convenios para compartir recursos materiales y humanos) que redunden en economías de escala y/o de alcance y, por ende, en reducciones de costes que lo hagan más llevadero?

    En definitiva, si se hace lo uno -más deuda no asociada a inversión (2)– sin lo otro -medidas “reales” de reducción del gasto corriente- el río terminará desbordado, si no es que lo está ya. No querer aceptar esto sólo es alargar la agonía y/o anticipar el óbito … (algún artículo en prensa sugiere la inviabilidad financiera futura de algunas unidades político-administrativas actuales).

    Respecto al RDL objeto del post comparto los comentarios anteriores y creo que, puestos a bajar la guardia en la disciplina (estabilidad) presupuestaria, se podrían haber posibilitado o compaginado otras medidas excepcionales distintas del préstamo a devolver en el plazo de 6 años (momento en el que, muy probablemente, las facturas impagadas sumarán igual o bastante más que ahora), como permitir la enajenación de patrimonio (municipal del suelo o no) para directamente financiar gasto corriente y/o operaciones de lease back, que, por cierto el sector privado (bancos y empresas) está utilizando actualmente con cierta prodigalidad para sortear el chaparrón.

    Saludos cordiales.

    (1) Digo esto con la honda esperanza de que, algún día, la triste “sospecha” de ineficacia que socialmente suele recaer sobre el funcionariado, simplemente por serlo, mute hacia una “garantía razonable” de buen hacer en beneficio de la sociedad.
    (2) Considero muy conveniente que el sector público promueva en este momento grandes proyectos de inversión.

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  6. Hola a todos, después de leer el Real Decreto Ley 5/2009 creo que no es tan novedoso en cuanto a la concertación de operaciones de crédito para enjugar remanentes de tesorería negativo, ya que ésta posibilidad ya estaba prevista en el art. 193 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, si es cierto que no limita su importe y amplía el plazo de amortización, pero la idea principal no es “el invento del siglo”.

    Para el caso en el que no existan obligaciones pendientes de pago sin contabilizar (cajón) y el Remanente esté bien calculado se contabilizaría en 9 de ingresos y a pagar a los sufridos proveedores.

    En caso contrario tendríamos que ir al crédito extraordinario y en su caso, al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

    En cualquier caso, tendremos que informar igualmente los ratios normales de capacidad de endeudamiento del ayuntamiento (ahorro neto, fundamentalmente), no hacerlo argumentando que se trata de una operación que tiene un régimen excepcional sería poco prudente, cuando no un suicidio. lo que nos lleva al supuesto que comentaba una compañera, si el Ayuntamiento no tiene posibilidades de enjugar todo el remanente, partimos ya de una situación de remanente negativo.

    Lo que si me tiene verdaderamente asombrado, es la amalgama de planes de saneamiento que se pueden llegar a exigir … y su coordinación pese a ser independientes. Si me gusta la idea del control efectivo del cumplimiento del plan que hay que elaborar al formalizar la operación, ya que el político se olvida pronto de ellos.

    Creo que también hemos de comentar la segunda medida que contiene el Real Decreto Ley, esto es, la línea de avales que el ICO va a poner a disposición de los proveedores de los ayuntamientos al objeto de que los bancos les descuentes sus facturas. Por mi experiencia, cuando el Ayuntamiento no puede atender los endosos a su vencimiento, el proveedor renueva el mismo hasta que pagamos con muchísima dificultad.

    Pues ahora cuando llege el vencimiento del endoso se ejecutará el Aval y nos detraerán del pie mensual una cantidad a determinar ( espero que no el 100%), y esto creo que va a ser el tiro de gracia para los ayuntamientos.

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  7. Dice la Instrucción de Contabilidad Local (BOE de 9 de diciembre de 2004):

    “ … destaca la creación de la cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, para recoger obligaciones vencidas a final del ejercicio que corresponden a gastos realizados o bienes y servicios recibidos durante el mismo, que no han podido aplicarse al Presupuesto del ejercicio, siendo procedente dicha aplicación (*). Asimismo, se incluye la cuenta 411 “Acreedores por gastos devengados” para reflejar los gastos (no financieros) devengados y no vencidos a final de ejercicio.”

    (*) “Siendo procedente dicha aplicación” (¡) …

    Como suele ocurrir tantas veces en la contabilidad de las administraciones públicas, podemos encontrarnos ante una “colisión” …, a saber:

    -Visión jurídico-formal: se trata de gastos contraídos sin crédito presupuestario y/o sin contrato adecuado, por lo que no tendría sentido que una administración pública -que debe actuar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico- refleje contablemente un hecho que podría resultar nulo o anulable.

