El estatuto del empleado público

El estatuto del empleado público.

Se inauguró ayer, 25 de abril, el XIII Seminario de gestión pública local, en la antigua Universidad Laboral de Gijón. De izquierda a derecha, Rafael Pérez (Director de la Escuela Jovellanos de Gijón, anfitrión), Jaime Rabanal (Consejero de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias), Paz Fernández (Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón), Ignacio Villaverde (Vice-rector de la Universidad de Oviedo) y José Luis Pablos (Director del Seminario).

La primera conferencia corrió a cargo de Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE y miembro de la Comisión de Expertos que elaboró el informe previo para el Estatuto del Empleado Público, por lo que su conferencia despertaba expectación. Ya comenzó afirmando una cierta decepción por el resultado final.

Su primera impresión era que una Ley básica con 100 artículos no le parecía adecuada. Puso como ejemplo el artículo de las licencias y permisos, demasiado extenso a su juicio. ¿Porqué es básico? se preguntaba ¿Mejorará la productividad de la Administración? Y sin embargo, echaba en falta instancias revisoras en el acceso o provisión de puestos de trabajo. En fin, que lamentaba la poca innovación y el mucho de continuidad de la normativa; el exceso de proteccionismo sobre el empleado público, el “amateurismo” de las relaciones laborales de la Administración.

Francisco Longo durante la conferencia (izda.) junto a Rafael Pérez.

Foto: Francisco Longo durante la conferencia (izda.) junto a Rafael Pérez.

A su juicio, modernidad es incrementar o mantener la productividad del empleado público porque “de no ser así, con reducciones de jornada a cambio de nada, será imparable la externalización de servicios”. También implica la gestión de personas, como concepto más avanzado de la simple administración de nominas o permisos: dotar de vida inteligente a la función de RRHH. Y crear la capacidad para evaluar competencias y rendimiento de las personas, “hoy, casi inexistente”, dijo, ” si no se hace bien, será una carga burocrática más a base de formularios estériles”.

Entiende que la Ley trae amenazas y oportunidades. A veces sobre la misma materia. Puso el ejemplo de la carrera horizontal que puede convertirse en un simple “quinquenio”. Aconsejó a las Comunidades Autónomas no regular con prisa el desarrollo de este Estatuto, porque “los primeros pagarán un alto precio”.

A pesar de todo, etiende que el balance es positivo pero reiteró su decepción por aquellos temas que se habian ido cayendo del texto durante el iter parlamentario. Seguiremos informando.

Universidad Laboral de Gijón.

Ciento cincuenta personas asistieron a la conferencia inaugural del Seminario.

0 comentarios en “El estatuto del empleado público

  1. Me encantaría poder leer la ponencia completa de Francisco Longo, ya que no tuve el placer de escucharle. Le considero una de las opiniones más cualificadas en temas de Función Pública.

    Leyendo este resumen de su intervención, parece contradictorio su balance positivo. Sería interesante saber cuáles son los temas que se han caído en el iter parlamentario. O, también, cómo se articulan las instancias revisoras en el acceso o provisión de puestos de trabajo.

    Gracias, Antonio, por estas pinceladas.

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  2. Roberto F. Llera

    Gracias Antonio. Para los que no pudimos ir, aunque el tema es muy interesante, tu resumen-crónica nos sirve de buen “premio de consolación”.

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  3. J. Fernández

    Desde mi punto de vista el estatuto básico del empleado público es una norma que no cumple ninguno de sus pretendidos objetivos. En primer lugar no es un verdadero estatuto del empleado público, porque en el articulado remite continuamente a leyes de desarrollo. Hasta que dichas leyes no se aprueben, no sabremos qué modelo de función pública existe en las Administraciones Públicas. No hablo del modelo de función pública en España, porque parece que el legislador se conforma con enunciar unos principios generales, y deja a las Comunidades Autónomas el desarrollo de esos principios.

    A mi modo de ver se ha perdido la oportunidad de concretas aspectos importantes y que no hubieran excedido los límites de la legislación básica. Por ejemplo, hubiera sido muy interesante que en esta ley se enunciaran al menos, las funciones que sólo pueden desempeñar funcionarios públicos. Se hace en la misma norma para los funcionarios locales con habilitación nacional ( por cierto, se elimina el adjetivo nacional para pasar a ser ” de carácter estatal”).

    Hubiera sido muy interesante mayor concreción de la nueva figura del personal directivo. Al hilo de esta cuestión quiero destacar que en la tramitación parlamentaria se pasó de exigir norma con rango de ley para desarollar esta figura, a decir que el desarrollo del régimen jurídico del personal directivo se haría por normas aprobadas por los Gobiernos respectivos, es decir, con un simple reglamento que no tiene que pasar por el Parlamento puede despacharse este asunto. En fin, que este estatuto básico a más no poder, deja abiertas las puertas a lo mejor y a lo peor. La Administración que quiera una función pública reglada y profesional podrá hacerlo, y la Administración que quiera una función pública basada en la arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad, también podrá hacerlo sin muchas dificultades.

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