Fernando Jiménez Sánchez es catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. Su exposición dentro del Congreso organizado por el Consello de Contas los pasados días 15 y 16 de septiembre se incluía en un panel sobre la Integridad en los gobiernos locales donde él seleccionó ciertas claves para reforzar la confianza ciudadana.
Una de sus instructivas diapositivas nos traía la poderosa frase de Daniel Kaufmann: “No se lucha contra la corrupción luchando contra la corrupción”. En efecto hay que centrarse en las debilidades institucionales y en el sistema de gobernanza, en vez de realizar más campañas contra la corrupción («Rusia que va por la 18«, bromeaba Kaufmann). Las políticas de integridad consisten en definir los valores de servicio público de una organización pública (un ayuntamiento en el caso que nos convocaba), de tal modo que “aseguremos un comportamiento de quienes en ella trabajan que protejan la defensa del interés general y minimicen los riesgos de corrupción”. Se ponen en marcha para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos.
Recordó que en España venimos ensayando con diversas iniciativas de integridad desde hace ya 20 años, “pero lo hacemos defectuosamente y el resultado hasta ahora es una apilación desordenada de elementos de una política de integridad”. En su opinión, si queremos realmente recuperar la confianza, las políticas de integridad han de construirse como un edificio sólido. “Tenemos un Sistema Nacional de Integridad aprobado, pero es papel mojado”.
Para ello necesitamos que los elementos más nucleares de estas políticas (códigos de conducta, gestión de conflictos de interés…) garanticen que los valores de la organización estén bien definidos, orienten a autoridades y empleados públicos y se controle y sancione a los incumplidores. Esto sólo es posible cuando tales políticas estén en consonancia con el funcionamiento ordinario de la organización. Añadió que las políticas de integridad bien construidas nos permiten mejorar la calidad institucional de nuestra organización. Es la única vía para mejorar los niveles de confianza.
Los ayuntamientos pueden aprovechar su autonomía para construir de abajo arriba islas de integridad que pueden ser imitadas por otras organizaciones públicas. Todo esto puede sonar ingenuo, pero las encuestas nos muestran que los españoles están deseando que estas políticas funcionen. No en vano, estamos entre los ciudadanos europeos más intolerantes con la corrupción.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Manuel Villoria Mendieta, presidente de la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante impulsada recientemente como una pieza esencial para garantizar esa protección a quienes ponen en conocimiento o denuncian infracciones legales y casos de corrupción. Villoria es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Así pues, lleva toda su vida bregando en este terreno con docenas de publicaciones y actividades como el capítulo español de Transparencia Internacional.
Villoria señaló los riesgos de socialización y normalización de prácticas corruptas en las organizaciones y apeló a evaluar clima ético -no solo laboral- de las organizaciones. Tampoco le importó reconocer que hay muchos organismos de prevención y control ni que existan problemas en la Ley 2/2023 que se deben arreglar y en eso esta.
En una entrevista para Faro de Vigo, unos días antes del congreso, reconocía que la clave en esta lucha es “un planteamiento holístico: medidas legales, implementar prácticas, tener organismos independientes… Tienes que analizar la corrupción en los tres poderes, en los órganos de control y ver si tienen capacidad; analizar partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, empresas privadas, tomar medidas para todos… Si consigues hacer eso, lo que lleva seis o siete años como poco, a medio plazo vas a reducir la corrupción”.
En este sentido, está en periodo de información pública el Plan de Lucha contra la Corrupción que impulsa el Gobierno con agosticidad en genial calificativo de Conchi Campos que no oía desde hace mucho. Así que, quienes quieran participar en ese trámite de consulta pública relativa al ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN podéis hacerlo aquí hasta el 25 de septiembre de 2025.
En este sentido, Transparency International España publica hoy el informe “Fortaleciendo la Integridad. 100 recomendaciones para una Estrategia Nacional Anticorrupción. Análisis y observaciones al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del Gobierno de España”, un estudio que propone una hoja de ruta hacia un modelo integral y sostenible para la prevención y el combate contra la corrupción en España.
Sus autores proponen una visión estratégica a largo plazo: la elaboración y aprobación de una Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) que vaya más allá de medidas puntuales y respuestas coyunturales, y que deberá sustentarse en un diagnóstico adecuado y sólido, definir pilares y objetivos claros, y traducirse en un Plan de Acción debidamente priorizado, participativo e inclusivo, dotado de presupuesto y calendarizado, a fin de garantizar el fortalecimiento y ordenamiento del marco normativo e institucional vigente.
Las 100 recomendaciones de este informe —5 generales y 95 específicas— buscan sentar las bases para un Pacto de Estado anticorrupción, capaz de garantizar reformas del sistema institucional que trasciendan los ciclos políticos y que ofrezcan resultados medibles y tangibles. Cada medida ha sido examinada desde una perspectiva jurídica, técnica e institucional, ofreciendo propuestas específicas de mejora, ampliación o, en su caso, reorientación.
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