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Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público

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BOE del 15-V-2009

El viernes 15 de mayo el BOE publicó el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

A pesar del detallado articulado de la Ley, se necesitaba desarrollar algunos aspectos como las nuevas figuras procedimentales o algunas de las modificaciones que la nueva Ley introduce con respecto a la normativa anteriormente vigente.

Así, el real decreto regula determinados aspectos de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. El RD entrará en vigor transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., es decir, el 16-6-2009.

Sin embargo, las disposiciones  reguladoras del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor a partir de la publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirán los registros voluntarios de licitadores creados en los diferentes órganos de la Administración.

En definitiva, han optado por un Reglamento que nuestro querido colaborador Miguel Trueno califica de superminirreducido. De sus interesantes comentarios, que intentaremos resumir en esta entrada, destacamos:

«Son aprovechables para la gestión nueve artículos. Los anexos no dicen nada.

«Se ha producido una incoherencia o contradicción absoluta entre algunas disposiciones en el texto del Real Decreto. Precisamente se han producido como consecuencia de haberse variado el texto para recoger sugerencias».

Teresa Moreo descubre la contradicción, en relación a la DF 7ª que ha dejado a la Seguridad Social en la eterna incógnita del IVA.

María Bilbao hace notar otra discordancia, en la Disposición Final Primera, cuando relaciona los artículos que se consideran básicos, en concreto la referencia a los artículos 1 y 2.

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Comentarios

169 respuestas a «Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público»

  1. Avatar de Miguel Trueno
    Miguel Trueno

    Ya está en fase de información el Real Decreto que establece las nuevas fórmulas de revisión de precios. Es breve: dos artículos, una transitoria, una derogatoria y una final. Naturalemente un anexo con las fórmulas.

    Un saludo al personal.

    Responder
  2. Avatar de Miguel Trueno
    Miguel Trueno

    En el BOE de hoy sale una corrección de «errores» del mini Reglamento. ¡Qué cosas tengo que leer! Yo diría más bien corrección de «Horrores».

    Responder
  3. Avatar de Elena Florido
    Elena Florido

    Estimados compañeros, soy una fiel seguidora del blog y de los comentarios que hacéis. Estos días he tenido la suerte de conocer a Teresa Moreo en persona, gran profesional y mejor persona, y me ha animado a comentar…

    Aunque no estoy a vuestra altura en conocimiento y experiencia, me gustaría comentaros una pregunta que nos ha surgido hoy en referencia a la designación de la mesa de contratación: el término «composición» es diferente a «designación«: no hay que definir personalmente (con nombre y apellidos) a los integrantes, únicamente el cargo… qué creeis?

    Responder
  4. Avatar de Jesus
    Jesus

    Con fecha de ayer 18 de junio de 2009, se ha publicado en el BOE la Orden EHA/1636/2009, de 15 de junio, por la que se publican los indices referidos al periodo julio-diciembre 08 aplicables a las revisiones de precios.

    http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/18/pdfs/BOE-A-2009-10145.pdf

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  5. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Buenos días a todos y una cariñosa bienvenida a Elena Florido.

    En primer lugar, manifestar mi sorpresa ante la “corrección parcial de horrores” (parafraseando a MT) del RD817/09 que se publicó el pasado jueves.
    María Bilbao, por favor, llámales y recuérdales los apartados que tienen los artículos 1 y 2. Ahora que igual te dicen que no lo han corregido porque es un error sin importancia y fácil de subsanar; además solo se trata del artículo 149.1.18.ª de la C’78……..nada….una tontería.
    Tal vez la intención sea que se mantenga la indefinición que apuntaban Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuerte, catedráticos de Derecho administrativo de la Universidad de León, en un delicioso artículo en el que comparaban a la nueva ley con la famosa opereta de Johann Strauss hijo, el Murciélago. En el argumento de dicho vodevil, los personajes representan a otros personajes en una fiesta organizada por el Príncipe, de manera que nadie sabe quién es quién pero todos se divierten bajo una máxima “Chacun a son goût”, cada uno a su gusto.
    Decían los autores que así es la nueva ley: Organismos públicos hacen obras, suministros o servicios privados, empresas públicas, fundaciones y sociedades ventilan sus conflictos en el orden civil o contencioso en función de la cuantía del contrato, consorcios, agencias y demás organismos con un régimen indefinido en la ley adquieren la condición de Administración Pública por voluntad propia,….., “Chacun a son goût”
    Parecidas pero no iguales, como dice Sosa Wagner, en lugar de la hermosa música leemos una penosa e incorrecta redacción.

