Por séptimo año consecutivo, Dinamarca encabeza la clasificación mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional, una ONG que lleva tres décadas midiendo la valoración de la integridad de los Estados. La mala noticia es que España ocupa el puesto 46 (ojo: por detrás de Ruanda y Botswana) en el ranking de 180 países.
Finlandia y Singapur ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. En esta ocasión, Nueva Zelanda queda fuera del pódium, donde estuvo presente durante más de una década. En el cuadro adjunto presentamos la clasificación global que cierra Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. (Descargar resumen)
Este IPC se basa en 13 fuentes de datos y encuestas independientes, utilizando una escala de cero a 100, donde el cero es altamente corrupto y el 100 es muy limpio. Esas fuentes externas incluyen instituciones que van desde el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial hasta grupos de expertos, pasando por empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos.
El ranking realza el contraste entre las naciones con instituciones fuertes e independientes y elecciones libres y justas, frente aquellas con regímenes autoritarios y represivos. Las democracias plenas tienen un promedio de IPC de 73, mientras que las democracias defectuosas tienen un promedio de 47 y los regímenes no democráticos solo 33. Esto pone de relieve que unas sólidas instituciones son cruciales para combatir la corrupción de manera plena y efectiva.
Los expertos de Transparency International consideran que para una economía como la española -entre las 15 primeras del mundo- nuestro Índice de Percepción no debería estar por debajo de los 70 puntos (nunca hemos superado los 67 del 2007) si queremos mantener la imagen y la competitividad. Hace una década parecía que habíamos tocado suelo y remontábamos pero no ha sido así. Descendemos peligrosa y paulatinamente por la cuesta de la corrupción. Aún recuerdo el batacazo del 2013 por muchos factores, pero sobre todo al hastío ciudadano y a chorizos como el Bárcenas, a operaciones como los ERE´s o Campeón porque en las encuestas no juega el instituto de la prescripción. Tampoco se entiende la condescendencia de ciertos sectores de la izquierda con el corrupto (y represor) régimen venezolano, que cierra la lista mundial, pues Somalia y Sudan del Sur -que le acompañan- son lo que llamamos Estados fallidos.
La metodología del estudio está muy contrastada y coordinada en todo el mundo, se revisa periódicamente para asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente fue llevada a cabo por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017. Entre los factores que desde hace años se examinan para elaborar el índice se mencionan, por ejemplo:
- La capacidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad
- El enjuiciamiento efectivo de las autoridades y los funcionarios corruptos
- Abundancia de trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos
- La existencia de leyes adecuadas sobre divulgación financiera, prevención de conflictos de interés y acceso a la información
- Protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores
Durante este quinquenio se había avanzado en los dos últimos epígrafes, pero ha sido insuficiente para lograr una valoración global presentable donde también ha influido la supresión de la Agencia Antifraude de Baleares.
Esta tendencia decadente dura demasiados años. Ya titulamos esta Tribuna el año pasado “Democracia de segunda división” y eso que aun no se habían consumado durante aquel trabajo de campo los escándalos del Fiscal General del Estado o de relevantes miembros del Congreso de los diputados. En mi opinión, hay comportamientos públicos perversos, como la compra de apoyos en la investidura nacional con el precio de una amnistía negociada con los propios delincuentes o el trapicheo de la condonación de la deuda u otros pactos inconfesables como la transferencia a Cataluña de la Agencia Tributaria o la seguridad en fronteras, todo a cambio de votos de investiduras. Es imposible que una opinión bien informada no las aborrezca por cercanas a la corrupción en el plano ético -en principio no penal- pues trasladan la convicción de que aquí y ahora, todo se puede comprar. Observamos perplejos que no es gratuita tanta “degradación institucional”, como titulaba hace unos meses el catedrático emérito de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, Ramón Punset.
Con todo, me preocupa especialmente la conclusión de aquellos jóvenes y primerizos votantes que, ante este panorama, prefieren apoyar partidos antisistema. Donde nosotros vemos un Estado del Bienestar ellos perciben una fuente de nepotismo e intereses que lo va a quedar hecho unos zorros en unos pocos años.
No os perdáis este magnífico discurso:
Publicado en La Nueva España
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