Ayer se presentaba en el Senado, el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio presupuestario 2009, del que ya hemos hablado en esta bitácora.

Se trata de una sesión de trabajo donde el presidente del Tribunal de Cuentas de España y el Consejero español del Tribunal de Cuentas Europeo, Juan Ramallo Massanet, así como tres directivos de esa entidad, analizaron las principales conclusiones del informe, con detalle suficiente para debatir con los auditores y consejeros españoles de los órganos de control externo de las CCAA. El acontecimiento es aprovechado para exponer los principales retos de nuestro sistema de control.

Presentamos a continuación la intervención del Presidente del Tribunal de Cuentas de España, que hace un repaso de las principales características del control europeo y apunta la necesidad de cooperación de todos los tribunales.

Manuel Núñez Pérez.

Nos encontramos reunidos, por undécimo año, para participar en el Acto de presentación en España del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo; en esta ocasión, el correspondiente al ejercicio 2009, con la asistencia de representantes de todas las instituciones implicadas en el manejo y el control de los fondos comunitarios.

Nos hemos congregado representantes del Poder Legislativo, así como del Poder Ejecutivo y de la Administración; y, fundamentalmente, del sistema de control público, en sus diferentes modalidades y niveles, control interno y externo, nacional y comunitario. Todos estamos vinculados por el interés compartido de contribuir al mejor gobierno y gestión de los fondos de la Unión Europa, de los que somos beneficiarios, pero a los que también contribuimos con nuestros recursos.

Una vez más es este Palacio del Senado el que nos ofrece su sede para el Acto, que en esta ocasión tiene lugar en este solemne Antiguo Salón de Sesiones, testigo de excepción de tantos discursos y alocuciones de magníficos oradores y de tantos avatares y cambios políticos desde el siglo XIX. Impresiona imaginar de cuanta “POLÍTICA”, con letras mayúsculas, están impregnados estos tutelares muros.

Deseo agradecer muy sinceramente al Presidente del Senado, D. Javier Rojo, su presencia entre nosotros y su inestimable disponibilidad para acoger nuestros Encuentros periódicos.

También quiero expresar todo el reconocimiento al Sr. Ramallo y al equipo del Tribunal de Cuentas Europeo que le acompaña por mantener esta iniciativa, comenzada por D. Juan Manuel Fabra, y que nos permite conocer de primera mano cómo ha sido la gestión de los fondos comunitarios y su evolución en los ejercicios sucesivos, con especial atención a la realidad española y a cómo nuestro país está cumpliendo sus compromisos y deberes en relación con la Unión Europea.

No puede faltar tampoco en este capítulo de agradecimientos, el que debo dirigir a los que han colaborado en la organización y a todos ustedes, que comparten con nosotros, año tras año, esta presentación, y que hacen de este encuentro un foro heterogéneo, y por tanto, muy enriquecedor en la búsqueda de una fructífera colaboración que redunde en una mejor gestión de los fondos comunitarios y en una potenciación de los sistemas de control, como elemento esencial en la consecución de una gestión pública más transparente y más eficaz, en cada uno de los Estados miembros y en la Unión Europea en su conjunto.

Hemos visto, durante la intervención del Sr. Ramallo, como se va transitando del color rojo al amarillo, hasta conseguir el ansiado color verde, en los cuadros a través de los cuales nuestros colegas de la institución comunitaria nos explican los porcentajes de error en las operaciones analizadas.

EL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO DEL EJERCICIO 2009

Además de unas interesantísimas reflexiones sobre la reforma del reglamento financiero,  el Sr. Ramallo nos ha ofrecido una visión general, clara y comprensiva, del Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo del ejercicio 2009. A continuación, el Secretario General de la Institución comunitaria, D. Eduardo Ruiz, y los demás expertos que les acompañan, harán una exposición de las observaciones específicas del Informe; fundamentalmente, de los capítulos referidos al crecimiento sostenible, la conservación y la gestión de los recursos naturales, así como a las ayudas a países terceros.

