Hace unos días, participé en: la III Jornada sobre Derecho Digital que se organizaba en el salón de actos del despacho Ramón y Cajal Abogados, en Madrid con vanguardistas ponencias sobre Inteligencia Artificial -un apartado imprescindible en cualquier simposium- se exploró el impacto jurídico de la robótica, la biometría y los neuroderechos. Se trataba de abordar aspectos como la protección de datos neuronales, la privacidad mental y los sesgos algorítmicos. En definitiva, la «identidad personal» y el libre albedrío frente a la manipulación derivada de neurotecnologías avanzadas.
Las discusiones a menudo vinculan la neurociencia moderna (no te pierdas este programa en Salamanca en dos semanas), cuyo padre es nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, con la necesidad actual de proteger el «santuario mental» en la era digital. La firma buscaba anticipar la regulación jurídica necesaria ante la creciente capacidad de las neurotecnologías para descifrar y modificar el funcionamiento cerebral. Serán de gran ayuda pero conllevan algún riesgo.
La GAO norteamericana interesada por los Neuroderechos
Hoy mismo, la GAO estadounidense (Government Accountability Office) ha hecho público su segundo informe periódico sobre tendencias científicas y tecnológicas, que analiza 3 tecnologías emergentes con potencial transformador que pueden necesitar atención del Congreso de los EEUU durante los próximos 10 años. Recordemos que la GAO inicialmente Oficina General de Contabilidad cambió su nombre (¡desde accounting hasta Accountability!) hace un par de décadas, añadiendo entre sus tareas el análisis de políticas públicas, en muchísimas de sus vertientes. Aquí en 2008 la lucha contra el terrorismo.
¿Cuáles son esas tres tendencias tecnológicas que debemos ponderar?
A juicio de la GAO los legisladores y autoridades deben seguir con cuidado los implantes neuronales, los robots de uso general y las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial».
Los implantes neuronales para el aumento humano podrían permitir la comunicación directa entre cerebros, el aprendizaje acelerado o el control manos libres de las computadoras, que sin embargo comprometería la privacidad y la seguridad del usuario. Aquí llegamos a los neuroderechos. Debido a estos avances, en 2026 la regulación es el gran tema de debate. La UNESCO y países como Chile han liderado la creación de leyes de «Neuro-derechos» para evitar que las empresas puedan:
- Comerciar con tus datos neuronales sin consentimiento explícito.
- Influir en tu subconsciente para manipular decisiones de compra.
- Discriminar a empleados basados en sus perfiles cognitivos.
En el futuro, el concepto de intimidad personal dejará de existir y nuestra conciencia será un libro abierto para la inteligencia artificial que tendrá acceso directo a nuestra actividad cerebral. Importantes y dignas de mención las aportaciones pioneras de Rafael Yuste.
Casualmente, la segunda tendencia emergente señalada desde la GAO son los robots de uso general, que podrían alterar la vida diaria, con efectos sociales y ambientales potencialmente significativos. Por último señala las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial» podrían reducir el peligro que representan más de 1 millón de escombros para la infraestructura vital en órbita, pero las ambigüedades legales podrían interponerse en el camino.
Respecto a los Implantes neuronales para el aumento humano, actualmente, solo están disponibles para personas con ciertas necesidades médicas. Los implantes futuros podrían permitir la comunicación directa entre el cerebro, el control manos libres de las computadoras o la rápida adquisición de nuevas habilidades y capacidades. Su disponibilidad general podría comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios, dependiendo de quién pueda acceder a los datos de dichos implantes.
Recuerdan los auditores de la GAO que, “diferenciar entre usos médicos y aumentativos implica juicios de valor subjetivos y cuestiones éticas”. Los responsables políticos podrían considerar una variedad de opciones, incluida la propuesta de estándares para el desarrollo ético y el uso de implantes neuronales, explorando formas de garantizar que se aborden los problemas de privacidad y seguridad. La otra tendencia seleccionada este año es la robótica de propósito general que representa un cambio fundamental de la automatización específica de tareas a máquinas flexibles y adaptables capaces de realizar una amplia gama de tareas y potencialmente aprender nuevas tareas.
¿Qué buscaba la GAO con este estudio?
Su objetivo es proporcionar al Congreso una previsión en el desarrollo de tecnologías que podrían tener un impacto significativo en los ciudadanos estadounidenses. Para ello describió los desarrollos de estas tecnologías y cómo pueden verse afectados los responsables políticos desde los cinco dominios del marco STEER: impactos sociales, impulsores tecnológicos, impactos ambientales, impulsores económicos y el panorama regulatorio.
Para llevar a cabo este trabajo, los auditores de la GAO efectuaron una revisión de la literatura científica de revistas académicas y principales artículos, realizando entrevistas semiestructuradas con once expertos de las tres tecnologías: «La GAO no presenta recomendaciones, pero ha señalado diversos aspectos políticos que el Congreso y otras partes deben ponderar mientras estas tecnologías continúan su desarrollo”.
Decodificación del Pensamiento
Debemos elogiar por tanto la iniciativa del despacho Ramón y Cajal seleccionando este año los temas de la III Jornada sobre Derecho Digital. Pues bien, durante mi intervención en el panel con Ricardo Rivero, José Ramón Chaves y Ana Caro, mencioné las Interfaces Cerebro-Computador (BCI), promovidos por la empresa Neuralink (de Elon Musk) y se centra en lo clínico (parálisis), si bien ya existen experimentos para usar estos chips en el control de videojuegos y entornos de realidad virtual, donde el «pensamiento» de movimiento se traduce en acciones digitales.
Aunque aún están en fase de experimentación avanzada, su potencial comercial es enorme. Investigadores han logrado usar Resonancia Magnética Funcional combinada con IA para reconstruir imágenes que una persona está viendo o imaginando. Marcas de lujo y estudios de diseño están interesados en esto para la «co-creación mental» de productos. Permiten, por ejemplo, jugar al ajedrez por ordenador solo con el pensamiento.
También mencioné Cognify, un concepto futurista de prisión basado en inteligencia artificial (IA), propuesto por el científico Hashem Al-Ghaili, diseñado para rehabilitar delincuentes en minutos mediante la implantación de recuerdos artificiales. Busca generar empatía y remordimiento al hacer que los reclusos vivan sus crímenes desde la perspectiva de la víctima, reemplazando las penas de prisión largas por terapias de memoria sintética. Es el argumento de La naranja Mecánica, ya lo sé.
Los datos: la nueva riqueza
Lo que logra que estos productos sean un experimento comercial constante es el Big Data Neuronal. Las empresas no solo te venden un dispositivo, sino que recopilan millones de puntos de datos sobre cómo reacciona el cerebro humano promedio al cansancio, la publicidad o el estrés. Estos datos se venden (de forma anonimizada, se supone) a corporaciones para diseñar entornos de trabajo o aplicaciones más adictivas.
Se trata del Argocapitalismo, donde los datos el factor de producción esencial. En ese sentido es importante el Proyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria que establece los principios que deben guiar esta transformación: la soberanía del dato, la seguridad, la transparencia algorítmica, la equidad digital y la orientación al valor en salud.
La Ley, aún en anteproyecto, redefinirá las reglas del futuro sanitario y, entre otros, regulará por primera vez, la protección de los neuroderechos de los ciudadanos y los neurodatos, que se quedaron fuera del amparo de la Ley de Protección de Datos y, por tanto, existe un vacío legal.
Además, introduce el concepto de infraestructura pública de datos sanitarios, define un registro autonómico de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y articula un marco ético y de responsabilidad que sitúa a las personas —no a la tecnología— en el centro del sistema.
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