La Cámara de Comptos ha publicado un informe solicitado por el Parlamento de Navarra sobre las encomiendas del Gobierno foral a empresas públicas El documento señala que durante 2011 las sociedades públicas recibieron 206 encomiendas por parte de la Administración Foral, por un importe global de 53 millones de euros, que se ha reducido significativamente durante los últimos años, consecuencia de los recortes presupuestarios. 

Las Encomiendas de gestión son un instrumento administrativo previsto en nuestra normativa (art. 4.1.n y 24.6 de la LCSP) y existentes en el derecho comparado aunque restrictivos de la competencia, por lo que han sido objeto de crítica. Las encomiendas se concretan en encargos, de obligado cumplimiento, que la Administración y sus organismos autónomos realizan a sus entes instrumentales para ejecutar obras, suministros, asistencias y concesiones, necesarios o convenientes para la satisfacción de los fines públicos.

El informe señala que la razón de las encomiendas es la insuficiencia de medios materiales y humanos de la Administración Foral para realizar esas labores encomendadas a una sociedad pública que, en teoría, está capacitado para ello. Sin embargo, la Cámara de Comptos señala que en la mitad de las encomiendas revisadas la empresa pública tampoco disponía de medios para esas labores, por lo que contrató con terceros los trabajos, encargándose de tramitar la licitación y coordinar las prestaciones contratadas.

En general, la contratación de las sociedades públicas con terceros se ha tramitado conforme a la Ley Foral de Contratos Públicos. En cuanto al precio de las encomiendas, el informe señala que casi todos los departamentos han aprobado un pliego de condiciones y tarifas unitarias para las prestaciones encomendadas. En general, los precios de las encomiendas comprenden tanto el coste directo de la mano de obra como los indirectos, los gastos por contrataciones externas y otros gastos directamente imputables a la encomienda.En general, todos los costes, directos e indirectos, están identificados y soportados en la contabilidad y los sistemas de imputación de los costes indirectos son comprobables y objetivos.

El informe ofrece la relación total de las encomiendas de 2011, así como el análisis de las fiscalizadas. Por último, la Cámara de Comptos añade una serie de recomendaciones para mejorar la gestión en este ámbito. Así, se pide que la Administración acredite la necesidad de la encomienda y que disponga de datos sobre costes que puedan contrastarlos con los facturados por las empresas públicas. También se recomienda aprobar criterios homogéneos para determinar los precios de las encomiendas. En el caso de que la empresa pública, a su vez, contrate con terceros más del 50% del encargo, la Cámara de Comptos pide que se justifiquen las ventajas de dicha encomienda, tanto desde el punto de vista económico como de eficacia y eficiencia.