    Respecto al tema que plantea Elena Florido sobre si hay que designar con nombre y apellido los miembros de la mesa, interesa ver el contenido del artículo 21 del D817/09 cuando dice que la designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato y que su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley.
    A mi modo de ver, dicho artículo debe interpretarse a la luz del artículo 294 de la LCSP que establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que intervengan en los procedimientos de contratación deberán abstenerse o podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
    Estas dos instituciones, voluntaria una y forzosa la otra, protegen la imparcialidad en las decisiones de las personas que intervienen en un procedimiento de adjudicación, entre otros, los miembros de la Mesa.
    Para que los interesados puedan poner en marcha un procedimiento de recusación contra alguno de dichos miembros, de acuerdo con el artículo 29 de la L30/92, es necesario que concurra alguna de las circunstancias prevista en el artículo 28 de dicha ley como motivos de abstención y por tanto, entiendo que la designación innominada no resulta suficiente, salvo que en el propio Perfil se facilite el organigrama de la Administración contratante, de manera que sea posible identificar al titular del cargo/puesto de trabajo que figura en la relación de componentes de la Mesa. Evidentemente, la designación deberá ser de titular y suplente para evitar problemas a la hora de constituirse la mesa.
    Me gustaria escuchar otras opiniones al respecto.
    Buen domingo a todos.

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  6. Avatar de vecino
    vecino

    Lo mejor del artículo de Sosa y Fuentes, es que al final en la opereta el protagonista pide disculpas porque el champán tuvo la culpa, luego se necesita una nueva borrachera para reformar la Ley.

    En cuanto a lo de la mesa , sólo apuntar que el único organismo, que yo conozca, que publica los componentes de la mesa con nombres y apellidos es el tribunal de cuentas( BOE 1/06/2008 ), ¿ por qué será ?.

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  7. Avatar de Miguel Trueno
    Miguel Trueno

    Si bien cada cual hará de su capa un sayo, la composición de los miembros de la Mesa ha de hacerse de forma completa, esto es, nombre y cargo/puesto de trabajo. Esa es la forma en virtud de la cual es operativa el régimen de recusaciones previsto en la Ley 30/1992.

    No obstante, la proverbial buena fama, diligencia, disposición, iniciativa, y así un largo etcétera nos llevará a que pongamos unos datos genéricos y no nos quebremos la cabeza averiguando cómo se llama el pimpollo/a que hace las veces de Presidente de la Mesa.

    Como siempre mi buena amiga Terera Moreo acierta en su comentario.

    Responder
  8. Avatar de TXUTXI SANMARTINHO
    TXUTXI SANMARTINHO

    De conformidad con la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-Ley 9/2008 por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo:»A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros».
    ¿Como se come esto?:
    – Exención de clasificación para todos los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros (Informe 1/2009 de 6 de febrero de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía)
    O:
    – Exención de clasificación para los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros financiados con los fondos regulados en el mencionado Real Decreto-Ley 9/2008.

    Responder
  9. Avatar de Miguel Trueno
    Miguel Trueno

    Para TXUTXI SANMARTINHO. Caray, que díficil me ha sido escribir tu nombre. Me he quedado en Atapuerca.

    Mira, tu pregunta sobre cómo se come lo de la clasificación tiene una respuesta sencillita:

    1) Se come despacito. La disposición habla de «obras», sin más detalle. Luego el límite se refiere a todos los contratos de obras.

