Durante la última semana se han hecho públicos dos informes del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) que arrojan serias dudas sobre los controles de los fondos europeos destinados al Desarrollo Rural y a la Política Agraria Común (PAC). Los trabajos de auditoría constataron que las insuficiencias de control, seguimiento y evaluación de los Estados miembros motivaron que la información obtenida no fuera suficientemente oportuna, fiable ni coherente para mostrar los resultados conseguidos en relación con los objetivos fijados. En el ámbito del desarrollo rural, la comunicación de estos resultados no ha sido apropiada y la Comisión y los Estados miembros no han hecho buen uso de la información disponible al respecto para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto.

En lo que se refiere a los fondos agrícolas, la fiscalización reveló que el marco establecido para garantizar que las ayudas de solo se concedan en casos claramente definidos es insuficiente. La Comisión ejerce poco control sobre la justificación de dichos casos y los Estados miembros mantenían un amplio margen de discrecionalidad en la realización de los pagos. En la mayoría de los casos, la Comisión no puede emprender acciones jurídicamente vinculantes, y la única obligación de los Estados miembros consiste en comunicar a ésta las decisiones que tomen.

Presentamos a continuación un resumen de las conclusiones. 

Desarrollo rural sin evaluación

La UE ha asignado casi 100.000 millones de euros al logro de sus objetivos de desarrollo rural para el período de programación 2007-2013. Los Estados miembros, además, han comprometido otros 58.000 millones de euros de sus propios recursos para cofinanciar los programas de desarrollo rural (PDR) que aplican una vez aprobados por la Comisión.

En el informe especial 12/2013, titulado « ¿Pueden demostrar la Comisión y los Estados miembros que se ha gastado bien el presupuesto de la UE asignado a la política de desarrollo rural?», el TCE examina si se formulan claramente los objetivos que pretende lograr el gasto en desarrollo rural y si se ha publicado información fiable que muestre los logros obtenidos con el gasto y con qué grado de eficiencia se han conseguido. Fundamental para ello es la existencia del sistema de seguimiento y evaluación conocido también con el nombre de Marco Común de Seguimiento y Evaluación. Pues bien, el actual mecanismo de seguimiento y evaluación no ha servido para facilitar a tiempo la información requerida para sustentar las decisiones sobre cuáles son las medidas más eficaces y eficientes con vistas a formular la política de desarrollo rural del período 2014-2020. «Los Estados miembros y la Comisión de la UE han prestado demasiada atención a gastar el presupuesto de desarrollo rural y no han atendido suficientemente a conseguir resultados de modo eficiente», ha manifestado Jan Kinšt, Miembro del TCE encargado del informe.

La nota de prensa advierte que el Consejo Europeo ha subrayado “la necesidad de gastar bien, y no solo correctamente” cada euro procedente del presupuesto de la UE. No obstante, la fiscalización del Tribunal reveló que los Estados miembros mostraban poco interés en los resultados obtenidos con sus PDR. La Comisión aceptó PDR de Estados miembros que contenían objetivos vagos e imprecisos en cuanto a su delimitación temporal y a las finalidades perseguidas por los programas.

Para los auditores, pueden y deben realizarse mejoras en el seguimiento y la evaluación para el resto del período de programación vigente (que termina al final de 2015) para garantizar que el presupuesto de la UE se gasta bien. Asimismo, el próximo período de programación 2014-2020 constituye una oportunidad para que la Comisión y los Estados miembros concedan prioridad a la eficacia y la eficiencia en la nueva política de gasto y, en consecuencia, en la selección de las operaciones y los proyectos que van a recibir financiación. Resulta clave en este sentido fijar objetivos mejores y potenciar el seguimiento y la evaluación de resultados. Los auditores de la UE formulan una serie de recomendaciones en el informe que responden a esta idea.

La fiscalización terminó con la conclusión de que la Comisión y los Estados miembros no han demostrado suficientemente los logros obtenidos en relación con los objetivos de la política de desarrollo rural, y de que existe una falta de garantías de que se haya gastado bien el presupuesto de la UE.

Sobre la base de sus constataciones, el TCE recomienda que los Estados miembros y la Comisión:

• hagan uso del seguimiento y la evaluación para centrarse más en la consecución de resultados;
• adopten de inmediato medidas que garanticen la obtención de información comparable y de buena calidad a partir de las evaluaciones ex post de 2015 para el período de programación 2007-2013;
• garanticen que los PDR del período 2014-2020 proporcionan una base mejorada para la buena gestión financiera, con objetivos específicos y mensurables y planes de seguimiento y evaluación de la eficiencia y eficacia de los programas;
• mejoren la comunicación de los resultados conseguidos con el presupuesto de la UE a efectos de intensificar la rendición de cuentas, para lo cual convendría incluir un seguimiento más sistemático de las conclusiones de la evaluación.

