Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público

BOE del 15-V-2009

El viernes 15 de mayo el BOE publicó el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

A pesar del detallado articulado de la Ley, se necesitaba desarrollar algunos aspectos como las nuevas figuras procedimentales o algunas de las modificaciones que la nueva Ley introduce con respecto a la normativa anteriormente vigente.

Así, el real decreto regula determinados aspectos de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. El RD entrará en vigor transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., es decir, el 16-6-2009.

Sin embargo, las disposiciones  reguladoras del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor a partir de la publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirán los registros voluntarios de licitadores creados en los diferentes órganos de la Administración.

En definitiva, han optado por un Reglamento que nuestro querido colaborador Miguel Trueno califica de superminirreducido. De sus interesantes comentarios, que intentaremos resumir en esta entrada, destacamos:

«Son aprovechables para la gestión nueve artículos. Los anexos no dicen nada.

«Se ha producido una incoherencia o contradicción absoluta entre algunas disposiciones en el texto del Real Decreto. Precisamente se han producido como consecuencia de haberse variado el texto para recoger sugerencias».

Teresa Moreo descubre la contradicción, en relación a la DF 7ª que ha dejado a la Seguridad Social en la eterna incógnita del IVA.

María Bilbao hace notar otra discordancia, en la Disposición Final Primera, cuando relaciona los artículos que se consideran básicos, en concreto la referencia a los artículos 1 y 2.

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Comentarios

169 respuestas a «Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público»

  1. Avatar de Anzur

    UNA DUDA DE PROCEDIMIENTO
    El art. 144 LCSP dispone que “la APERTURA DE LAS PROPOSICIONES deberá efectuarse en el plazo máximo de UN MES contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público,”
    Si en el plazo de UN MES la mesa de contratación tiene que: 1º abrir los sobres de la documentación personal (capacidad y solvencia), 2º dar plazo de subsanación, en su caso, 3º analizar la documentación de subsanación presentada, 4º declarar los licitadores definitivamente admitidos y excluidos, 5º abrir en sesión pública los sobres con los criterios “subjetivos”, 6º evaluar los criterios “subjetivos” (comité de expertos o informe técnico), 7º dar publicidad a la valoración de los criterios “subjetivos” , 8º abrir en sesión pública las ofertas económicas y los sobres con el resto de los criterios “objetivos”, [todos ellos automáticos] formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación de manera inmediata, salvo que haya alguna oferta anormal o desproporcionada, en cuyo caso, interpreto que la mesa dispondrá de 15 días para efectuar los trámites previstos en el art. 136.3.
    ¿Qué sentido tiene entonces que la ley le otorgue al órgano de contratación un plazo de DOS MESES DESDE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (art. 145.2) para que efectuar la adjudicación provisional? ¿Por qué dar tanto tiempo para efectuar la adjudicación provisional? ¿Qué sentido tiene que el art. 145.3 posibilite la ampliación en 15 días del plazo de dos meses, caso de concurrir ofertas anormales o desproporcionadas, si ha tenido que ser la mesa (art. 22.1.f) del Reglamento Parcial) quien con anterioridad a la propuesta de adjudicación haya efectuado los trámites necesarios?
    Espero vuestras aclaraciones. Un saludo

  2. Avatar de Joaquín
    Joaquín

    Buenos días.

    Anzur, en mi opinión, el plazo de 2 meses (15 días cuando el único criterio sea el precio) es preciso para realizar los pasos 6º, 7º y 8º de tu exposición. La Mesa abrirá las proposiciones en el plazo máximo de un mes desde la presentación de las ofertas, previamente habrá calificado la documentación administrativa, es por tanto un plazo límite para la apertura no para la valoración de las ofertas. Desde la apertura habrá un plazo máximo de 2 meses para la adjudicación provisional.

    En cuanto al plazo de 15 días hábiles, para las bajas temerarias, sigue el mismo principio: tengo dos meses desde la apertura para adjudicar, si existen proposiciones con presunción de temeridad el plazo se amplia para poder ejecutar los trámites del Art. 136. 3. En esta cuestión yo también tengo una duda ¿Cuál es el plazo de audiencia al licitador, 2 días del Art. 87. 1 del reglamento o 3 días del 81. 2?

