Jornadas de los servicios jurídicos de los OCEX sobre la Administración Instrumental. Conclusiones de las ponencias.

No hay comentarios

fotografia

La Cámara de Cuentas de Andalucía celebró en Sevilla, el pasado 16 de octubre, las primeras Jornadas de los servicios jurídicos de los Órganos de Control Externo. El tema central fue la Administración Instrumental. En la inauguración, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz (en la foto, a la derecha) se refirió a “la proliferación en los últimos tiempos de entidades e instrumentos jurídicos caracterizados por la tan reiteradamente citada huida del derecho administrativo y su mayor proximidad a sistemas privados de gestión. Estos nuevos instrumentos y entidades, cuya existencia puede justificarse en la medida que supongan una mejora en la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos y en la satisfacción de los intereses generales, requieren un replanteamiento de los mecanismos tradicionales de control, especialmente en lo relativo al ejercicio de la fiscalización por los OCEX”. 

Por su parte, Antonio López Hernández, presidente la Cámara de Cuentas de Andalucía (en la foto a la izquierda) recordó que “La crisis económica ha propiciado un debate relativo al tamaño del sector público y de su organización interna. En etapas de severos ajustes fiscales y presupuestarios, existe cierto consenso en todos los agentes públicos acerca de la necesidad de dotar de una mayor racionalización a nuestras estructuras administrativas. En esta tarea, las Instituciones de Control Externo pueden desempeñar una importante función por su especial conocimiento de la realidad del sector público adquirido a través de su trabajo de fiscalización”.

PRIMERA PONENCIA

D. Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, centró su análisis en el estudio de las Sociedades Anónimas, poniendo de manifiesto las importantes especificidades que afectan a esta forma de personificación de la Administración.

Llamó la atención sobre la no uniformidad en la conceptuación que tales entes tienen en las diferentes normas. Así, en las Leyes de Transparencia estatal y autonómica se exige como único criterio delimitador en su ámbito de aplicación, el del control de la mayoría del capital, en tanto que en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, o en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el criterio es absolutamente formal, bastando la participación mayoritaria en su capital directa o indirecta de la Administración Pública

En el ámbito comunitario por el contrario, una empresa “controlada” por el Estado o sus entes de Derecho Público no es sólo aquella en la que estos entes poseen la mayoría del capital, sino también aquella en la que existe el derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, gestión o control o se controla la mayoría de los derechos de voto, o se puede ejercer o ejerce efectivamente una influencia dominante o control sobre la mencionada sociedad.

Y ello tiene su importancia, dado que la forma que adoptan los entes instrumentales, no es sólo es un elemento interno o doméstico, como ya señaló en Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de noviembre de 2009, sino que afecta a múltiples parcelas de la actividad de los mismos. Así es obvio que la forma afecta al propio ejercicio de sus competencias, dado que los entes sometidos al derecho privado no pueden ejercer potestades administrativas; pero también al sistema propio de responsabilidades tanto de la propia entidad como de sus administradores y al ámbito de su financiación, en el que la Ley Concursal opera con criterio formales.

SEGUNDA PONENCIA

D. Pedro Luis Roas, magistrado especialista de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, disertó sobre el régimen del personal de las entidades instrumentales. Expuso al doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre el particular, puntualizando la modulación que sobre la misma han supuesto las sentencias dictadas en casación por el Tribunal Supremo.

En este sentido, la preocupación de la Sala se centra no tanto en garantizar el derecho individual de cada funcionario al puesto de trabajo, como en la defensa de la intangibilidad de las competencias de los Poderes Públicos, garantizándose el ejercicio de competencias administrativas por los funcionarios públicos.

El problema es determinar que comprende el concepto de potestades públicas, existiendo parcelas de indudable consenso, como es el caso del asesoramiento jurídico preceptivo, las funciones de policía o expropiatoria o el reintegro de subvenciones, en tanto que otros ámbitos resultan más polémicos, como es el caso del control y seguimiento del régimen de ayudas.

Se abogó así por un pronto cumplimiento del mandato contenido en el art. 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto impele al desarrollo normativo de este punto de la Legislación básica, lo que aportaría seguridad jurídica al sistema.

TERCERA PONENCIA

Ana Cossio Capdevilla, Letrada del Tribunal de Cuentas y actual Subdirectora-Jefe de la Asesoría Jurídica en el Departamento de Fiscalización del Área Político-Administrativa del Estado, disertó sobre el régimen jurídico y económico de la figura de las encomiendas de gestión.

Respecto de su régimen económico, llamó la atención sobre diversos aspectos del sistema tarifario poniendo de manifiesto como en determinados casos el coste real de realización de la prestación no ha sido siempre el único criterio utilizado, incluyéndose en ocasiones aspectos tales como el margen de rentabilidad, beneficio industrial, imprevistos, o incluso márgenes por subcontratación.

Señaló asimismo las principales áreas de riesgo de este tipo de negocios jurídicos en los que no hay dualidad de voluntades sino mandato, y que se encuentran en la necesaria justificación de los encargos debiendo motivarse la vía escogida; en el régimen económico previsto, valorándose la prestación como elemento determinante de la vía negocial seleccionada y en la ejecución propiamente dicha del encargo, evitando que el ente encomendatario se convierta en un mero intermediario de la operación.

Es precisamente que en relación a esta última cuestión se abordó el problema de las posibles limitaciones materiales del ente encomendatario en orden a la realización del encargo mandatado, exponiéndose las diferentes posiciones mantenidas al respecto por la Intervención General de la Administración del Estado, y las Juntas Consultivas de Contratación.

fotografia salon

Gracias por comentar con el fin de mejorar

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s