No quisiera, por tanto, entrar en detalles técnicos que, indudablemente, ellos podrán proporcionar con mayor precisión y proximidad. Pero deseo recalcar, como en la anterior reunión, que el ámbito temporal al que se refiere, el ejercicio 2009, sigue condicionado por el impacto de la crisis económica y financiera, con importantes incidencias en la propia gestión pública. Los contundentes efectos de la crisis económica no solo afectan a la orientación y alcance de la función fiscalizadora, cuestión a la que quiero referirme posteriormente, sino que han propiciado también reflexiones sobre la nueva orientación que la Unión Europea debiera adoptar en su propia organización institucional y funciones a desarrollar, más allá de las actuales  relaciones económico-financieras y del vigente funcionamiento de los diferentes Fondos Comunitarios.

Como novedad de este año, cabe destacar que, por primera vez y en cumplimiento del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Cuentas Europeo ha remitido su Informe Anual también a los parlamentos nacionales, como reflejo del mayor compromiso e implicación de los Estados miembros en la gestión y el control de los Fondos Comunitarios. Esta circunstancia nos permite efectuar una sucinta referencia a los nuevos compromisos del control, en el ámbito internacional, que vienen a subrayar la necesidad de fortalecer el papel,  las competencias y los medios de los Tribunales de Cuentas como respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Nuevos compromisos en el marco internacional

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Iniciativa “Europa 2020”

El año 2010 ha marcado el comienzo de una nueva era para la Unión Europea. La persistencia de la crisis económica, pese a las ingentes ayudas públicas otorgadas, ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar conjuntamente con miras a las necesidades inmediatas, a la vez que se va consolidando un modelo de organización a largo plazo. Su Agenda  ha venido definida por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. Este Tratado adaptó las Instituciones de la Unión a las últimas ampliaciones y agilizó los procesos de toma de decisiones. Se redefinieron las reglas de funcionamiento,  siendo la mayoría cualificada la norma y convirtiéndose la unanimidad en una excepción en la toma de acuerdos, a la vez que se reforzó el principio de subsidiariedad. Se atribuyó personalidad jurídica propia a la Unión Europa, creándose una Presidencia permanente del Consejo Europeo y un Alto Representante para la Política Exterior. También se incorporó una Carta de Derechos Fundamentales.

A partir del 1 de enero de 2010, se compatibilizaron por primera vez la Presidencia permanente del Consejo, con la tradicional presidencia rotatoria, correspondiendo a España desempeñar ésta en el primer semestre de 2010. Se elaboró una agenda conjunta con una metodología de trabajo compartida para las tres sucesivas presidencias rotatorias  -España, Bélgica y Hungría-, que abarca hasta el primer semestre de 2011. Los seis primeros meses de 2010 dejaron constancia de diversas actuaciones conjuntas de la Unión Europea, con eficacia desigual, entre las que cabe recordar el estudio de medidas para afrontar la crisis, la aprobación del plan de ayuda a Grecia, la ayuda conjunta para la reconstrucción de Haití y las actuaciones frente a otros desastres naturales como la nube volcánica con origen en Islandia, así como las primeras iniciativas para el establecimiento de reguladores únicos y para la supervisión de los presupuestos nacionales. [1]

La Unión Europea se dotó por el Tratado de Lisboa de las herramientas necesarias para afrontar los retos de futuro. En este contexto, la Comisión está articulando sus trabajos en torno a cuatro grandes ejes de actuación: 1º. La aprobación de medidas para luchar contra la crisis y respaldar la economía social de mercado europea; 2º. La elaboración de una agenda para los ciudadanos que los sitúe en el centro de su actuación; 3º. La instauración de un programa de política exterior ambicioso y coherente de alcance mundial; y 4º. La modernización de los instrumentos y métodos de trabajo de la Unión Europea. En el desarrollo de las iniciativas estratégicas se trata de combinar la respuesta a los retos inmediatos con la configuración de un futuro de Europa a largo plazo en beneficio de sus ciudadanos.