La Comisión debe mejorar el diseño del Marco Común de Seguimiento y Evaluación a fin de producir información más puntual, pertinente, fiable y comparable en lo relativo, en particular, a la eficacia y la eficiencia de las medidas en la consecución de resultados;

Por su parte, los Estados miembros deben integrar la eficacia y la eficiencia en los sistemas de ejecución de los PDR para el período 2014-2020, y reutilicen la información recabada en los procesos de solicitud, selección y pago para el seguimiento y la evaluación;

Política Agrícola Común descontrolada

En el informe especial 10/2013, hecho público hoy, titulado «Política Agrícola Común: ¿Está bien concebida y ejecutada la ayuda específica en virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo?», el TCE examinó si la introducción de las ayudas previstas en el citado artículo 68 y el modo en que estas se ejecutaron durante los años 2010 y 2011 eran compatibles con la PAC, necesaria, pertinente y se ejecutaba con un sistema de control satisfactorio. Cuando se introdujo el régimen de pago único (RPU) en 2003, los Estados miembros podían retener hasta un 10 % de sus límites máximos nacionales de la política agrícola común (PAC) para el pago de ayuda específica y, principalmente, para continuar aplicando determinadas medidas que concedían a los agricultores ayudas vinculadas a la producción. Estas ayudas específicas fueron posteriormente ampliadas por el artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009 (período 2010-2013), que aumentó el número de objetivos o actividades a los que se podían conceder ayudas.

Veinticuatro Estados miembros decidieron acogerse al artículo 68 aplicando un mosaico de 113 medidas de muy diversa índole. El presupuesto total para el período 2010-2013 es de 6.400 millones de euros.

La fiscalización se llevó a cabo en los servicios de la Comisión así como en España (Aragón, Galicia y Castilla- La Mancha), Italia, Francia y Grecia, que representan el 68 % de la dotación presupuestaria para el periodo 2010-2013, y el 73 % del gasto presupuestado para los dos primeros años. El trabajo se centró en una selección de trece medidas: ayudas para el trigo duro (Grecia); ayudas al ganado ovino o caprino en las zonas desfavorecidas (Grecia); nuevos derechos de pago único en las zonas desfavorecidas o en zonas de montaña (Grecia); ayudas a la rotación de cultivos en zonas de secano (España); ayudas al sector lácteo en las zonas desfavorecidas (España); ayudas a la carne de ovino o caprino (España); ayudas adicionales para cultivos proteaginosos (Francia); ayudas para el mantenimiento de la agricultura ecológica (Francia); ayudas al ganado ovino o caprino (Francia); seguros de cosechas (Francia); rotación de cultivos (Italia); mejora de la calidad de los productos agrícolas en el sector bovino (Italia), y seguros (Italia).

Además de las insuficiencias señaladas, la fiscalización permitió constatar que la ejecución de las medidas de apoyo en virtud del artículo 68 presentaba varias deficiencias en los sistemas administrativos y de control establecidos para garantizar que las medidas existentes se ejecutan correctamente, al igual que en los sistemas de gestión, controles administrativos y controles sobre el terreno, en ocasiones a pesar de las cargas de gestión y control. Estas deficiencias, y otras presentadas en el informe, deben abordarse en el contexto de la nueva PAC, en la que las ayudas específicas se mantendrán en forma de pagos asociados.

A partir de estas conclusiones, el TCE formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:

• Las ayudas específicas a determinadas actividades agrícolas deben basarse en una interpretación estricta de las disposiciones del artículo 68, y la concesión de dichas ayudas asociadas debe justificarse adecuadamente a la Comisión, que tendrá que comprobarlas.
• Con el fin de asumir su responsabilidad última en el sistema de gestión compartida, la Comisión debe desempeñar un papel más activo en la determinación de los criterios que rigen la ejecución de las medidas.
• Se exigirá a los Estados miembros que demuestren la necesidad de todas las medidas de ayuda específica que prevean introducir (en términos de la necesidad y el valor añadido de un enfoque basado en excepciones), pertinente (en términos de disposiciones de ejecución, criterios de concesión y niveles de ayuda) y que cumple los criterios de buena gestión financiera.