    2) Me dirás que la dispensa de clasificación se refleja en una norma referida a ciertas obras. Si, es cierto. Pero la dispensa se establece en una disposición adicional, no en el articulado. A poco que conozcas de técnica legislativa sabrás que esta circunstancia hace que la aplicación lo sea para todo.

    3) Al tratarse de un Real Decreto-Ley «comprende» a la Ley.

    Un saludo a todos.

    Responder
  10. Avatar de TXUTXI SANMARTINHO
    TXUTXI SANMARTINHO

    GRACIAS MIGUEL.

    Responder
  11. Avatar de Desde Tartessos
    Desde Tartessos

    Hola a todos y todas:

    Después de consultar este foro, que me parece interesantísimo, quiero plantear la duda siguiente, en relación con el «comité de expertos» previsto en los artículos 134.2 y 144.1 de la LCSP, el cual ha de estar «formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato».

    Y el problema (al menos, para mí) se encuentra que ni la LCSP ni el nuevo R.D. 817/2009 clarifican qué ha de entenderse por «órgano proponente del contrato».

    D. Miguel Trueno, en un comentario del pasado 10-06-2009, dice lo siguiente:

    «En relación con el “órgano proponente” se clarificó por la autoridad competente –y reproduzco textualmente su respuesta– que “la redacción del Real Decreto deja claro que se trata de un órgano distinto del “órgano de contratación”, y que es aquél órgano que ejerza de forma directa la iniciativa en el expediente de contratación. Mayores aclaraciones conducirían a la utilización de fórmulas demasiado estrictas que podrían dejar fuera del concepto una serie de supuestos y no es eso lo que se pretende».

    ¿Alguien me podría indicar quién es esa autoridad y en qué resolución, documento o informe se contiene este criterio (con el que estoy totalmente de acuerdo)? Lo he buscado y no he sido capaz de encontrarlo.

    Trabajo en un organismo público de una Comunidad Autónoma, y la Asesoría Jurídica del organismo mantiene un criterio para mí totalmente erróneo sobre quién es el «órgano proponente del contrato», lo que permite que haya una «manga ancha» enorme a la hora de determinar quiénes pueden ser miembros de ese «comité de expertos».

    Muchas gracias.

    Responder
  12. Avatar de Maria Bilbao
    Maria Bilbao

    Debe haber ya mucha gente de vacaciones o casi todo el mundo ha cogido el tranquillo a esta normativa contractual y no surgen ya cuestiones, porque este foro, otras veces tan animado, parece que ha decaído.
    Yo, sin embargo, que debo ser muy torpe, sigo planteandome cada dia cuestiones nuevas, y, donde antes tenía muy claras las cosas ahora dudo.
    Por ejemplo:
    LCSP. Párrafo 2º apartado 1 del artículo 54. Exigencia de clasificación.
    ¿Habría que admitir a la licitación a una empresa no clasificada en obras o clasificada en obras pero no en el K/9/e, que aportara el compromiso de subcontratar la ejecución de la porción especializada con otros empresarios clasificados en el K/9/e?¿con esta interpretación se daría la paradoja de que para ir en UTE la exigencia es mayor (requisito: que todas esten clasificadas en obras y una dentro del Grupo exigido), que la que se presenta sin clasificación con compromiso de subcontratar con clasificada?
    Supuesto de hecho contrato de obras.
    – presupuesto de licitación –IVA excluido–: 4.297.089,46 €
    – clasificación Grupo K Especiales/Subgrupo 9 Instalaciones contra incendios/ Categoría e

    A ver si hay por ahi algún miembro de este foro que todavía lo siga y se anime a opinar.