Una de las primeras medidas de la nueva Comisión Europea fue la presentación de la iniciativa “EUROPA 2020”, que persigue obtener unos elevados niveles de empleo, productividad y cohesión social. Las iniciativas concretas en aplicación de esta nueva estrategia irán encaminadas a fortalecer la vigilancia y la coordinación económica, y a mejorar el gobierno y la estabilidad de la zona euro, reforzando la coordinación de las políticas al objeto de fortalecer el marco de la vigilancia presupuestaria en el contexto del pacto de estabilidad y crecimiento. Asimismo, se prevé una mayor vigilancia sobre los desequilibrios macroeconómicos y las divergencias de competitividad, emitiéndose recomendaciones más estrictas respecto de las políticas que deben aplicarse, a fin de reducir la vulnerabilidad financiera en el marco de un enfoque integrado.

La Unión Europea quiere hacer también un especial esfuerzo por modernizar sus instrumentos y métodos de trabajo. Así, se han puesto en marcha un conjunto de medidas de “normativa inteligente” para obtener mayor eficacia de gestión, entre las que la simplificación de la legislación y la reducción de las cargas administrativas serán objetivo prioritario.

No obstante, ha de reconocerse que predomina en estos momentos el desasosiego provocado por la crisis económico-financiera y la necesidad de abordar medidas conjuntas que propicien una superación conjunta de la misma. Aun cuando en el más reciente devenir pueden apreciarse posicionamientos individuales para salir de la crisis y ciertos pronunciamientos de flexibilidad en el control del déficit presupuestario y en la aplicación del correspondiente régimen sancionador, ha de reconocerse la importancia de determinadas medidas como la creación del fondo de rescate, para trasladar una mayor confianza a los mercados, y el compromiso de supervisar los programas nacionales de estabilidad y convergencia en el marco del referido pacto de estabilidad y crecimiento, como consecuencia de la mayor interdependencia de las diferentes economías nacionales.

Esta pretendida supervisión de los escenarios macroeconómicos y de las políticas nacionales sintoniza con el principio de transparencia incorporado en nuestra normativa presupuestaria y al que se ha venido aludiendo en las anteriores ediciones de este Acto. Transparencia que sería fuente de credibilidad y de confianza. La transparencia no es una exigencia de la desconfianza ciudadana, pero es requisito imprescindible para que las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes públicos gocen de la necesaria confianza.

El compromiso del Tribunal de Cuentas de abordar el cumplimiento de este principio en el proceso de elaboración de los Presupuestos anuales, que se ha materializado, pese a las dificultades surgidas, en un primer Proyecto de Informe remitido actualmente a alegaciones, se ve ahora reforzado por el acuerdo de la Unión Europea de supervisar la consistencia y viabilidad de las políticas presupuestadas. El deterioro que han sufrido las cuentas nacionales y la importancia de los fondos públicos comprometidos son argumentos suficientes para apoyar medidas suplementarias de control y para exigir a la Instituciones de control que dirijan su actividad hacia aquellas áreas que presenten una mayor trascendencia en el funcionamiento del sector público y en las preocupaciones de la sociedad.

Por lo que se refiere a la situación de nuestro país, se estima suficiente recordar que la Cuenta General del Estado del ejercicio 2007, en cuanto al sector público administrativo, concluyó con una capacidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, del 2,6 por ciento del Producto Interior Bruto, con una desviación positiva del 1,7 por ciento respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido. La evolución a partir de dicho ejercicio, último con resultados positivos, ha sido de rápido incremento del déficit hasta un importe próximo al 11 por ciento del PIB, según estimaciones al cierre del ejercicio precedente, uno de los más altos de las economías desarrolladas. Esta referencia ha de completarse, a su vez, con la del fuerte incremento del endeudamiento público en tan breve periodo temporal, cuyo análisis no ha de detenerse únicamente en la importancia de sus valores absolutos, sino fundamentalmente en su rápido crecimiento en un breve periodo temporal. A efectos comparativos, y a fin de poder evaluar las consecuencias del endeudamiento, se considera suficientemente representativa la evolución del coste de la deuda pública que ha pasado de los 14.500 millones en el año 2007 a los 27.400 millones presupuestados para el ejercicio próximo, comparación que ha de efectuarse teniendo en cuenta la actual situación de los mercados financieros, más favorable, a estos efectos, que la existente en periodos anteriores.