    – Visión económico-real: con crédito presupuestario o sin él, con contrato o sin él, la administración pública ha recibido y dispuesto de bienes y/o servicios susceptibles de valoración económica (que, antes o después, terminará pagando, pues no puede incurrir en enriquecimiento ilícito) que han incrementado el coste de las actividades que realiza.

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  8. Esa “colisión” a la que se refiere Javier Grandío me recuerda el chiste que le oí contar en su día a Antonio Garisa.

    No debería ocurrir, pero ocurre ocasionalmente en las Admones Públicas, que determinados gestores la hacen incurrir (bajo su responsabilidad, desde luego) en gastos e incluso en inversiones que o bien no cuentan con la debida consignación presupuestaria, o bien no han sido objeto de la adecuada tramitación administrativa.

    La contabilidad debe reflejar estas operaciones, sin perjuicio de las obligaciones en que se haya podido incurrir.

    El Chiste de Garisa
    Un Policía Municipal (me lo imagino un poco como era Garisa, con uno de esos enormes cascos blancos que llevaban los “municipales” de la época), se acerca a un hombre que está miccionando en la vía pública, y le dice considerablemente alterado:
    “¿¿¿No sabe usted que no se puede orinar en la vía pública???”
    Y el ciudadano, muy tranquilo, le contesta:
    “¿que no se puede…? ¿que no se puede…?…Pues, fíjese bien cómo lleva de salpicados los zapatos…”

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  9. Personalmente abogo, de manera decidida y sin matices, por que dichas obligaciones (las derivadas de gastos/inversiones sin crédito presupuestario y/o sin adecuada tramitación administrativa) -responsabilidad administrativa y/o penal de autoridades y/o funcionarios, en su caso, mediante (o sin mediar)- se reflejen en la contabilidad de la AAPP.

    Al comentar la “colisión” que esta cuestión provoca en la contabilidad de las AAPP, quise referirme -a mi manera- al debate suscitado en su momento en la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, creada en el seno de la IGAE, que posteriormente inspiró el Plan General de Contabilidad Pública de mayo de 1994 y la propia Instrucción de Contabilidad Local de noviembre de 2004.

    En el Anexo I del documento final de esa Comisión puede leerse:
    “la norma general de reconocimiento contable de las obligaciones contraídas se elaboró en torno al principio de legalidad que debe de presidir toda actuación de una entidad pública. De esta forma se intenta maximizar los supuestos en los que el efecto contable es síncrono con el efecto jurídico derivado de la aplicación de la normativa vigente”.

    Posteriormente, dice: “respecto al tratamiento que debe tener en la «fecha de corte de las operaciones» aquellos bienes y servicios efectivamente recibidos para los que aún no se ha dictado el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de obligaciones, se plantearon dos alternativas:

    – No registrar dichas operaciones hasta que no se dicten los correspondientes actos administrativos.

    – Registrar dichas operaciones en cuentas que reflejen obligaciones no presupuestarias.

    En primer lugar es necesario señalar que, a nivel teórico, la problemática que se plantea no es exclusiva de la fecha de cierre del período sino también podría producirse en cualquier momento del ejercicio en el que existiese una diferencia temporal entre la entrega efectiva del bien o prestación real del servicio pactado y la expedición del correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación.

    La solución teórica podría pasar por utilizar siempre la segunda de las alternativas mencionadas, pero dicho mecanismo supondría, en opinión del grupo de trabajo, una aplicación excesivamente estricta de la «realidad patrimonial». Esta paridad teórica convertiría el «remedio contable» en una «enfermedad burocrática» difícilmente asumible, además de ser, cuestionable a nivel jurídico. A este respecto los miembros del grupo han tratado en todo momento que las recomendaciones elaboradas se basarán en el principio de legalidad que debe de presidir toda actuación en un ente público y permitiesen una conciliación entre el efecto contable y el efecto presupuestario en el registro de las distintas transacciones.

    Así, en las operaciones que se producen antes del cierre del período, la alternativa que se ha considerado como más correcta ha sido la correspondiente a la regla general antes expuesta, dado que la diferencia temporal a la que hemos aludido tiene una importancia poco significativa. En consecuencia, sólo en el caso que la operación se produzca «interperiodos» es donde cabe plantearse el registro contable más correcto a realizar: o aplicar la regla general (primera alternativa citada) o elaborar una excepción general a dicha regla (segunda alternativa).