    Un saludo y gracias de todos modos anticipadamente a todos,

    Responder
  13. Avatar de ELMUN SEMUE
    ELMUN SEMUE

    Desde Tartessos:
    Entiendo que el órgano proponente del contrato es la mesa de contratación (Arts. 144.1 y 295 de la LCSP).
    El comité de expertos no estará formado por tanto por ningún miembro de la mesa, en eso creo que estaremos todos de acuerdo. ¿Quiénes serán?. Siempre que sea posible (luego habrá veces que no lo sea porque por ejemplo no tengan cualificación profesional) será personal al servicio del departamento ministerial u organismo contratante (Art. 28.2 del Reglamento de desarrollo).
    En este tema creo que confudimos nuestros deseos, a mí muchas veces me ocurre (lo que garantizaría la máxima objetividad es que el comité de expertos lo formaran miembros ajenos al órgano de contratación), con la realidad jurídica que tenemos delante, por ello entiendo (aunque me pese) que el comité de expertos puede estar formado por funcionarios del órgano de contratación (reitero, no miembros de la mesa). Un saludo a todos.

    Responder
  14. Avatar de ELMUN SEMUE
    ELMUN SEMUE

    Aclaración al comentario anterior: El nuevo reglamento no utiliza la expresión funcionarios sino personal. Lo cual abre otros interrogantes. ¿Se podría contratar a alguien en virtud de su cualificación profesional para ser miembro de un comité de expertos?
    Por cierto María Bilbao, realmente ese artículo tiene miga, no tengo una opinión al respecto. Un saludo.

    Responder
  15. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Un saludo a todos (los que estan de vacaciones y los que no)

    Como bien dices, María, la mayoría de compañeros deben de estar en el chiringuito, que es lo que toca por estas fechas y los que no, lo estaremos pronto.
    ¿Qué problema tienes con el 54? Se permite suplir la clasificación del licitador por la del subcontratista, siempre que no supere el 50%. Ello no impide que se le deba exigir al licitador estar clasificado como contratista de obras, en el grupo y subgrupo correspondiente al resto de la obra. No se puede presentar sin clasificación, como tú dices.

    ELMUN SEMUE , siento decirte que no estamos todos de acuerdo en el significado que das a la expresión «órgano que propone el contrato». Tú afirmas que es la mesa y citas dos artículos de la ley en los que se le atribuye a la mesa la competencia para proponer la adjudicación del contrato. Cosa distinta es proponer el contrato, acción que corresponde normalmente al servicio o departamento que tenga que satisfacer sus necesidades mediante el contrato. En definitiva entiendo que la expresión se refiere al promotor y no a la mesa.

    El comité de expertos en la LCSP se configura como un órgano independiente que emite una opinión técnica sobre el asunto.
    Son muchas las incógnitas por despejar alrededor del tema.
    Como ya se ha apuntado en este foro, la primera se manifiesta en la elección de sus miembros. ¿Con qué criterios?
    Es condición indispensable que sean personas de amplios conocimientos sobre la materia objeto del contrato pero eso no basta, deberán conocer también los principios fundamentales que informan la aplicación de los criterios de adjudicación a la hora de elegir la oferta más ventajosa. (Relación directa con el objeto del contrato, imposibilidad de valorar la experiencia de la empresa que presenta la oferta, motivación, racionabilidad, igualdad de trato, seguridad jurídica: sujeción al pliego, …etc., etc., etc.)
    El perfil que resulta de tales exigencias no se encuentra fácilmente en el entorno de la Administración contratante, y digo Administración porque los PANAP y resto del Sector Público, no precisan de la intervención del comité de expertos para valorar sus ofertas. Así las cosas, seria deseable que proliferara la creación de comités de expertos especializados en las diferentes áreas y constituidos como órganos colegiados, lo que permitiría aplicarles el régimen de la Ley 30/92, cosa que no es posible si se designan en el pliego.

    Responder
  16. Avatar de Maria Bilbao
    Maria Bilbao

    Muchas gracias Teresa,
    En cuanto al comité de expertos, también creo yo que no es la mesa sino en Departamento interesado el que propone el contrato.
    Lo que no entiendo bien del Reglamento, en el art. 28, es su aplicación a Administraciones Públicas que no son Administración del Estado, donde se da (en mi caso) ocasiones en que el Departamento proponente de un contrato es a su vez órgano de contratación, salvo que lo consideremos en sentido estricto (por ejemplo un servicio del Departamento lo propone, el organo de contratación es el titular del departamento y los miembros del comité son «expertos» en la materia pero de otro servicio de ese Departamento).
    Lo de creación de comités de expertos especializados como órganos colegiados, lo cierto es que el Reglamento, el artículo 29, en interpretación literal parace contemplar que, o se designe su composición en el pliego o en el pliego se determine el procedimiento para efectuarla (¿es con esa segunda posibilidad como crees que puede caber la creación de comité constituido como órgano colegiado?)