  3. No quería entrar en el foro, pero lo hago para puntualizar algún despiste que hay por ahí.

    Los plazos de dos días del artículo8 7.1 o el de tres días del 81.2 NO TIENEN LA MENOR RELACIÓN con el trámite de audiencia previsto en el artículo 136.3 de la LCSP.

    No existe un plazo, ni en la Ley ni en sus normas de desarrollo que cuantifiquen este plazo. A título orientativo os sugiero que utiliceis POR ANALOGÍA (no por otra cosa) el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 97 del Reglamento para audiencia en caso de incidencias por diferencia en la interpretación del clausulado.

    En todo caso, si me interesa destacar que no se deben confundir los artículo 81 y 87 del Reglamento con el tema de las bajas temerarias.

    Un saludio a la afición.

  4. Avatar de ELMUN SEMUE
    ELMUN SEMUE

    El pasado 31 de mayo Miguel Trueno decía: «5) Quien esté en el ámbito del Estado conocerá bien los bienes homologados por Patrimonio. Eso es un acuerdo Marco», casi estoy de acuerdo, pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Euopea en la sentencia de 13 de enero de 2005 no lo estuvo. Esa fue la defensa del Estado español, decir que nuestro sistema de bienes homologados era un acuerdo marco y el Tribunal sentenció que nuestro artículo 182.g) del TRLCAP era una incorrecta incorporación de las directivas comunitarias.
    Lo que pongo sobre la mesa es la discusión sobre la naturaleza de los acuerdos marco en los que tiene un papel fundamental su valor estimado, no el presupuesto de licitación porque entiendo que no lo tienen y creo que los pliegos de los acuerdos marco no ponen el acento en cómo se formalizan, ejecutan o desarrollan los contratos derivados del acuerdo marco. Pensemos un acuerdo marco con un alto valor estimado al que le exigimos garantía definitiva y luego la Administración formaliza un pequeño importe en la ejecución del mismo, ¿es lógico haber pedido la garantía al acuerdo marco? (Se puede dispensar, dirá Miguel), ya lo sé, ¿no es más correcto decir que no tiene garantía? ¿Y el seguimiento del valor estimado, quién lo hace? Porque realmente eso es lo que le interesa a los europeos, la publicidad. Bueno la publicidad y por desgracia como veremos en el futuro la modificación de los contratos, el sistema de recursos, etc. Saludos. Por cierto lanzo otro tema, ¿le queda poca vida al contrato de gestión de servicios públicos tal como lo conocemos?

  5. Avatar de Anzur

    Buenas noches…
    Joaquín, la proposición la integran tanto la documentación personal, los criterios subjetivos y los criterios objetivos (entre los cuales estará la oferta económica).
    Si la apertura debe hacerse en el plazo de 1 mes, significa que la oferta económica y demás criterios objetivos deben abrirse en dicho plazo de 1 mes, Y DESPUES EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DISPONDRÁ DE 2 MESES (o 15 días) PARA DECIDIR LA ADJUDICACIÓN PROV ISIONAL.
    Insisto: ¿No te parece desproporcionado que la mesa tenga 1 mes para hacer prácticamente todo el trabajo y que luego el órgano de contratación disponga de 2 meses para “pensárselo”?.
    Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Trueno en lo referente a los plazos del art. 87.1 y 81.2 del Reglamento.
    Un saludo cordial

  6. Es posible utilizar la figura del contrato menor para los contratos de naturaleza administrativa especial del artículo 19.1 b) de la LCSP.
    Conozco el informe 38/05, de 26 de octubre de 2005 de la JCCA.
    Que os parece estar en mesas eternamente, ¿ CUATRO MESAS ?.

  7. Avatar de ELMUN SEMUE
    ELMUN SEMUE

    Estoy de acuerdo con vecino, con la nueva Ley creo que el sentido de ese informe hubiera sido diferente. Sobre las mesas… mejor me callo.

