Algunas de las conclusiones del informe «Presente y futuro del municipalismo gallego» merecen, a juicio del diario El Faro de Vigo (decano de la prensa española) ocupar la primera plana de hoy domingo, donde encontramos un avance de las principales conclusiones.
Se trata de un completo estudio, editado hace un mes por la Escola Galega de Administración Pública, organismo dependiente de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia y del que son coordinadores Santiago Lago Peñas y Alberto Vaquero García.
El texto ha sido elaborado por un grupo de expertos vinculados al Consello de Contas y que puede descargarse en gallego. Realiza un serio análisis de las Entidades Locales desde diversas perspectivas.
Inhibición fiscal
Respecto a la situación financiera y fiscal de los municipios gallegos de menos de 50.000 habitantes, de los años 2004 y 2005 entiende que el gasto municipal medio por habitante en Galicia fue en 2005 de 655 euros, lo que representa sólo el 64,8% del gasto medio en el conjunto del Estado, que ascendió a 1.011 euros. «El factor que explica este raquitismo presupuestario es la fuerte inhibición fiscal«, concluye el informe.
Uno de los autores del estudio es el miembro del Consello de Contas, Xaquín Álvarez Corbacho, que fue el primer alcalde de O Grove en nuestra restaurada democracia, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad compostelana donde ejerció de Vicerrector de Economía. Vamos: que sabe un güevo. Mirad como explica algunas patologías de los pequeños ayuntamientos:
«El discurso político sobre la financiación municipal en Galicia es débil e inconsistente. Se promete todo o casi todo, pero no se habla de impuestos excepto para anunciar rebajas superiores a las que proclama el adversario político. El modelo financiero del alcalde gallego es reducir los tributos y multiplicar las subvenciones (percibidas de otras administraciones). Este comportamiento carece de futuro«.
Esto explica que los pueblos gallegos sean posean los tipos más bajos de España en los impuestos de bienes inmuebles, construcción, obra o de vehículos. Sólo hay un impuesto municipal menos gravoso: el de incremento del valor de los terrenos urbanos, cuyos tipos más bajos se aplican Extremadura.
«Si los alcaldes toman decisiones fiscales que ponen a nuestros municipios a la cola de las comunidades autónomas, no pueden decir después que están asfixiados financieramente o que carecen de recursos«, recoge el Estudio.
En un análisis firmado por Antonio López Díaz, Presidente del Consello de Contas y Catedrático de Derecho Financiero, se advierte que los ayuntamientos gallegos son los menos eficientes en las tareas de recaudación de toda España y que sólo consiguen ingresar en las arcas municipales el 65% del dinero que les correspondería. La media recaudatoria en el conjunto del Estado se encuentra en el 85%, siendo Cantabria la más eficiente, con un 90%.
Personal
Respecto a la gestión de personal, el estudio encuentra que «gran parte de las entidades fiscalizadas carecen de una relación de puestos de trabajo que comprendan los puestos existentes en su organización e incluya la denominación y características esenciales de éstos, las retribuciones complementarias que les corresponden y los requisitos exigidos para su desempeño como establece la Ley reguladora de las bases del régimen local»
Además denuncia que una «cantidad importante» de ayuntamientos aprueban incrementos salariales anuales por encima de los límites fijados con carácter general y obligatorio en las leyes de los Presupuestos del Estado o que los funcionarios reciban un complemento de productividad, fijo y periódico, «sin que figure ningún acuerdo motivado del alcalde» para justificarlo.
Recordemos que la distribución lineal de este concepto retributivo -la productividad– desnaturaliza su finalidad, ya que sólo está previsto para retribuir «el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desarrolla su trabajo», tal como recuerda el informe.
Fiscalizacion.es 
Como no soy gallego, no puedo comentar el municipalismo gallego, pero poco más o menos los problemas son generales en el Estado de las Autonomías. Quizá, por lo que leo, en Galicia se acrecientan un poco, como consecuencia de la menor carga fiscal que existe.
Parece evidente que es necesaria una reforma de las estructuras locales, pero creo que es necesario asumir en primer lugar el modelo autonómico del que nos hemos dotado. Así, en primer lugar, deben desaparecer las provincias (lo siento por Javier de Burgos), pero en el modelo actual por debajo del Estado están las Comunidades Autónomas y por debajo de éstas deben quedar los municipios o en lo que estos se transformen. La única excepción a este sistema radicaría en el País Vasco, en el que, por su singularidad, muchas de las competencias las ostentan los Territorios Históricos. En el caso navarro, al ser uniprovincial, se confunde la Provincia y la Comunidad.
Creerse el Estado de las Autonomías supone entender que hay tres administraciones básicas, cada una con sus competencias, y que las tres deben tener capacidad y responsabilidad fiscal suficientes para cumplir su misión.