La mirada retrospectiva a la vertiginosa sucesión de acontecimientos y de medidas adoptadas durante estos últimos ejercicios produce una sensación de perplejidad ante lo acaecido,  así como una más que profunda preocupación ante la importancia de las medidas y la forma en que se han ido dictando. De aquí, la necesidad de que los Proyectos de Presupuestos, en cuanto expresión de las actuaciones públicas que se prevé acometer, presenten al Parlamento una adecuada proyección de las políticas públicas, consistentes con los escenarios económicos previstos, y fundamentadas en planteamientos de racionalidad económica y de sostenibilidad fiscal,  más allá de las ventajas que a corto plazo pudieran derivarse de las mismas.  En esto consiste, ni más ni menos, la fiscalización de la transparencia en la elaboración de los Presupuestos. Permitir y facilitar esta fiscalización sería la mejor forma de potenciar la labor de los Tribunales de Cuentas.

No obstante, la gravedad de la crisis no queda plasmada en la frialdad de las cifras macroeconómicas, que todos ustedes conocen,  sino en las consecuencias sociales en las que se materializan. Todas estas consideraciones llevan a reconocer la oportunidad de iniciativas como la mencionada EUROPA 2020, y la responsabilidad de las Instituciones de Control de prestar la debida atención a estos planteamientos dentro de la programación estratégica de su función fiscalizadora.

Nuevas obligaciones para los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito financiero

El Tratado de Lisboa introdujo también algunos cambios en las prescripciones relativas a la ejecución del Presupuesto comunitario, atribuyendo su responsabilidad a la Comisión Europea “en cooperación con los Estados miembros”. Asimismo, se establecieron obligaciones de control financiero y auditoría para los Estados, con la correspondiente asunción de las responsabilidades que pudieran derivarse.

El Reglamento Financiero comunitario, que se está revisando para adaptarlo al Tratado de Lisboa, pretende conseguir una mayor transparencia y control de la gestión de los fondos comunitarios, así como una más amplia información de los Estados miembros respecto de los recursos por ellos gestionados, que alcanzan al 76 por ciento del Presupuesto comunitario, previéndose una simplificación y reducción de las fórmulas de gestión de los fondos comunitarios, y nuevas provisiones para hacer efectivas las obligaciones de los Estados en relación con el control financiero y la auditoría, que designarán responsables únicos para la adecuada gestión y control de los fondos de los que estén encargados.  En este sentido, los responsables acreditados habrán de facilitar a la Comisión una declaración de fiabilidad de la gestión y del adecuado funcionamiento del control interno y de las operaciones subyacentes, así como la opinión de un organismo de auditoría independiente sobre dicha declaración de fiabilidad.

El Tratado de Lisboa también dota a los parlamentos nacionales de una mayor implicación en la gestión de la Unión Europea y les atribuye la tarea de supervisar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en el proceso de elaboración de las normas comunitarias, lo que puede implicar que las Entidades Fiscalizadoras Superiores vean también fortalecido su papel en relación con la gestión comunitaria, tanto en el ejercicio de su función de control, como en una posible labor de apoyo a la actividad de los parlamentos nacionales para garantizar el principio de subsidiariedad.

