Ejecución del presupuesto europeo: buscando responsables

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Por tercer año consecutivo, la opinión del Tribunal de Cuentas Europeo (TCEu) sobre la ejecución del presupuesto comunitario incluye una opinión sin reservas: las cuentas son fiables y están libres de error material. Sin embargo, por lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas, el Tribunal considera que, en su conjunto, los pagos están afectados por un nivel de error material (la tasa de error más probable se sitúa entre el 2 y el 5%), y concluye que los sistemas de control sobre los pagos son, en general, parcialmente efectivos.

El martes pasado, el Senado acogió la presentación del Informe anual-2009 del TCEu. Ya presentamos aquí la conferencia de Manuel Nuñez, presidente del Tribunal de Cuentas de España. Queremos destacar ahora, la intervención del Miembro español del TCEu, Juan Ramallo, con algunas reflexiones sobre las novedades y perspectivas en el ámbito del control del presupuesto de la Unión Europea.

En 2009, el Tratado de Lisboa introdujo diversas modificaciones para que la ejecución del presupuesto de la UE se haga “en cooperación con los Estados miembros”. Añadiendo a continuación que el reglamento determinará las obligaciones de control interno de esos Estados miembros en la ejecución del presupuesto, “así como las responsabilidades que de ello se derivan”.Es decir, la responsabilidad ya no es exclusiva de la Comisión y se comparte con los Estados miembros.

Pues bien, con su informe, El TCEu permite al Parlamento Europeo “descargar” a la Comisión de la “responsabilidad” de la ejecución del presupuesto que se gestiona en un 80% de forma compartida con los Estados miembros. Entonces, dejaba en el aire la pregunta: ¿cómo es posible que la Comisión sea la única responsable y auditada sobre la que recae el procedimiento de descarga, cuando los errores son cometidos por los Estados miembros? Es lo que ocurre, por ejemplo al no aplicar los procedimientos de contratación establecidos en los Reglamentos comunitarios.

Belén Martinez, Juan Ramallo, Mark Crisp y Eduardo Ruiz, en el Senado, el 16-11-2010

Ramallo manifestó su preocupación ante lo que pudiera ser un paso hacia la renacionalización del control presupuestario, y que no sería sino “otro paso más en la presente debilidad y erosión de la Unión frente al auge de algunos de sus Estados miembros”.

A este respecto, la propuesta de reforma del Reglamento Financiero presentada por la Comisión al Parlamente y al Consejo, en mayo de 2010, establece dos previsiones: Las declaraciones por países y por sectores.

En primer lugar, prevé que los organismos nacionales acreditados para el control interno emitan una declaración de fiabilidad sobre la gestión en relación con “la exhaustividad, exactitud, y la veracidad de las cuentas, el buen funcionamiento de los sistemas de control interno así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes y el respeto al principio de buena gestión financiera”. Está previsto, asimismo, que esa declaración de fiabilidad sea certificada por un auditor independiente, algo que, en mi opinión, levantará ampollas en la órbita latina.

Ante esa existencia de “declaraciones de gestión” de los distintos Estados miembros, Ramallo se preguntaba si fundamentará una opinión del Tribunal de Cuentas también por países. Se me ocurre especular en el futuro con Estados miembros suspendidos en su gestión de los fondos europeos. Parece totalmente necesario y coherente con los controles previos al presupuesto que va a sufrir cada Estado miembro del Euro.

Como dice la exposición de motivos del nuevo Reglamento, es necesaria “una declaración de fiabilidad anual del órgano directivo acompañada de un dictamen de auditoría independiente, una declaración anual de los Estados miembros por la que asumen la responsabilidad por la gestión de los fondos de la Unión que se les ha encomendado”.

No se cansaba de recordar Ramallo que estas previsiones se establecerían dentro del ámbito de la gestión presupuestaria y no del control externo, imponiendo una obligación a los Estados miembros de dar anualmente a la Comisión una declaración de fiabilidad. En consecuencia: que nos dirigimos hacia una declaración de fiabilidad que si bien se desarrolla en la esfera de la gestión del presupuesto y no en la del control externo, no va a ser general sino por países.

Respecto a la declaración de fabilidad por sectores, Ramallo recordó que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 287.1) establece la obligación de que el Tribunal presente a la autoridad presupuestaria “UNA declaración” sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las transacciones.

La tasa o umbral de materialidad que el TCEu utiliza es del 2% para todas las áreas del presupuesto. A partir del 2%, la opinión del Tribunal es desfavorable. En cada área se distingue la tasa de error: por debajo del 2%, entre el 2 y el 5% y por encima del 5%.

A partir del ejercicio ejercicio 2008 se establecen tasas de error separadamente para cada ámbito político de Cohesión. En 2009, se obtiene el siguiente cuadro-resumen:

En definitiva, puede verse cómo en la actualidad estamos no tanto ante UNA declaración de fiabilidad cuanto ante tantas “mini declaraciones” como sectores de actividad hay en el presupuesto. Y en el futuro ¿por Estados miembros?

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