    Responder
  17. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Hola María,
    Quiero decir que no es suficiente que en el pliego se indique que fulano, zutano y mengano, constituyen el comité de expertos para la valoración de los criterios subjetivos que han de decidir la adjudicación del contrato, para que se le atribuya a dicho grupo carácter de órgano colegiado.
    Me estoy refiriendo a los requisitos del artículo 38 y siguientes de la LOFAGE o de las normas autonómicas que regulen la creación de órganos colegiados. (requisitos formales para su creación, instrumento de creación, aceptación en caso de formar parte diferentes personalidades jurídicas, criterios para designar presidente,…)
    Por otro lado, apuntaba que podría ser interesante que se constituyeran comités de expertos en áreas materiales significativas en el entorno de cada administración, formados por miembros de distinta procedencia y designados por sus especiales conocimientos en la materia, que actuarían para distintos órganos de contratación en los procedimientos que lo requieran.

    Responder
  18. Avatar de Dámaso Alonso
    Dámaso Alonso

    Hola a todos:

    Hoy 14-julio-2009, se vuelve a publicar en el BOE una corrección de errores al Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la LCSP. En concreto se refiere a la inconsistencia de la Disposición Final 1ª que habia detectado María Bilbao y también a la Disposición Final 5ª.

    Responder
  19. Avatar de Victoria
    Victoria

    Buenos dias,
    Visto el gran nivel que hay en este foro, permitidme que os plantee la siguiente cuestión que nos ha surgido en una mesa sobre un procedimiento abierto de un contrato SARA

    De acuerdo con el art. 22.1.b) RD 817/2009, la mesa de contratación ha de determinar los licitadores que han de quedar excluidos del procedimiento por no acreditar que reúnen los requisitos del pliego (por ejemplo, requisitos de solvencia). De acuerdo con el artículo 82 del RD 1098/2001, no derogado de forma expresa, la mesa debe emitir un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. De acuerdo con el artículo 37 Ley 30/2007, en los contratos sujetos a regulación armonizada, la decisión de excluir a un licitador seria impugnable vía recurso especial (sin efecto suspensivo), por tratarse de un acto de trámite que determina al interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento. El plazo para interponer el recurso (art. 37.6) es de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto impugnado.

    Las cuestiones que nos plantea este supuesto son las siguientes:

    1)Es necesario notificar de forma individualizada al licitador excluido de que ha sido excluido de la licitación y las causas y los recursos que caben contra esta decisión?
    2)Si no fuera necesaria la notificación singular, cuando empieza a correr el plazo para interponer el recurso especial? Desde que se decide la exclusión por la mesa en un acto público? Desde que se publica en el perfil del contratante, si fuera el caso, aun cuando no es obligatorio, de acuerdo con el art. 42 Ley 30/2007?
    3)Una vez la mesa ha decidido excluir al licitador, resulta necesario notificarle actuaciones posteriores como el plazo de alegaciones de dos días previsto en el art. 87 RGLCAP o la adjudicación provisional?

    Responder
  20. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Respuesta a Victotia

    El acto de exclusión de un licitador debe ser notificado a éste en el mismo acto público, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo al procedimiento establecido en la Ley 30/1992.
    Contra dicho acto de la mesa de contratación podrá interponerse, ante el órgano de contratación, el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 37 de la LCSP o bien el recurso ordinario previsto en el artículo 107 de la L30/92, en función del objeto del contrato y su cuantía.
    El plazo para interponer el recurso especial del artículo 37 contra la decisión de la mesa, es de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique el acto impugnado y su presentación no supondrá la paralización del procedimiento aunque los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
    Un saludo a todos

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