Entre pillos anda el juego

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Le hemos cogido el gusto a los titulares cinematográficos. El de hoy, nos viene que ni pintado para acompañar una entrada porque pillo se dice de la “persona pícara que no tiene crianza ni buenos modales” según la RAE, que también admite su uso coloquial como adjetivo que significa sagaz o astuto. Pero, vamos al grano.

El 26 de febrero de 2001, los principales partidos catalanes se comprometieron en un “Acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales y de financiación de partidos”. El documento contenía 10 medidas, firmadas con gran solemnidad en el Parlament por Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Partit Popular (PP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

La Sindicatura de Comptes catalana, en un informe aprobado el 29 de septiembre pasado y del que ha sido ponente el Sindico Mayor Joan Colom, acaba de evaluar el cumplimiento entre los años 2003 y 2006 de seis de esas promesas pactadas. Se trata de aquellas cuyo cumplimiento era responsabilidad directa de los partidos catalanes.

El diario El País califica el resultado de tal análisis como suspenso generalizado.  Por supuesto, ninguna formación alcanza el aprobado que, pongamos significaría alcanzar el objetivo previsto en la mitad de las medidas propuestas.

El informe viene en un momento muy oportuno, cuando se está elaborando la futura Ley de la Sindicatura que permitirá al avanzar no sólo en la fiscalización de los partidos políticos catalanes sino que prevé medidas drásticas para los ayuntamientos que no presenten sus cuentas anuales, como sanciones económicas de hasta 50.000 euros y la imposibilidad de cobrar subvenciones.

Todo ello en un marco precedido por los sucesos de la Operación Pretoria que obliga a las Instituciones catalanas ha tomar la iniciativa contra la corrupción a través de medidas que, cuando se concreten, deberán dar más transparencia a los procesos administrativos de la obra pública y a la financiación de los partidos políticos, que además presentarán listas por distritos en las elecciones autonómicas.

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El informe

En el primer punto del Acuerdo de transparencia se autolimitaban los gastos electorales mediante una reducción de la propaganda directa o indirectamente destinada a promover el voto. A tal efecto, en los cinco días siguientes a la convocatoria de elecciones se debía constituir por las formaciones parlamentarias un grupo de trabajo que nunca fue constituido. Sin embargo, de manera global, estos gastos de publicidad se han mantenido.

El segundo punto pactado establecía que cinco días antes del inicio de la campaña, las formaciones políticas debían enviar a la Sindicatura un presupuesto detallado de ingresos y gastos electorales. En 2003, únicamente la coalición ICV presentó el presupuesot corresponente. Para el proceso electoral de 2006, únicamente ICV y CiU presentaron la documentación en plazo. ERC y PSC, fuera de plazo, mientras que el PP y Ciutadans nunca presentaron la documentación. De todas ellas sólo CiU incluyó completa la información relativa a ingresos públicos, privados y endeudamiento previstos.

El punto tercero establecía que dentro de los cien días posteriores a las elecciones, las formaciones concurrentes debían presentar ante la Sindicatura una liquidación detallada del presupuesto electoral, con indicación nominal de las aportaciones recibidas y de las cantidades efectivamente financiadas con preéstamos y las condiciones de estos. La coalición ICV fue la única formación que en 2003 cumplió en plazo este acuerdo. En 2006, CiU y ERC fueron las únicas que presentaron la contabilidad, aunque fuera de plazo. El artículo 133 de la LOREG permite su presentación en 125 dias

Según el punto cuarto del Acuerdo, la Sindicatura podría realizar las comprobaciones necesarias, ejerciendo una competencia más amplia de la establecida en los atículos 133 y 134 de la LOREG. El punto quinto iba dirigido a un cambio normativo en financiación que fue atendido en la ley orgànica 8/2007, del 4 de julio. Ambos no es necesario evaluarlos.

El punto sexto establecía que, todos los años, dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio, las formaciones presentarían ante la sindicatura una contabilidad del ejercicio anterior, detallada y documentada, con identificación de las distintas aportaciones. Todas cumplieron, pero en diverso grado. En 2003, sólo PSC y ICV en plazo. En 2004, CpC, EUiA, PP yUDC fuera de plazo. En 2005, CpC, CDC y CiU fuera de plazo. En 2006, CpC, PP y UDC fuera de plazo.

El punto séptimo del Acuerdo establecía que de toda la documentación enviada al Tribunal de Cuentas de España, se libraría copia a la Sindicatura. Ninguna formación cumplió este apartado.

El punto octavo estableció que los partidos políticos comunicarían a la Sindicatura el nombre de las fundaciones y entidades a las que les den apoyo económico o que ejecuten funciones y actividades en coordinación con ellas. En ese caso, la contabilidad de esas fundaciones o entidades estaría sujeta al mismo control que los partidos políticos.

En la mayoría de los casos, los estados financieros de la fundaciones vinculadas a partidos políticos fueron presentados fuera del plazo de seis meses, previsto en el Acuerdo. No se ha recibido ningún estado financiero de sociedades mercantiles vinculadas directa o indirectamente a formaciones políticas.

Adicionalmente, el concepto de vinculación entre las formaciones políticas y sus fundaciones no está definido en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa reguladora de les fundaciones.

El punto noveno establece que la Sindicatura organizará un registro público de la documentación que aporten los partidos políticos en cumplimiento del Acuerdo. Debería darse una cobertura legal adecuada al alcance y características del mencionado registro y su posible transparencia.

El punto décimo establece que mientras el Estado no legisle con carácter general sobre el régimen tributario de las aportaciones a partidos, los firmantes se comprometían a impulsar mediadas legislativas para establecer la deducción fiscal de las cuotas de los afiliados en el tramo autonómico del IRPF. La Ley orgánica 8/2007, del 4 de julio, de alguna manera, ha venido a regular este escenario tributario.

Plural: 2 comentarios en “Entre pillos anda el juego”

  1. Estamos en el país de las declaraciones grandilocuentes y de las leyes que no se cumplen.

    Todo el mundo hablaba de supervisión y control. ¿Ha cumplido con su obligación al respecto el Banco de España?

    Las auditorías brillan por su ausencia y cuando se hacen se nos abren la carnes, pero los políticos están ocupados con otras cosas “más importantes”.

    Mientras tanto todo está manga por hombro y no se hace nada por que la supervisión y el control se ejerzan de manera efectiva.

    Como todo está politizado al final la sociedad se queda en las disputas entre partidos y cada elector se forma la opinión en función de lo que le interese al partido que vota. El voto cautivo nos impide tener las ideas claras.

    Y mientras no tengamos claro todos que “primero hemos de elegir a los más honestos y, después, controlarlos como si fueran los mayores ladrones” no avnzaremos y seguiremos estando en mano de indocumentados que nos estafan a ojos vista y encima les reimos las gracias.

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