El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización sobre el área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, referido a los ejercicios 2016 y 2017.
El informe (ver Resumen ) examina el grado de cumplimiento de un total de 15 recomendaciones, dirigidas a 16 sociedades mercantiles estatales no financieras del Grupo Patrimonio y a la Dirección General del Patrimonio del Estado, en el informe aprobado en 2021, a partir de 94 valoraciones realizadas entre esa fecha y noviembre de 2025.
El Tribunal de Cuentas concluye que, a finales de septiembre de 2025, el grado de cumplimiento y/o de implantación de las recomendaciones formuladas “es susceptible de mejora”. En términos globales, el 36 % de las recomendaciones han sido cumplidas total o sustancialmente, porcentaje que se eleva al 42,5 % si se excluyen aquellas que resultaron no aplicables. No obstante, un número significativo de recomendaciones continúa sin haberse cumplido, y solo un 6,4 % se encuentra en curso de implementación.
El informe pone de relieve una evolución desigual en el grado de cumplimiento según las entidades analizadas. Mientras que la Dirección General del Patrimonio del Estado presenta un nivel de cumplimiento del 80 %, en el caso de las sociedades mercantiles el grado de implementación es muy dispar, con porcentajes que oscilan entre el 67 % y el 17 % de Paradores.
Entre los ámbitos con mayores dificultades de cumplimiento, el informe señala la gestión del personal de alta dirección -especialmente en lo relativo a los sistemas retributivos- y los procesos selectivos por la falta de criterios homogéneos y garantías de concurrencia y transparencia. Además, persisten carencias en la definición de catálogos de puestos de trabajo y en la homogeneización de las condiciones laborales y retributivas.
El seguimiento de las recomendaciones incluidas en la Resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado arroja un grado de cumplimiento del 42 %, si bien también se constata que una parte relevante de las medidas propuestas no han sido aún implementadas.
Paradores (Paradores de Turismo de España, S.A.)
Me detendré en dos recomendaciones hechas en el informe de 2021, que puso de manifiesto “la carencia en diversas sociedades fiscalizadas de un catálogo o relación de puestos de trabajo que comprendiera el número de efectivos que precisan para el desarrollo de sus actividades, en el que se detallen los requisitos de formación y/o experiencia para el desempeño de cada puesto de trabajo y sus retribuciones, lo que impedía el diseño de una planificación estratégica de recursos humanos a medio y largo plazo y afectaba directamente a los principios de concurrencia transparencia, publicidad, mérito y capacidad, toda vez que los requisitos en los procesos de selección de personal para acceder al puesto de trabajo se establecían para cada convocatoria particular”.
Tras el Real Decreto-ley 6/2023, la recomendación del Tribunal de Cuentas se ha convertido en una exigencia legal. Hoy, Paradores dispone de una relación de puestos de trabajo elaborada en el año 2022 en la que solamente están comprendidos los puestos sujetos a los convenios colectivos derivados del “Acuerdo Laboral para el Sector de la Hostelería”, pero no se refleja la formación y experiencia requerida, las retribuciones, ni las funciones de los puestos y tampoco están incluidos los puestos directivos (pregunto:¿ qué incluye entonces?). Continúa: “Además, el documento no cuenta con la aprobación formal de ningún órgano competente de la Sociedad ni ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública. Por ello, se considera la recomendación no cumplida”.
Asimismo, la recomendación n.º 8 pide que las designaciones y los ceses del personal directivo se acompañen de una motivación que justifique el nombramiento y/o el cese, así como de los méritos de los candidatos designados y de su idoneidad para el desempeño del puesto.
Advierte el Tribunal que los ceses del personal directivo sin respetar los plazos de preaviso estipulados en los contratos de alta dirección habían ocasionado el abono de las correspondientes indemnizaciones que podrían haberse evitado notificando los ceses con la antelación suficiente.
En el caso de Paradores, “los acuerdos relativos al nombramiento y cese de altos directivos han continuado respondiendo a los cambios en la Presidencia. Cada nuevo titular ha promovido reorganizaciones y reclasificaciones en los puestos de alta dirección sin que tales modificaciones hayan respondido a causas sustantivas debidamente justificadas. En consecuencia, la recomendación se considera no cumplida”.
Riesgos de integridad en la gestión del personal público
Como vemos, queda mucho camino por delante. En este sentido hay algunas buenas noticias. Se acaba de publicar la resolución de la VI edición del Premio de Investigación Carlos G. Otero Díaz. El primer premio, dotado con 3.000 euros, le correspondió a Pilar Moreno García y Juan Vega Felgueroso por su trabajo “Análisis de los riesgos a la integridad en el ciclo de gestión de las personas en el sector público. Mecanismos de prevención y buenas prácticas”. La nota de prensa destaca que el jurado (del que me honro en formar parte para la valoración de los trabajos anonimizados) además de destacar la calidad general del documento, resaltó la gran labor de sistematización de la política de gestión de personal que contiene, así como su gran utilidad práctica y la amplia casuística recogida.
Pilar y Juan son letrados al servicio de la Agencia Valenciana Antifraude. Uno de sus trabajos ya fue premiado hace tres años como segundo mejor artículo de un blog jurídico del año 2022, por Globoversia en el paraninfo de la venerable Universidad de Salamanca, donde se repetirá una ceremonia similar el próximo 23 de enero y os garantizo una jornada de alto nivel doctrinal y artístico. El próximo 6 de enero se conocerán los ganadores 2025.
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