    Ante esta especial situación, el grupo de trabajo consideró que debe de existir una prevalencia hacia las prácticas contables que reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Dado que la primera de las alternativas planteadas, si bien consigue la conveniente convergencia entre el ámbito contable y presupuestario, supone una carencia importante de información, se estimó como más correcta la segunda de las disyuntivas expuestas anteriormente. Consecuencia de su aplicación es el registro de las inversiones o gastos en el ejercicio en el que se produce la corriente real de bienes o servicios. La cuenta representativa de obligaciones no presupuestarias se saldará cuando se dicte el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de las pertinentes obligaciones.”

    Por otra parte –como ya señalara Antonio Arias en otro post de esta página http://www.fiscalizacion.es/?p=1357- el reconocimiento “no presupuestario” de los gastos e inversiones efectivamente realizados, en ocasiones, también puede originar algunas contradicciones formalmente irresoluble en la correcta aplicación de leyes o normas que –curiosamente- emanan de un mismo Ministerio (de Economía y Hacienda), por ejemplo, entre otros: el caso de adquisiciones intracomunitarias (en las que la cuota de IVA soportado debe ser autorrepercutida por el adquirente en el momento de la recepción), o también en el caso de facturas en las que la cuota de IVA soportado tuviese carácter de deducible.

    En qué momento, en uno y otro caso, se pagará o se deducirá la cuota de IVA, si el acto administrativo no se dicta hasta pasados meses y/o años y/o hasta que llueva del cielo un RDL como el 5/2009?. ¿Está conforme la Agencia Tributaria con cualquiera de las decisiones que se tomen al respecto?

    Saludos cordiales.

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  10. http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/13/pdfs/BOE-A-2009-7940.pdf

    En el Boe de hoy 13/05/09, se ha publicado la
    Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título 1 del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.
    En este entre otras cosas podemos ver la estructura del Plan de Saneamiento de cumplimiento .. me temo que esto confirma nuestras dudas.
    Un saludo a todos.

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  11. Algunas de las referencias al “Interventor” o “Intervención” del RDL 5/2009 y, especialmente, en cuanto al órgano responsable de emitir algunos de los “certificados” previstos en los anexos de la Resolución de 5 de mayo de 2009, ¿no deberían ser al “Órgano de la entidad local que, legalmente, tenga atribuida la función de contabilidad”?, en lógica concordancia, entre otras, con las Reglas 8 y 100 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local?

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  12. El próximo día 5 de junio de 2009 (hora de inicio; 9 de la mañana) en el Salón del Claustro de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz va a tener lugar una JORNADA TÉCNICA SOBRE EL RDL 5/2009, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA FACILITAR A LAS ENTIDADES LOCALES EL SANEAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, Y SOBRE LA ORDEN EHA/3565/2008 POR LA QUE SE APRUEBA LA (NUEVA) ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.

    La Jornada Técnica parte de la iniciativa conjunta del SPRyGT de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y de este Colegio Oficial y va a contar con dos ponentes de primer orden que conocen muy en profundidad las materias objeto de análisis

    Dª Purificación Sánchez López, Subdirectora General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda,
    Dª Raquel Losada Muñoz, Subdirectora General Adjunta de Estudios Financieros y Locales del Ministerio de Economía y Hacienda.
    La matrícula por asistencia es gratuíta, si bien debido a la limitación del aforo de la sala (120 personas), se respetará en cuanto a la admisión el riguroso orden de inscripción.

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  13. He leído su interesante blog y sus acertados comentarios relativos al RDL 5/2009.
    Pero la duda que me planteo es la siguiente:

    ¿Cuál es el límite máximo que se permite alcanzar a la cuenta 413, de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto?

    ¿Existe un límite temporal, és decir, deben ser contabilizadas en el presupuesto del ejercicio siguiente, o se pueden ir acumulando operaciones, año tras año, de manera ilimitada?

    ¿Hay alguna norma específica para limitar el uso de la cuenta 413?

    No he encontrado norma estricta al respecto.
    Me temo que a las del año pasado (las de la 413, que se pagaron de manera extrapresupuestaria) se les añadiran las del actual y a este ritmo las de años sucesivos.

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    1. Me respondo a mi mismo.
      Después de varias consultas, en y de plantear la cuestión a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, la respuesta fue: Es un debate interesante y a la vez sorprendente.
      O sea, los ayuntamientos necesitan sólo dos cuentas: en el Haber, la 413-OPA y en el Debe, la 555-pagos pendientes de aplicación.
      Huelgan más comentarios.

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