Expectativas y un cierto nivel de incertidumbre para las Entidades Fiscalizadoras Superiores se dan cita por igual en estas previsiones, como se puso de manifiesto en la Reunión del Comité de Contacto de Presidentes de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea, celebrada en Luxemburgo los pasados días 18 y 19 de octubre. En ella se destacó la importancia de salvaguardar la independencia y la supremacía de cada Entidad Fiscalizadora Superior en el control nacional de los fondos comunitarios, debiendo actuar con exclusiva sujeción al ámbito de competencias de su normativa nacional, y no como un engranaje más en el marco integrado de gestión y control diseñado por la Comisión Europea. Todo ello, sin perjuicio, de su creciente interés por contribuir, desde el ejercicio de sus competencias, a la mejora de la gestión comunitaria y a potenciar la transparencia en la gestión pública, cualquiera que sea su ámbito de actuación.

El presupuesto de la Unión Europea debe servir para afrontar los principales retos que se le plantean a ésta y para aportar un valor añadido real, promoviendo sus objetivos estratégicos. En este sentido la Comisión Europea propone una revisión del presupuesto que permita analizar de qué forma una modificación tanto del equilibrio presupuestario como de sus prioridades y procedimientos podría redundar en una mayor rentabilidad y eficacia, y configurar el proceso que conduzca al diseño del próximo marco financiero plurianual. De este modo, desde la evaluación de los resultados obtenidos, podrán identificarse las prioridades que habrán de satisfacerse a partir de 2013. Este proceso requerirá analizar los instrumentos de desarrollo económico existentes y examinar, desde una perspectiva estratégica, nuevas vías para la optimización de las inversiones. Además, habrán de reforzarse la gestión financiera, simplificando el marco de aplicación, y el control.

La aplicación del Tratado de Lisboa ha puesto en evidencia que la Unión Europea puede resultar mucho más fuerte y eficaz, pero que aún precisa de tiempo para conseguir una adecuada adaptación. Por otra parte, la consolidación de la crisis ha explicitado dificultades estructurales en la actual organización, a la vez que ha abierto nuevos planteamientos para una mejor construcción interna y para el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación entre las instituciones comunitarias, que reduzcan la burocracia y la ralentización de su funcionamiento. En definitiva, son muchos los retos que la Unión Europea tiene por delante en la necesidad de ampliar y fortalecer las políticas comunes, y en la distribución de competencias y asunción de responsabilidades.

Necesidad de promover la coordinación y la cooperación en la actividad de control

Quisiera efectuar también una breve referencia a las últimas actuaciones del Comité de Contacto de Presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea, así como expresar algunas reflexiones sobre la necesidad de coordinar las diferentes manifestaciones de la actividad de control en la pretensión de alcanzar la máxima eficacia en su ejercicio.

Al igual que la Unión Europea en su conjunto, el Comité de Contacto se vio abocado ante las nuevas circunstancias a revisar sus estructuras para hacerlas más operativas y eficaces, y para adaptarlas al creciente número de miembros que se incorporaron al mismo. Este proceso se inició en 2004, y desde entonces se ha venido trabajando en la formalización de su organización, precisando objetivos, competencias y canales de comunicación entre sus miembros y de difusión hacia el exterior. Se pretende con este proceso de revisión y reorganización alcanzar la máxima eficacia a la cooperación y contribuir a mejorar su operatividad.

El Comité de Contacto quedó constituido como una asamblea para la actuación conjunta, con el fin de favorecer el marco y las condiciones de la cooperación entre sus miembros en el ámbito de la fiscalización de los Fondos Comunitarios, intercambiando experiencias, promoviendo actividades fiscalizadoras conjuntas y adoptando criterios comunes, como resultado de los diferentes grupos de trabajo constituidos, con la pretensión de contribuir a la mejora de la gestión de los Estados y de la Unión Europea.

Desde 2005, se vienen celebrando durante el Comité de Contacto Seminarios sobre temas de actualidad. Este año el tema elegido, como he señalado, ha sido la repercusión del Tratado de Lisboa en los Estados miembros;  en particular, en lo que se refiere a las nuevas obligaciones financieras que se les imponen y a las nuevas funciones atribuidas a los parlamentos nacionales.

