Se ha hecho público el informe sobre la Universidad española de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) que preside Ana Patricia Botín, continuando la estela familiar de apoyo a nuestras Universidades. CyD produce así un valioso documento que incluye y resume los datos aportados -voluntaria y velozmente- por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se aderezan, en los últimos años, con algunas valoraciones que no pasarán inadvertidas a nuestros académicos.
La evolución de este análisis, que venimos comentando desde hace varios lustros, con crecientes advertencias de sus autores sobre el desempeño de las universidades públicas, especialmente en lo referente a la gobernanza y gestión institucional. La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU de marzo de 2023) no parece haber resuelto los eternos problemas de una Administración universitaria que se ha vuelto muy compleja. Hace años que los rectores se han impregnado de la cultura del coste y la financiación ligada a resultados; uno de cuyos mejores ejemplos está en el Principado de Asturias y su modélico Convenio de financiación de la Universidad de Oviedo (BOPA del 4-V-2023). La cercanía de las Comunidades Autónomas (CCAA) ha permitido mejorar la supervisión, evitando sorpresivos agujeros presupuestarios.
Ya lo decía hace más de un siglo Veblen, el padre de la sociología institucionalista, cuando acusaba a los rectores norteamericanos de ser unos “tenderos compitiendo por el comercio de educación vendible”. Destacamos ese mercado a continuación, con algunas cifras del reciente Informe CyD que radiografían la educación superior española en la vertiente académica como económica.
Contamos con 1.343.736 estudiantes de grado universitario. El informe indica que dos tercios de ellos tienen al menos uno de sus progenitores con estudios superiores (y el 37,5% a los dos). Estas proporciones han crecido significativamente en los últimos cinco cursos. El graduado es una clase social que se reproduce, diría un marxista de los años setenta.
A efectos comparativos, en 2021, el 35% de la población de entre 45 a 64 años (franja de edad aproximada de los progenitores de dichos alumnos) tenía estudios superiores, lo que refleja, dicho finamente por el informe “una sobrerrepresentación de estudiantes universitarios provenientes de familias con alto nivel educativo”.
Dinero para becas hay, pero el problema del ascensor social empieza mucho antes de llegar a la Universidad. El documento lo constata: en cuanto al rendimiento académico, los estudiantes de perfiles familiares más bajos presentan una mayor tasa de abandono. Teniendo en cuenta que los sueldos de la familia están correlacionados con el nivel de estudios, también podríamos envenenar el debate y decir que la cartera de los padres sigue determinando el éxito educativo de los hijos. Nada nuevo que no supieran nuestros abuelos.
Sobre la gestión entresacamos una pincelada. La Universidad española sigue enfrentando el reto mayúsculo de dar el salto definitivo hacia la transformación digital. Una de las razones de este “rezago” (así lo denominan los autores) es “la complejidad inherente de la universidad como sistema”, donde convergen múltiples actores con intereses y prioridades diversas: docentes, investigadores, personal administrativo, estudiantes y la sociedad en general.
Para enfrentarlo, apuntan un factor transversal y clave: la modernización de la gobernanza universitaria. “Esto implica adoptar reformas estructurales que permitan un modelo de financiación sostenible, basado en resultados e impacto social”, concluyen.
El informe intenta ayudar resaltando que “las universidades públicas presenciales no han conseguido ajustar adecuadamente su oferta, debido, entre otros factores, a procesos burocráticos excesivos, limitaciones económicas y falta de autonomía académica”. El comentario no parece albergar ninguna esperanza en la nueva legislación universitaria de 2023.
Las universidades privadas se han triplicado en los últimos 25 años consolidándose como un complemento de las públicas, especializándose en campos con alta demanda como salud o empresa e incrementando significativamente su oferta en áreas de creciente demanda como informática y matemáticas. Hoy tienen el 21% de las matrículas de grado y la mitad en las de máster. Además, impulsan un nuevo frente con la formación no presencial, donde su agilidad les aporta cierta ventaja. En el curso pasado, el 18,9% de las titulaciones en el conjunto del Sistema universitario se han ofrecido en modalidades no estrictamente presenciales (12% en grados, 33 % en másteres).
En el inicio del actual curso, España contaba con 91 universidades de las que 50 eran públicas (47 presenciales). Hay 41 universidades privadas (35 presenciales) a las que pronto se añadirán cuatro más en Andalucía y otra en Canarias. Pendientes de la resolución del proyecto en Gijón, hay en trámite en España otra docena más. Un tema para debate sosegado.
El Real Decreto 640/2021 que regula su creación establece que las universidades tienen un plazo de cinco años desde el inicio de sus actividades para cumplir una serie de requisitos necesarios para ser reconocidas como tales. Entre estos requisitos se incluye disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres de doctorado, cubriendo al menos tres de las cinco grandes ramas de enseñanza (ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, ciencias de la salud, artes y humanidades y ciencias).
Nos quedan los áridos temas presupuestarios. En 2022, los ingresos y gastos no financieros del conjunto de las 47 universidades públicas presenciales españolas se situaron, en términos reales – considerando la inflación- un 14% por debajo de los valores de 2009, cuando la crisis de la deuda soberana (que se llevó las cajas de ahorro) obligó a drásticos recortes presupuestarios que aún no han sido recuperados en la educación superior. Sin embargo, la LOSU establece la meta del 1% del PIB para 2030, lo que es una angelical declaración de intenciones, pues la ley no detalla mecanismos para alcanzarla. Nos estamos acostumbrándo a este tipo de carta a los Reyes Magos en los textos legislativos, lo que enfada a quienes deben costearlas a través de las Haciendas de las CCAA.A nivel nacional, en 2022, la radiografía económica del Sistema está bastante controlada pues el conjunto de las 47 universidades públicas presenciales registró un superávit equivalente al 4,3% de los ingresos. Sólo el agregado de las universidades andaluzas presenta déficit.
Terminamos con un tema de capital importancia que se presenta en el mapa adjunto. Se trata del indicador de cariño verdadero y que mejor aproxima el esfuerzo financiero realizado por el sector público regional en sus universidades. Recordemos que la educación es una competencia descentralizada en España, donde el 82% del total de los ingresos universitarios provienen de administraciones autonómicas.
Las regiones con mayores aportaciones por estudiante fueron La Rioja, Navarra y el País Vasco, que superaron los 9.000 euros en 2022. En contraste, Madrid y Cataluña presentaron los valores más reducidos, por debajo de los 6.000 euros por alumno; estas últimas coinciden con las Comunidades que, por término medio, tienen más caras sus matrículas (Madrid, 1.620€ y Barcelona 1.508€). Galicia se encuentra en la zona más generosa del mapa, con 738 euros de matrícula media y respecto a la aportación por estudiante, La Rioja con 9.689 euros. ¡Sí!, la Universidad es cara, pero aún más sería no tenerla.
Publicado en La Nueva España
Faro de Vigo
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