La prensa económica se hace eco de la presentación del informe realizado por el Inspector de Hacienda Juan Manuel Vera Priego para la Fundación Alternativas. Como pasa en toda la delincuencia económica, se acabó la doble contabilidad o la caja B. En la época de la globalización, nos recuerda el diario Cinco Días: “con un teléfono y una conexión a internet, cualquiera puede mover capitales hacia países opacos, que gozan de secreto bancario y nula tributación”.
Nos enfrentamos a estructuras organizadas que sirven simultáneamente a la defraudación fiscal y al blanqueo de capitales muy difíciles de enfrentar y que se encuentran apoyadas en importantes bufetes y asesores. La propia Agencia Tributaria viene avisando a los despachos profesionales de que conocen la existencia de fiscalistas que están pisando la raya de lo ilícito en la planificación tributaria, para actuar de forma contundente contra ellos.
Propuestas innovadoras
En el estudio presentado se analiza la aparición de estos nuevos fraudes, de enorme gravedad, que requieren una reforma profunda de los sistemas tradicionales de inspección tributaria, diseñados para hacer frente a fenómenos de incumplimiento individual mucho menos graves y carentes del carácter organizado de las actuales redes de fraude.
Vera realiza una serie de propuestas orientadas a desarrollar un nuevo modelo de investigación que dé respuesta a la necesidad de mejora del conocimiento de los mecanismos de fraude, a la detección temprana de sus nuevas modalidades, a prevenir que se extiendan y a conseguir una represión penal adecuada. Aunque el Plan de Prevención del Fraude ha producido avances significativos, el autor entiende que “actualmente se sigue careciendo de un modelo estable y definido”.
Inteligencia fiscal
En su opinión debe establecerse un sistema orientado al desarrollo de modernos instrumentos operativos, así como sistemas de análisis de la información y la creación de una oficina antifraude que asuma las funciones de inteligencia fiscal y financiera, lucha contra el fraude organizado y coordinación de las actividades judiciales contra la defraudación fiscal y el blanqueo de capitales.
Además, entiende necesaria la creación de una policía fiscal que dependa funcionalmente de la Agencia Tributaria, constituida a partir de las unidades operativas de Aduanas o combinando éstas con unidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta policía se especializaría en los delitos fiscales y el blanqueo de capitales. Quienes recordamos la serie y la película «Los intocables» pensamos durante años que su protagonista era Policía, cuando en realidad era Agente del Tesoro norteamericano. Allí no se andan con gaitas en la recaudación de impuestos.
Nueva vertiente judicial
El autor considera urgente la especialización judicial respecto a los delitos económicos y tributarios. Las actuaciones en sede judicial deben ser desarrolladas desde el principio hasta el fin por la Agencia Tributaria, como auxilio judicial institucional, mediante equipos de trabajo que incluyan a las unidades de policía fiscal.
Por último, concluye que los delitos contra la Hacienda Pública deben ser objeto de una reforma profunda, con una mejor configuración de los tipos delictivos, el aumento de penas, la extensión de los plazos de prescripción y con la incorporación de los mejores instrumentos para combatir el fraude organizado.
En fin, que estamos ante un breve pero incisivo análisis de un aspecto clave en la Hacienda Pública: modernizar los instrumentos del Estado de Derecho para luchar contra el moderno fraude fiscal, globalizado, organizado y de grandes dimensiones.
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