Aun cuando existe un ámbito de cooperación propio y específico entre las Instituciones fiscalizadoras de Fondos Comunitarios, el ámbito internacional ofrece otras áreas de cooperación territorial más amplias en las que también se propugna el acercamiento institucional y la homogeneización de sistemas, normas y procedimientos fiscalizadores. En este sentido ha de hacerse referencia a la contribución aportada por EUROSAI e INTOSAI en defensa de la independencia y autonomía de las Instituciones Fiscalizadoras, así como en el impulso de vías de colaboración y de intercambios, en la implantación de modelos comunes de actuación, y la elaboración de normas orientadas a la homogeneización de la actividad fiscalizadora. Precisamente, en el XX Congreso de INTOSAI, que tendrá lugar la próxima semana se prevé que resulten aprobadas un buen número de normas internacionales de auditoría y directrices de buen gobierno y organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

En este contexto, aún reconociendo la importancia de la Organización internacional del control, la verdadera relevancia de las Instituciones de control ha de evaluarse en su entorno nacional. En este Acto, nos hemos reunido representantes de las diferentes modalidades de control y cabría preguntarse si la pretendida colaboración y coordinación internacional ya se ha alcanzado en el ámbito nacional y si los resultados ofrecidos por la actividad de control responden a la demanda de la sociedad y a los nuevos parámetros en los que se enmarca la situación actual. La respuesta no puede ser totalmente positiva. Queda aún mucho por hacer y perfeccionar.

La íntima correlación entre democracia y transparencia no es el resultado de una mera construcción teórica o una expresión metafórica para representar una Administración idealizada, sino que su verdadera fuerza radica en su plasmación práctica que lleva a exigir la transparencia administrativa, como expresión identificativa de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. El derecho de conocer de los ciudadanos, satisfecho mediante el acceso a la documentación y el conocimiento de la motivación de los actos administrativos, se transforma en un derecho de control sobre las decisiones y actuaciones de los responsables públicos, ejercido directamente y a través de Instituciones especializadas, como el Tribunal de Cuentas, y  propicia el derecho de los ciudadanos a participar y sentirse actores en la gestión pública. Ha de tenerse en cuenta que en momentos de crisis como la actual se incrementa la inseguridad de los ciudadanos, adquiriendo una mayor significación las Instituciones, singularmente aquéllas que tienen atribuida la función de control de la gestión pública. [2]

Situada en este contexto la actividad de las Instituciones de control externo, ha de destacarse, en primer lugar, la responsabilidad asumida por las mismas en que los resultados de dicha actividad, ejercida desde una posición de independencia, objetividad y capacidad técnica, contribuyan a que la opinión social sobre la actividad del sector público pueda estar adecuadamente sustentada y fundamentada. La consecución de este objetivo último impone una serie de pautas, que pueden sintetizarse en establecer una adecuada planificación estratégica de las actuaciones de control, marcando prioridades en sintonía con la necesidad de información que explícita o implícitamente pudiera plantear la sociedad y aprovechando las ventajas que  pudieran derivarse de una adecuada colaboración y coordinación de todos los sistemas de control establecidos. Esta selección de prioridades ha de venir acompañada de una rigurosa ejecución de las actuaciones programadas y de una adecuada presentación de los resultados alcanzados.

Quisiera resaltar en este punto la dedicación y la solvencia técnica de los funcionarios que llevan a cabo estas actuaciones verificadoras, con independencia de la necesidad de la permanente actualización de su capacitación, así como la responsabilidad y objetividad con que ejercen su actividad, máxime en estos momentos  en los que con bastante espontaneidad, cuando no desconocimiento y ligereza, se está cuestionando la actividad y funcionamiento de los funcionarios.

Un repaso a los informes de fiscalización emitidos por el Tribunal de Cuentas o por los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas o por el control interno confirmaría la calidad de sus resultados. No obstante, una nota caracterizadora de la nueva sociedad, abrumada por la exuberancia de datos y de información es que con excesiva frecuencia se da prioridad al formato frente a los contenidos, potenciando mimetismos sociales e incurriendo en una lamentable simplificación de los conceptos en aras de una más ágil transmisión, lo que agrega una dificultad añadida a la necesidad de hacer a la sociedad partícipe de los resultados de la actividad fiscalizadora.

