El Tribunal de Cuentas acaba de aprobar un informe de seguimiento de recomendaciones en el área de la Administración económica del Estado, donde concluye que, de un total de 43 recomendaciones aplicables dirigidas a los ministerios de Hacienda y Función Pública y Sanidad, sólo el 37% se han cumplido total o parcialmente, que el 33% de las recomendaciones sigue en curso y que el 30% no se han cumplido.

¿Son muchas o pocas? Todo es relativo como la comparación de la botella medio llena o medio vacía, aunque lo importante es el contenido de la botella, que comentamos a continuación.

Como conclusión general, el Tribunal señala que existe un amplio margen de mejora en el grado de cumplimiento de las recomendaciones. Aquí el resumen.
Se han producido avances en la gestión del Fondo de Financiación a entidades locales pero aún hay margen de mejora (recomendaciones del informe de fiscalización del fondo de financiación a entidades locales, 2015 y 2016).

De las 15 recomendaciones propuestas al Ministerio de Hacienda y Función Pública, todas ellas asumidas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal, cuatro se consideran no aplicables actualmente. De las 12 aplicables, 8, un 67 %, se han cumplido total o parcialmente, mientras que otras 4, un 33 %, se entienden no cumplidas.

De las recomendaciones atendidas destaca la reordenación de las operaciones de crédito en aquellos casos en que las entidades locales eran deudoras de múltiples préstamos con el Fondo y la flexibilización de las condiciones financieras para las entidades locales que estaban reembolsando el importe abonado por el fondo a los proveedores con retenciones en la participación en los tributos del Estado.

Entre las no cumplidas puede mencionarse la no simplificación del ámbito subjetivo y objetivo en la regulación del Fondo; la falta de la elaboración por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de guías y manuales de gestión y de modelos de documentos a aportar; la no exigencia de acreditación documental de las sentencias judiciales firmes para financiación por el Fondo y la no introducción de indicadores de seguimiento de objetivos en el Programa Presupuestario destinado a la financiación del Fondo.

Por cierto, recordad que este otoño toca el CCIL23, el 5 y 6 de octubre en Palencia. Ver años anteriores: 2021 y 2019.

El sistema de seguimiento de programas presupuestarios de los ministerios económicos mantiene sus debilidades (informe de fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la administración económica del Estado, ejercicio 2017)

De las 11 recomendaciones propuestas al Ministerio de Hacienda y Función Pública, todas ellas asumidas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 4, un 36 %, han sido cumplidas total o parcialmente, una, referente a la revisión de la normativa sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, se encuentra en curso, y las otras 6, un 55 %, no se han cumplido.

Entre las no atendidas, siguen pendientes los cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para que: se recoja que todos los programas han de ser objeto de seguimiento; se establezca y normalice el contenido mínimo de las memorias presupuestarias que han de acompañar a las propuestas de presupuesto; se promueva una revisión de los objetivos de los programas presupuestarios, así como de sus indicadores; se asignen con claridad las competencias de los distintos participantes en el sistema de seguimiento de programas; se incorpore en la memoria de las cuentas anuales un análisis de las causas de las desviaciones en la realización de objetivos e indicadores y, en su caso, las medidas correctoras; y se facilite a los gestores de programas presupuestarios los medios necesarios para la implantación de sistemas de control de gestión y de contabilidad analítica que permitan cuantificar los costes de las distintas actividades desarrolladas y valorar los indicadores. En síntesis, teniendo en cuenta las debilidades del sistema de seguimiento de los programas presupuestarios, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene pendiente abordar una mejora significativa del mismo.

 Algunas mejoras de los sistemas de información de la Dirección General de Salud Pública siguen en curso, en relación con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ejercicio 2017

De las cuatro recomendaciones propuestas a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, dos se consideran total o parcialmente cumplidas y las otras dos, en curso. El Ministerio de Sanidad debe avanzar en la introducción de los cambios necesarios para que el sistema de información de piscinas SILOÉ sea utilizado de forma más generalizada por los usuarios a los que está dirigido y en la implantación de sistemas automatizados de las aplicaciones informáticas que utiliza para las tareas de control sanitario del agua (SINAC, NAYADE y SILOÉ) que faciliten la identificación de aquellas situaciones que requieran su seguimiento por representar incidencias sobre la calidad del agua o pongan de manifiesto el incumplimiento de la preceptiva comunicación de información por las autoridades sanitarias territoriales o por los gestores de infraestructuras e instalaciones.

El Ministerio de Sanidad no ha impulsado suficientemente la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria, ejercicio 2017.

De las 6 recomendaciones propuestas al Ministerio de Sanidad, todas ellas asumidas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal, la mitad se encuentran en curso y la otra mitad no cumplidas.

El Ministerio debería seguir trabajando en el desarrollo reglamentario de la gestión del Fondo de Garantía Asistencial destinado a dar cobertura a la asistencia sanitaria entre Comunidades Autónomas en desplazamientos de larga duración; en el desarrollo de un sistema de información que permita conocer los desequilibrios territoriales en el acceso a la asistencia sanitaria e identificar desigualdades concretas; así como en promover la articulación de las medidas o los instrumentos de colaboración necesarios que permitan compensar a las comunidades autónomas la totalidad de los saldos positivos originados desde el año 2013 por la liquidación conjunta del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial

Respecto a las recomendaciones no cumplidas el Ministerio no ha impulsado la modificación de la normativa vigente con el fin de articular un mecanismo que, de forma efectiva, contribuya a la igualdad de acceso a la prestación sanitaria en toda España; no ha impulsado una armonización legislativa que garantice la atención ágil y eficaz de los pacientes de zonas limítrofes de comunidades autónomas que son atendidos por otra Comunidad distinta de la emisora de la tarjeta sanitaria individual; y no ha comunicado al Instituto Nacional de la Seguridad Social los ajustes en los saldos netos de las seis comunidades autónomas afectadas por la rectificación de la liquidación del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial del ejercicio 2017, al objeto de que esta entidad proceda a su recuperación.

La mayor parte de las recomendaciones en curso procedentes de tres Informes aprobados en 2015, 2016 y 2017 referentes al Ministerio de Hacienda y Función Pública, continúan en curso

De las 10 recomendaciones propuestas al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se encontraban en curso correspondientes a tres informes aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, 8, el 80 %, siguen encontrándose en curso tras la revisión realizada en este informe, lo que indica que la implantación de las medidas de mejora tiene un impulso limitado, como se detalla seguidamente:

• Las recomendaciones contenidas en el Informe de fiscalización sobre el Programa 422-A sobre Incentivos Regionales siguen sin avances significativos, la mayor parte orientadas a efectuar cambios normativos, por lo que las cuatro permanecen en la misma situación.
• Las recomendaciones recogidas en el Informe de fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado, cuya respuesta se contiene en los planes de actuación para culminar la depuración de la información, sigue en ejecución, por lo que una de las recomendaciones se mantiene en curso y la otra, al completarse las tareas, cumplida.
• Por último, tres recomendaciones de la fiscalización de los pagos librados «a justificar» siguen en curso porque no se han culminado las modificaciones normativas que tiene el Ministerio de Hacienda en fase de elaboración y que responderían total o parcialmente a las propuestas de mejora del Tribunal en relación con los pagos a justificar y los anticipos de caja fija (plazos, procedimientos, entre otras). Se da por cumplida la recomendación relativa a la implantación de modelos normalizados.