Cambalache

Vivimos revolcaos en un merengue. Así lo describía de manera magistral el tango Cambalache: “Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos” cantaba Enrique Santos Discépolo, referido al siglo veinte problemático y febril. Nada ha cambiado en la corrupción, “que gobierna las cloacas de la humana condición» como parodió muchos años después Luis Eduardo Aute: “el chorizo irá embutido en su Mercedes oficial” aunque titulaba el disco Siglo XXI. Veámoslo. 

Esta semana se han divulgado dos interesantes informes que alertan sobre la corrupción en España. Por una parte, el hito anual que supone el Informe de Transparencia Internacional, donde seguimos languideciendo año tras año, en caída libre. Por otra parte, el informe especial 26/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, donde los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía.

El capítulo español de Transparency International, se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en España. Está presente en esta bitácora desde el año siguiente ¡Que tiempos! Su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide ese fenómeno en el sector público y clasifica países a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas independientes. Entonces, de los 178 países analizados, España ocupaba la posición 28, con una puntuación de 6.8. Desde el año 2000 su puntuación venía siendo 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. En esos años hacía furor Torrente que iba por la tercera entrega (“El protector”). Hoy esperamos con pasión hacernos con las entradas del estreno de Torrente Presidente (13 de marzo) mientras España baja un punto entero en el IPC 2025 con respecto al año anterior, siendo su puntuación de 55/100. Ocupamos la misma posición que Chipre y Fiji , una posición por encima de Italia (puntuación 53/180) y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 56/100, que este año también desciende un punto).

Degradación general

En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando “un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas”, como nos dice la nota de prensa. Este retroceso se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, lo que en opinión del informe, se agrava por “la pérdida de liderazgo internacional y por el deterioro del papel de Estados Unidos, cuya ausencia de compromiso en la aplicación de instrumentos clave contra el soborno transnacional socava la presión internacional para impulsar reformas efectivas”.

Esto nos lleva a otro estudio reciente. Hace unos meses se hizo público el Eurobarómetro, que plantea algunas cuestiones incómodas de la percepción ciudadana en toda Europa, pero singularmente en España, donde la encuesta nos deja mucho más resignados que a los centroeuropeos o nórdicos. Estos datos son muy pesimistas:

• El 69% de los europeos cree que la corrupción está “muy extendida” en su país. En el caso de España, ese índice se eleva al 89%.
• El 70 % de los encuestados está de acuerdo en que hay corrupción en las instituciones públicas locales o regionales. En el caso de España, ese índice se eleva al 84%.

En este delicado tema, recordemos que en 2023 dio a conocer su informe titulado Una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Principales riesgos y desafíos, del que eran autoras Daiana Bouzo y Carmen de Guerrero (Revisión: David Martínez y Silvina Bacigalupo) donde se esboza una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Para ello, identifica los principales riesgos de fraude y corrupción que afectan a los procesos de contrataciones públicas en este país, así como los principales retos y desafíos en la materia, con el fin último de proponer algunas recomendaciones o reformas para mitigarlos y afrontarlos.

Tribunal de Cuentas Europeo

También se ha conocido esta semana, el Informe Especial 06/2026: Lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) donde se censuran los requisitos de lucha contra el fraude dirigidos a los Estados miembros por “carecer de precisión” pues hacen un “uso insuficiente de las herramientas de prospección de datos para detectar el fraude”.

El MRR es el fondo de la UE de recuperación tras el COVID dotado de 650.000 millones de euros y “sigue presentando múltiples insuficiencias en la detección, notificación y corrección del fraude”, según el informe.

El MRR se creó en febrero de 2021 como un instrumento temporal único para ayudar a los países de la UE a recuperarse de la pandemia y a construir economías resilientes. Es responsabilidad conjunta de la Comisión y los Estados miembros combatir el fraude que perjudica a los intereses financieros de la UE. Las autoridades nacionales deben ofrecer al Ejecutivo de la UE garantías sobre la eficacia de los sistemas de prevención, detección y corrección del fraude.

Katarína Kaszasová, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría afirmó durante la presntación: «La UE y sus países deberían haber establecido sistemas antifraude más eficaces, dada la magnitud del fondo de recuperación, su novedoso mecanismo de financiación y el daño reputacional que supone el fraude (..) La UE sigue expuesta al fraude en el MRR debido a lagunas en las normas de recuperación, a datos incompletos sobre el fraude y a problemas de notificación.»

Los auditores constataron que las especificaciones de alto nivel de la UE para los sistemas de lucha contra el fraude de los Estados miembros, establecidas en el Reglamento del MRR, no eran lo suficientemente detalladas.

Posteriormente, la Comisión adoptó medidas para reforzar los requisitos mediante acuerdos bilaterales de financiación, pero siguió sin ser lo bastante clara en cuanto a la naturaleza de las verificaciones antifraude nacionales. Aunque sus controles de los sistemas nacionales pueden contribuir a introducir mejoras, en el caso del MRR la Comisión no fue lo suficientemente exhaustiva. Por ejemplo, no abordó plenamente las responsabilidades de todas las autoridades nacionales del MRR. Además, en diez países la Comisión no completó sus controles hasta después de la primera ronda de pagos, cuando todavía no disponía de pruebas suficientes de que los sistemas nacionales de lucha contra el fraude fueran eficaces.

Los datos incompletos sobre el fraude en el MRR dificultan que la Comisión oriente adecuadamente su propia acción antifraude, como las medidas correctoras, y supervise las actuaciones de los países de la UE. No existen normas uniformes para notificar a la Comisión casos de presunto fraude que puedan afectar a las finanzas de la UE. Por este motivo, los Estados miembros aplican criterios distintos para determinar qué constituye este tipo de fraude, por lo que no todos informan de la misma manera. En consecuencia, no puede estimarse con precisión la magnitud del fraude en el MRR.

A diferencia de otros programas de la UE, los países no están obligados a devolver al presupuesto de la UE los importes que recuperen de los defraudadores. La única excepción se da cuando la Comisión considera insuficientes las recuperaciones efectuadas por los Estados miembros y decide iniciar las suyas propias. Sin embargo, es posible que la Comisión deje de estar en condiciones de hacerlo una vez que el MRR se cierre al final de este año, ya que el mecanismo actual de notificación por parte de los países de la UE sobre el fraude y las recuperaciones en el MRR también llegará a su fin. Esto resulta preocupante, ya que las mayores inversiones en los países de la UE están previstas para los últimos meses del MRR, lo que significa que la mayoría de las correcciones por fraude solo serán posibles después de esa fecha.

En su Informe Anual de 2024, publicado en marzo de 2025, la Fiscalía Europea informó de que, desde el inicio del MRR, había investigado 307 casos de fraude relacionados con este mecanismo. En julio de 2025, la Comisión publicó un libro blanco en el que anunciaba una revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE.

Los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía. Formulan varias recomendaciones a la Comisión, que son pertinentes tanto para el MRR como para cualquier programa futuro similar en el que los pagos no estén vinculados a los costes reales.