  8. ¿ Se ha discutido en el foro el por qué de tener que pedir informe a los servicios jurídicos para la prórroga de los contratos al estar recogida ésta necesidad en el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008?. Algún interventor sostiene que el articulo 97del RCAP es la base juridica de tal requerimiento. Que risa.

  9. Avatar de Arsenio
    Arsenio

    Los problemas de interpretación de la Ley
    ¿ Creéis que el apartado 2 de la Disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 permite que la modificación de un contrato adjudicado con anterioridad a su entrada en vigor se tramite por el TRLCAP y que ésta modificación afecte al contenido de varias clausulas del PCAP que reguló el concurso para su adjudicación?.
    Mi respuesta es negativa reservándome los argumentos para plantear el debate

  10. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Saludos a todos.
    Arsenio, sin ánimo de polémica, no coincido con tu planteamiento sobre la posibilidad de modificar un contrato «pre LCSP», con arreglo al TRLCAP.
    La disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 establece que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. El modificado de un contrato adjudicado antes del 30/04/08, se regirá por el TRLCAP, concretamente por los artículos 101, 146, 163, 189, 212 y 250. Los límites de los modificados, además de los que se dan en la propia ley, están y estaban ya antes del 30/04/08, establecidos por la Jurisprudencia, los pronunciamientos de las Juntas Consultivas y la Doctrina. Siempre que se justifique el interés general, la aparición de causas imprevistas que resulte imprescindible atender para poder llevar a cabo el objeto del contrato y no se modifiquen condiciones esenciales, entendiendo por tales aquellas que de haberse conocido por los licitadores hubieran hecho que estos modificaran sus proposiciones, sí que se puede modificar alguna cláusula del pliego, como tú dices.
    Esta es mi opinión.

  11. Avatar de JULIAN
    JULIAN

    ¿Qué debe entenderse por «órgano que proponga la celebración del contrato», a que se refiere el inciso final del apartado 2, del artículo 28 del RD 817/2009, de 8 mayo?.
    Saludos.

  12. Avatar de Joaquín
    Joaquín

    Julían probablemente la única opción razonable sea entender que, el «órgano que proponga la celebración», se corresponde con el «servicio que promueva la contratación» del artículo 73.2 del reglamento general de la LCAP.

    Saludos

  13. En relación con el «órgano proponente» se clarificó por la autoridad competente -y reproduzco textualmente su respuesta- que «la redacción del Real Decreto deja claro que se trata de un órgano distinto del «órgano de contratación», y que es aquél órgano que ejerza de forma directa la iniciativa en el expediente de contratación. Mayores aclaraciones conducirían a la utilización de fórmulas demasiado estrcitas que podrían dejar fuera del concepto una serie de supuestos y no es eso lo que se pretende. (SIC).

  14. Avatar de Isaac

    Hola a todos los foreros.

    ¿Considerais aplicable a las Entidades Locales el artículo 21.2 del RD 817/2009 sobre composición de las Mesas?
    Lo pregunto porque la DA 2ª.10 de la Ley ya estableció la composición de las Mesas en estas Entidades y señala que «sin que su número, en total, (entiendo que el de vocales no el total de los miembros de la mesa), sea inferior a tres». En cambio el artículo 21.2 del nuevo RD establece el número de vocales al menos en cuatro.

    Saludos.

  15. Avatar de JULIAN
    JULIAN

    En un contrato de suministro, se produce deterioro en los muebles objeto del contrato, como consecuencia de una inundación, durante el tiempo que los mismos han permanecido en depósito en los almacenes del contratista, previa modificación del plazo de la entrega por parte de la Administración. ¿Existe obligación del pago de la mercancía dañada por parte de la Administración, en aplicación del artículo 268.2 LCSP?
    Gracias

  16. Avatar de JULIAN
    JULIAN

    Mesa contratación Entidades Locales.
    En mi opinión la D.A.2ª.10 de la LCSP, está dando un tratamiento especial a las Entidades Locales, apartándose de la regla general para el resto de las Administraciones Públicas. Por tanto no resultaría aplicable el artículo 21.2 del RD 817/2009. Por otra parte el número mínimo de vocales (3), está excluyendo de tal cómputo al Presidente, al Secretario, al Asesor Jurídico y al Interventor; es decir, esos 3 vocales han de pertenecer al personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la Corporación.
    Saludos.

