Los fondos comunitarios de ayuda alcanzan montantes elevados en muchísimas áreas. Su utilización por los beneficiarios sufre (interesante verbo) fiscalizaciones recurrentes sobre la regularidad de su gestión. A veces no queda ahí la cosa y aparece la auditoría operativa. En algunos informes, como el que traemos hoy a esta bitácora, el análisis puede llegar a evaluar los aspectos más complejos en la toma de decisiones por las Instituciones Europeas.

Es el caso presentado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo, que ha anunciado (solo inglés) el comienzo de los trabajos de campo que examinarán la concepción, la aplicación y la eficacia de la supervisión posterior a los programas de los cinco Estados miembros (Irlanda, Portugal, España, Chipre y Grecia), que recibieron apoyo financiero tras la crisis financiera de 2008 con el objeto de garantizar su capacidad de reembolsar la ayuda financiera proporcionada. Un magnífico momento para plantearlo.

La futura auditoría completará anteriores trabajos sobre la asistencia financiera a los Estados miembros así como de la gobernanza económica de la UE en el marco de los respectivos paquetes de ayudas. El documento presentado hoy ofrece información sobre una tarea de auditoría en curso y, por tanto, no deben considerarse como observaciones, conclusiones o recomendaciones de auditoría.

Se examinará si la Comisión adoptó las medidas pertinentes para que estos Estados beneficiarios pudieran mantener una situación económico -financiera sólida y con garantías de su capacidad de reembolso a los acreedores.

El Tribunal de Cuentas Europeo incluye dentro de su política de comunicación informar regularmente del avance de algunas auditorías de alto interés, como es el presentado esta semana. Sirve de recordatorio sutil en un período que muchos gobiernos están elaborando los borradores de ayudas para hacer frente a los efectos de la actual recesión. «Ahora que la economía mundial se encuentra gravemente afectada por la pandemia de COVID- 19, es importante saber si los pilares de la arquitectura económica y financiera de la UE son sólidos y eficaces», señaló Alex Brenninkmeijer, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del trabajo cuya finalización está prevista para mediados de 2021.

Brenninkmeijer : «Nuestra auditoría también estudiará la idoneidad de la supervisión posterior a los programas como herramienta de seguimiento del Fondo de Recuperación Económica, actualmente en fase de debate».

Todos los Estados miembros de la UE están normalmente sujetos a la supervisión estándar para la coordinación de las políticas en el marco del Semestre Europeo. No obstante, si un Estado miembro sufre graves dificultades financieras, puede solicitar un programa de ayuda financiera. Tras la crisis financiera de 2008, Irlanda, Portugal, España, Chipre y Grecia se hallaron en esta situación.

Al final de un programa de apoyo financiero, el Estado miembro se somete a una supervisión posterior al programa, que se aplica junto con el Semestre Europeo. Dicha supervisión tiene por objeto garantizar que los Estados miembros estén en condiciones de reembolsar la ayuda financiera concedida, evaluando continuamente su situación económica, fiscal y financiera e identificando los riesgos de viabilidad a medio plazo.

Sus objetivos son verificar que:

• el trabajo de la Comisión ofreció garantías a los acreedores de la capacidad de reembolso de los Estados miembros;
• la Comisión extrajo conclusiones adecuadas de sus evaluaciones o análisis y adoptó las medidas pertinentes cuando fue necesario para permitir que los Estados miembros afectados mantuvieran una buena situación económica y financiera.

En la medida de lo posible, los auditores tendrán en cuenta el impacto de la crisis del COVID-19 en la evaluación por la Comisión de las finanzas públicas de los Estados miembros y su capacidad de reembolso en el marco de la supervisión posterior a los programas.