Aquí se presenta un reto de permanente preocupación  para las Instituciones de control, consistente en transmitir adecuadamente nuestros resultados a la sociedad, a través de los respectivos Parlamentos y directamente mediante la publicación de nuestros Informes, dando debido cumplimiento al derecho de todo ciudadano a conocer el contenido y alcance de los mismos. La difusión de los resultados y el seguimiento de los mismos, comprometiendo en esta función a todos los diferentes sistemas de control interno y externo es la única forma de alcanzar la eficacia esperada de la función fiscalizadora.

Dado que nos encontramos en sede parlamentaria, se estima oportuno señalar la  conveniencia de que los diferentes Parlamentos otorguen el adecuado tratamiento técnico a los informes de fiscalización que les son remitidos, eludiendo cualquier perspectiva político-partidista en su interpretación, potenciando su conocimiento en las diferentes comisiones parlamentarias según la especialización de la materia o área analizada y adoptando medidas que favorezcan el seguimiento de las resoluciones que, a raíz de los mismos, se pudieran haber adoptado. Sólo, de este modo, la función fiscalizadora habrá satisfecho el objetivo pretendido de contribuir a redimensionar y a reorganizar la actividad del sector público según criterios de racionalidad y de eficacia y a potenciar la transparencia en todo el proceso de decisión y gestión, así como a impulsar el conocimiento y la participación activa y crítica de los ciudadanos. En la consecución de estos objetivos radica la razón de ser de las Instituciones de control y la necesidad de conjuntar todos los esfuerzos que concurren en su realización, con la pretensión de alcanzar un sector público transparente en su actividad y en sintonía con las necesidades y planteamientos de la sociedad.

La mencionada situación de desafección actual de los ciudadanos respecto a sus representantes públicos obliga a redoblar esfuerzos a fin de que los ciudadanos vean correspondida su confianza en las Instituciones de control. En momentos de dificultades, como las presentes, esta confianza es aún más necesaria. En ella radica la responsabilidad que hoy nos ha tocado asumir y ejercer y que queremos que sea compartida por todos.

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[1] Dentro del Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas se contempla la fiscalización de la Presidencia Española de la Unión Europea.

[2] Es preciso reconocer los pasos dados en el fortalecimiento de la transparencia pública, incorporando dicho principio en nuestro ordenamiento, propiciando el acceso electrónico a la Administración, potenciando los portales informáticos e impulsando el derecho a la información pública a través de iniciativas legislativas. No obstante, desafortunadamente no siempre esta idealización democrática se encuentra plasmada en la actividad ordinaria, en la que es fácil encontrar aún políticas informativas guiadas por un mero interés de difusión política más que por el objetivo de propiciar el conocimiento y participación de los ciudadanos, y en la que muchas organizaciones, áreas de actuación y procesos de decisión permanecen en un mundo desconocido para la mayor parte de la sociedad.

Por otra parte, la complejidad de nuestro sector público, tan desconcentrado con la creación de un creciente número de entidades públicas, la mayor parte de las mismas fuera del estricto ámbito administrativo y del derecho público, y tan descentralizado, como consecuencia del fortalecimiento de la Administración autonómica y local, dificulta la obtención de información y su homegeneización. Cabe citarse, a modo de ejemplo, cómo en el presente ejercicio se ha aprobado un nuevo Plan de Contabilidad Pública que, con independencia de que reitere en su presentación su carácter de marco contable para las diferentes Administraciones Públicas ya recogido en el Plan precedente, al carecer de carácter de normativa básica, como el Tribunal proponía en su Moción elevada a las Cortes Generales y compartía la Comisión Mixta en sus resoluciones, no va a impedir la situación paradójica de que persistan diferentes Planes de Contabilidad de las Comunidades Autónomas, frente a la existencia de un Plan único para todo el sector privado.