La imposición de restricciones presupuestarias y la limitación de las operaciones de crédito como fuente de financiación ha llevado a las administraciones a la búsqueda, al margen de los presupuestos, de fuentes de financiación alternativas: creación de empresas públicas, arrendamiento financiero, lease back y peaje en sombra. Como sabemos, estos instrumentos vienen precedidos de cierta experiencia británica.

Como reconocieron las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre “La financiación del sector público y su fiscalización” en los VIII Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (Sevilla-2004): “El objetivo es retrasar el gasto y la deuda que lo soporta. Por ello, se debe prestar atención a los presupuestos desviados hacia otro tipo de entidades que sustituyen a la administración en la prestación de los servicios”.La Cámara de Comptos de Navarra acaba de hacer público un interesante informe sobre los “gastos futuros derivados de la autovía del camino, las zonas regables del canal de Navarra y el montepío de funcionarios” cuyo título no debe despistarnos. Se trata del análisis de un instrumento de colaboración público-privada como el peaje sombra y responde a la petición parlamentaria de cuantificar los compromisos de gastos para ejercicios futuros adquiridos en estas dos infraestructuras así como en el Montepio y analizar su repercusión futura en los Presupuestos Generales de Navarra.

Adelantamos que el órgano fiscalizador cuestiona ciertas modificaciones de precios y concluye que no es posible señalar una cifra global que recoja el importe exacto de los gastos futuros en los que se va a incurrir. Respecto a las infraestructuras, el informe realiza una estimación basada en ciertas hipótesis y ejecuta complejos cálculos, de interés para los especialistas. El auditor responsable del trabajo fue Jesús Muruzabal Lerga.

El peaje sombra

En el peaje sombra el sector público encarga la construcción y mantenimiento de la infraestructura al sector privado y no realiza desembolso con cargo a sus presupuestos hasta su entrada en funcionamiento, en que deberá abonar un canon por su uso que se registrará como gasto en los presupuestos de cada ejercicio. Es un habitual sistema de financiación de las autovías.

Normalmente, este canon puede tener tres componentes: de demanda, en función del uso; de calidad, en función de la disponibilidad de las infraestructuras; de conservación, en función de los gastos de conservación y mantenimiento.

Este modo de concesión de obras públicas tiene bastantes enemigos, en especial de los partidos de la oposición parlamentaria de turno, que ven como se acometen infraestructuras con cargo a gastos corrientes.

Se le acusa de aporta jugosos beneficios a la empresas privadas concesionarias y de ocultar un «endeudamento en la sombra» de muy difícil cuantificación. Como nos recuerda Martín Seco, la generalización de estos pasivos altera algunos conceptos clásicos según los cuales, el mejor indicador de solvencia pública era el ratio endeudamiento/PIB.

Todo esto implica que, como no se puede calcular con anterioridad la partida que hay que destinar para cada una de las concesiones (vg: no se saben cuántos coches van a utilizar la infraestructura), cada gobierno debe disponer todos los años de amplios créditos presupuestarios para hacerles frente.

Sin embargo es un sistema bastante popular porque el ciudadano no percibe su coste. No debería ser así porque rompe el principio de «quien usa, paga» pasando al «la use o no, pago por ella». Siempre que paso por la ronda M-45, que circunvala Madrid, agradezco la generosidad de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, que pagan en la sombra mi desvio para evitar atascos en al capital de España.

Conclusión

El informe de la Cámara de Comptos estima las necesidades financieras en una media aproximada del 15 por ciento sobre el importe del capítulo segundo de los presupuestos (gastos en bienes corriente y servicios). Hay que hacer constar que el canon por las zonas regables del Canal de Navarra, al pagarse a través de una empresa pública, tiene habilitada su partida presupuestaria en el capítulo de transferencias. Si se aplican a los últimos presupuestos ejecutados (ejercicio 2006), el importe de estos dos cánones ascendería aproximadamente a 50 millones de euros.