Fijándonos en los municipios, es necesario hacer un repaso a su dimensión. Así, se puede afirmar que en los menores de 100.000 habitantes, que no llegan a 60 municipios, habita el 40 por ciento de la población, que hay casi 5.000 con menos de 1.000 habitantes y que los que no alcanzan los 100 habitantes son aproximadamente 1.000. En total hay más de 8.000 municipios.
Solamente estos datos serían suficientes para entender la necesaria reforma del mapa municipal. Si, además, se consideran las nuevas necesidades que han surgido con el desarrollo económico de los últimos años y los avances de la tecnología, la reforma no sólo es necesaria, sino muy urgente.
Es evidente que una moderna gestión no puede hacerse con las estructuras organizativas del siglo XIX, y que no pueden ser similares ayuntamientos de menos de 100 habitantes y los de más de100.000 habitantes. Se impone una transformación que tendrá dos posibilidades: la agrupación de entidades para formar otras nuevas o su sustitución por mancomunidades.
Pero tampoco nos podemos engañar pensando que con esto se solucionarán los problemas. Mientras se habite en pequeños núcleos de población, persistirá el principal problema que puede verse desde un triple punto de vista:
a) Económico. Es indudable la dificultad que existe para ser económicos en la gestión pública de las pequeñas entidades y de aprovechar las economías de escala.
b) De igualdad. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones (muchas veces en zonas de difícil acceso) tienen claras desventajas para acceder a muchos servicios (culturales, sanitarios, etc.), lo que genera desigualdad entre los ciudadanos.
c) De ordenación del territorio. Un análisis exclusivamente económico nos llevaría a concentrar la población en grandes núcleos, con los problemas que conlleva (tráfico, contaminación, etc.), algo que parece alejado del desarrollo sostenible tan de moda actualmente. Por otra parte, abandonar las zonas rurales puede suponer un gran retroceso para el medio ambiente, que está más cuidado y vigilado cuando es habitado.
En definitiva, si pensamos que es bueno mantener los pueblos habitados, sus moradores deben tener servicios y por lo tanto será preciso “gastar” dinero para pocos habitantes, haya muchas o pocas entidades locales.
Desde mi punto de vista, estamos ante un problema político: decidir qué modelo territorial queremos y actuar en consecuencia, asumiendo sus costes, ventajas y desventajas.
Como creo que me estoy extendiendo demasiado, sólo me queda felicitar a Antonio por su trabajo con esta bitácora.
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Buenos días. La práctica de las situaciones laborales de los Ayuntamientos nos demuestra que debería existir una mayor abanico de posibilidades para la contratación de personal laboral.
Me explico: los Ayuntamientos reciben subvenciones para la realización de determinados servicios, muchas de las cuales tienen un carácter indefinido, no son anuales, aunque quedan sometidas a los Presupuestos autonómicos de cada ejercicio. Me viene a la cabeza las ayudas para la prestación de servicios sociales. La CCAA dispone por Ley que los Servicios Sociales se prestarán por los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, y que para ello se concederá una subvención anual, pero periódica en tanto no varíe esa legislación. Siendo esto así, ¿Qué tipo de contrato es el correcto para garantizar el mantenimiento del personal hasta que se mantenga la subvención?
Esta claro que no es adecuada, en según qué casos, la figura del funcionario ni del laboral fijo. Pero tampoco es operativo ni justo para los trabajadores un examen anual vinculando el contrato de obra/servicio a cada ejercicio presupuestario. ¿Es legal, entonces, un contrato de obra/servicio que no se extinga en tanto la subvención que financia el servicio se mantenga?
Podríamos estar hablando de contratos temporales que se alargasen muchos años, con la posibilidad de que los trabajadores aleguen un fraude de Ley y defiendan el mantenimiento de un contrato que entienden indefinido, pues si la Ley atribuye esa competencia al Ayuntamiento y la financia, se trataría de una verdadera situación de indefinidad
En general, en los Ayuntamientos cada vez vemos más situaciones de personal indefinido de hecho, que no de derecho al no haber sentencias judiciales. Hay contratados temporalmente que llevan más de 20 años en el Ayuntamiento, que adquieren unos derechos. ¿Podría el Ayuntamiento en un procedimiento de negociación colectiva declarar esas situaciones como indefinidos a extinguir, garantizando su permanencia hasta su jubilación? Es lo que los sindicatos están defendiendo en muchos sitios
Chocan, en muchas ocasiones, los intereses de los Ayuntamientos con los derechos de los trabajadores, que perciben ciertas situaciones como fraudes de Ley, aunque se pudieran haber visto beneficiados, en el pasado, por unos procesos selectivos no adecuados al trabajo desarrollado
Me estoy liando, un saludo
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