  17. Avatar de Arsenio
    Arsenio

    TERESA: Gracias por tu intervención. La teoría que has expuesto era la que defendía y, entendía que estaba clarísima en la Ley hasta que tuve que tramitar un expediente de modificación – gestión de servicio público – y medito sobre el contenido de la DDTT 1ª , en concreto » en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas» y al acudir al TRLCAP observo que el art 163 se encuentra ubicado en una sección distinta, la II del Capítulo IV del Título II de las secciones que regulan «los efectos, cumplimiento y extinción» del contrato. es decir, en la DDTT no se incluye la modificación del contrato.
    Por otro lado, el régimen jurídico actual de las modificaciones es más riguroso que el anterior y deduzco que el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP.

    En el expediente que se tramitaba no existía ese problema por afectar a las condiciones esenciales del contrato, incluso a una Base reguladora que incidía en la ponderación de los criterios de valoración.

    ¿Sigues opinando lo mismo con la seguridad jurídica que afirmabas en tu comentario?.
    Un abrazo y gracias

  18. Querido amigo Arsenio:

    Permíteme un pequeño comentario.

    Te puedo afirmar -creo que con bastante conocimiento de causa- que tu locución «deduzco que el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP» carece de fundamento. Esa idea no la han contemplado los redactores del texto legal.

    Cuestión distinta es el nuevo régimen sobre los modificados sobre los que -por cierto- se está trabajando en ciertos ámbitos que no viene al caso citar por no ser procedente.

    Tiene razón Teresa Moreo en su comentario.

    No hay afan de polémica en mis palabras. Tu tema ya ha sido discutido por la Junta Consultiva. Haz una consulta y verás lo que te contestan.

    Después del verano puede haber movimiento …

    Un saludo para todos.

  19. Avatar de teresa moreo
    teresa moreo

    Amigo Arsenio,

    He leído tres veces tu comentario y reconozco que no entiendo los motivos que te llevan a la conclusión, que es clara: el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP.

    Sin ánimo de polémica y con seguridad (dejemos lo de seguridad jurídica para los Principios del Derecho), discrepo de tu planteamiento.

    Desconozco la intención de los redactores del texto legal (nuestro amigo Miguel Trueno sí la conoce y es de fiar) pero, desde luego si la intención de las mentes pensantes era excluir que las modificaciones de contratos que han nacido antes del 30/04/08, se tramiten por el TRLCA, tenemos un problema, porque se ha incurrido en un error obstativo.
    La disposición final duodécima y la disposición transitoria primera no permiten tal exclusión.

    La eficacia temporal de las normas viene determinada por el momento en que entran en vigor y se aplican, desde este momento, a las relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad. (Principio General de Irretroactividad: art. 9.3 de la C’78 y 2.3 del CC)
    Este Principio siempre está conectado con el Principio de Seguridad Jurídica. (ahora sí es válida la expresión)
    Es cierto que las disposiciones de derecho transitorio, incluso el carácter retroactivo de las normas dependen de una decisión que queda en manos del legislador, siempre con las límitaciones constitucionales, pero tal decisión debe manifestarse de forma expresa en el texto legal, precedida de la correspondiente justificación en la Exposición de Motivos, cosa que no se ha producido.

    Un saludo y que siga la controversia

  20. Avatar de Arsenio
    Arsenio

    Miguel – Teresa.-:

    Quizás mi «deducción» no fue de lo más apropiada, tan sólo planteaba un nuevo criterio de interpretación de la DT1ª de forma que excluyese la modificación del contrato al amparo del TRLCAP y se tramitase con los principios más rigurosos de la LCSP.

    Sinceramente no la encuentro descabellada a pesar de que, cómo ya manifesté, mi opinión coincidía con la manifestada por Teresa el pasado 4 de junio.
    Un abrazo y gracias.

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