Anticrisis y anticresis

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El diario digital Fianzas.com reproduce una entrevista con el Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Nuñez. En ella, se pasa revista al programa de fiscalizaciones del Tribunal para 2009 y la fiscalización que va a efectuar de las medidas anticrisis del Gobierno español.

Al respecto, el Presidente del Tribunal de Cuentas afirma: 

Los decretos aprobados por el Gobierno establecen que el control se realizará por el Banco de España, la Intervención General del Estado, el Parlamento y el Ministerio de Economía. Pero el Tribunal de Cuentas no está presente (..) ¿Un olvido? Pues deseo pensar que sí, pero entonces se ha de subsanar. Las competencias las otorga la Constitución al Tribunal de Cuentas, y estamos tanto legitimados como obligados a fiscalizar esas medidas (..)  Pero hemos propuesto una fórmula alternativa, autorizada por la ley, y que es casi inmediata y urgente. Los organismos como el Banco de España presentarán informes periódicos al Parlamento y pueden mandar una copia al Tribunal de Cuentas. En un procedimiento especial, podemos hacer una primera evaluación sobre la marcha para que el Legislativo sepa cuál es nuestra valoración. Esto es lo que intentaremos hacer, pero a lo mejor el Gobierno se resiste“.

Las medidas adoptadas por el gobierno, a que se refiere Nuñez, tienen como objetivo final el restablecimiento del perfil crediticio de las entidades, para reforzar la confianza en el sistema financiero inyectando liquidez mediante subastas de dinero. Todo ello, dentro de un marco de gran dificultad para que las empresas obtengan financiación bancaria. De ahí, la importancia de los pagos regulares por parte de la Administración.

Morosa Administración

Morosa Administración

Durante la entrevista, Nuñez plantea la necesidad del cumplimiento estricto de los plazos de pago por las Administraciones Públicas, en especial los Ayuntamientos. Un asunto de gran actualidad. La semana pasada, el diario Expansión reconocía que el 82% de las empresas proveedoras de la Administración tienen problemas para materializar los cobros, que, en la mayoría de los casos (el 60%), tardan más de seis meses en ver el dinero.

Con tal motivo, ha surgido la Plataforma Anti-morosidad de las Administraciones (www.medeben.org) que va constituyendo sedes regionales en toda España. Dice contar ya con 50.000 empresas asociadas en toda España para reclamar de forma unitaria el pago de la deuda pendiente de los entes públicos a sus pequeños proveedores. Entre sus distintas iniciativas a poner en marcha se encuentra declarar el 14 de abril como Día Contra la Morosidad de las Administraciones designándolo “día de la caja vacía”, proponiendo a los ciudadanos que ese día no se pague ningún impuesto, ni tasa, ni multa, ni licencia.

www.medeben.org

Para evitar sanciones proponen pagar otro día que no sea el 14 de abril; La web afirma: “lo que se pretende es que el día 14 las ventanillas de cobro estén vacías como medida de protesta hasta que paguen todo lo que deben”. Quizás desconocen que ya no hay “ventanillas” y todo gira en torno a los bancos acreditados como Entidad Colaboradora.

El asunto me ha hecho recordar la vieja figura de la anticresis, por la cual (art. 1881 CC) el acreedor está autorizado a retener y explotar el inmueble que le ha sido entregado en anticresis, hasta el pago íntegro de su crédito. ¡Mano de Santo!  Pero, claro … eso sería demasiado. Imaginemos el contratista, al que deben el arreglo o la construcción de los urinarios del pueblo, cobrando un euro por entrar …

En Villanueva de las cruces, los fondos anticrisis se van a emplear en unos urinarios públicos. Tome nota el contratista:

Urinarios anticrisis

Plural: 4 comentarios en “Anticrisis y anticresis”

  1. Hay otro colectivo que lo está pasando peor. Se trata de los proveedores de las constructoras, de los que hoy comenta el diario Cinco Días “piden cobrar directamente del Estado“.

    Según cálculos de su patronal, Cepco, el plazo medio con el que están cobrando de las constructoras oscila entre los 223 y 250 días. El montante de la deuda que tienen las constructoras con los proveedores alcanza los 45.000 millones de euros, prácticamente el equivalente a lo que facturó todo el sector en 2007.

    Esta situación se produce a pesar de que el artículo 211 de la LCSP indica que los plazos de pago de subcontratistas y suministradores no podrán ser más desfavorables que los previstos para la Administración (60 días).

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  2. Sólo una apostilla, casi una perogrullada.

    Creo que la labor de fiscalización del TCu y de los demás OCEX debe estar supeditada a evaluar el presupuesto liquidado, tal como este ha sido aprobado y después ejecutado. Lo que no puede hacer el OCEX es crear unos objetivos “propios” ad hoc durante la fase de control.

    En otras palabras, la fiscalización debería centrarse en verificar los objetivos planteados a priori, partiendo de unos adecuados indicadores de desempeño (eficacia, eficiencia, economía). Pero claro, para ello antes el Gobierno y el Parlamento tendrían que haber hecho “sus deberes”, es decir, haber elaborado un presupuesto por programas, con objetivos medibles para facilitar el control externo ex post.

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  3. Manuel Núñez Pérez, en una conferencia que pronunció este lunes en el Club Siglo XXI titulada “De la Constitución Española al Tratado de Lisboa: 30 años del Tribunal de Cuentas” dijo que los planes que está aprobando el Ejecutivo para reducir los efectos de la crisis están lastrando la capacidad de endeudamiento del Estado y aumentando el déficit hasta límites insostenibles. A su juicio, el aumento del gasto “puede alterar y restringir significativamente las posibilidades y alternativas de futuro” de la economía española.

    Por ello, Núñez explicó que analizará las políticas del Gobierno, evaluará su eficacia y las consecuencias que de las mismas puedan derivarse como resultado “del incremento vertiginoso del endeudamiento y del déficit público”.

    El presidente del Tribunal de Cuentas realizó estas consideraciones afirmando que las instituciones de control no pueden permanecer “al margen” de la actual situación de crisis, que ha puesto de manifiesto fallos importantes en la regulación y supervisión del sistema financiero.

    En su opinión, también se ha generado una “crisis en los valores sociales”, cuya superación requerirá diseñar un nuevo modelo de actuación basado en la “transparencia y en la exigencia de responsabilidades”.

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  4. Por Agencia EFE.
    El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, ha señalado hoy que esta institución está comprometida a fiscalizar los gastos adicionales comprometidos por el Estado para afrontar la crisis económica de acuerdo con el principio de transparencia que debe regir su tarea.
    Núñez Pérez hizo estas declaraciones durante su participación en la presentación del libro del Catedrático de Derecho Financiero y secretario del consejo de Bolsas y Mercados Españoles, Luis María Cazorla Prieto, “Crisis económica y transformación del Estado”.
    Durante su parlamento, el presidente del Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno, al usar del decreto ley para conseguir crédito o autorizar gasto para afrontar la crisis, está “hurtando su función a las Cortes” y saltándose los principios básicos de los Presupuestos.

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