El lunes 18 de junio se celebró en León, organizado por la Fundación General de la Universidad, un análisis del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público. Las conclusiones fueron muy críticas respecto a la Ley. Tanto por lo farragoso de algunos artículos como por las múltiples incógnitas que plantea su desarrollo futuro.
El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Federico López de la Riva, (en la foto, a la derecha) destacó el gran contraste entre la desregulación de asuntos tan importantes como la jornada de trabajo y la hiperregulación de los permisos y licencias. Una situación que, en su opinión, era representativa de los intereses de cada parte presente en la negociación de la norma.
La Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Mercedes Fuertes López alertó del riesgo de fragmentación, dispersión y agravios comparativos que generará la norma. El Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, Juan Mestre Delgado, subrayó ciertas deficiencias de técnica normativa del legislador (redundancias, ambiguedadades, derogaciones y resurrecciones sorprendentes, etc) y desgranó cada precepto en materia de provisión de puestos de trabajo.
La letrada de la Universidad de Burgos, Ana Caro expurgó la regulación del complejo sistema de negociación colectiva. El letrado Jefe de la Politécnica de Madrid, Juan Manuel del Valle, efectuó una exposición de las distintas modalidades de empleados públicos y de la dificultad de apreciar un modelo completo de cada una de ellas, con especial énfasis en la paradójica y confusa figura del Directivo público.
La letrada del Ayuntamineto de Valladolid, Pilar Martín, efectuó un detallado análisis de los aspectos de selección de los empleados públicos confrontándolo con la legislación local efectuando una esforzada valor de «armonización». El magistrado de lo Contencioso-Administrativo, José Ramón Chaves analizó a modo de diagnóstico final, las luces y sombras de la norma, concluyendo en que si bien formalmente se apuesta por un Estatuto del empleado público, lo cierto es que formalmente habrá tantos Estatutos como Comunidades Autónomas, y además modulados en cada Administración Pública por lo que se negocie con las organizaciones sindicales, y todo ello mediante una fórmula de horizonte incierto al remitirse a desarrollos sin calendario imperativo, con la secuela de graves disfunciones en el período transitorio.
De todos los ponentes fui el único que defendió la ley. Es verdad que abre incógnitas pero tampoco propone cambios tan radicales; más bien acaba con la dispersión existente en la legislación básica de función pública, lo que por si sólo, justificaría la iniciativa.
Como vivimos en un Estado de las Autonomías, el desarrollo corresponde a las CCAA. ¿Llegarán muy lejos? ¿Quedará irreconocible el modelo funcionarial, según la región? Bromeaba en la inauguración de la jornada con la posible dificultad para hacer una reunión de ese tipo dentro de veinte años, con asistentes de zonas geográficas distantes. Pero hay dos verdades. La mitad de los empleados públicos de España están al servicio de las CCAA. Y por tanto, no cabe ya un modelo único.
Es interesante la desvinculación de la carrera administrativa respecto de la sucesiva ocupación de puestos de trabajo (la “carrera inmóvil”, bromeaba Federico López) y la evaluación del desempeño, que es OBLIGATORIA, también es un avance, aunque puede ser papel mojado (si no se afronta) o un mecanismo torcido, si no se adecua a criterios objetivos y transparentes.
La participación del público fue espontánea y enriquecedora, y quizás se salieron con mas dudas que certezas, pero con gran satisfacción ya que la «tormenta de ideas» permitió captar el significado de la norma que va a regir la vida profesional de mas dos millones de empleados públicos.
En la foto Mercedes Fuertes, Juan Manuel del Valle, Carlos Fernández (Vicegerente de la Universidad de León) Ana Caro y José Ramón Chaves.
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