La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana suele dejarnos interesantes perlas en sus auditorías operativas. Así, tenemos los recientes estudios sobre la gestión de la grúa municipal o sobre la Administración sanitaria en determinados procesos. Hace unos meses se hizo público un Informe de auditoria operativa sobre la enseñanza primaria, que no debemos dejar pasar en esta bitácora sin una mínima atención. Se trata de una interesante evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del programa presupuestario 422.20 de la Generalitat durante los ejercicios 2009 a 2013.

Como en otras ocasiones, para llegar a las conclusiones se definieron los siguientes objetivos concretos, formulados en términos de preguntas:

Objetivo 1: ¿Se han adquirido las prestaciones en enseñanza primaria en la cantidad, calidad y coste más adecuado?

Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones en enseñanza primaria?

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de ellos se ha desglosado en los siguientes subobjetivos:

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar, en aplicar procedimientos de valoración del riesgo mediante el conocimiento del entorno en que se desenvuelve la actividad, incluido su control interno. En segundo lugar, se ha analizado la documentación pertinente suministrada tanto por la Consejería como por los terceros a los que les ha sido requerida, y se han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo, tanto con sus gestores así como con los equipos directivos de centros docentes.

En particular, el informe enfatiza las observaciones puestas de manifiesto a partir de las visitas realizadas a una muestra de centros docentes que ha abarcado 9 centros públicos y 9 concertados. En estos centros se ha revisado la documentación necesaria que nos permitiera evaluar el control interno ejercido por la Consejería.

En cuanto a la naturaleza de las pruebas, se han realizado pruebas numéricas de carácter analítico (tendencias y coeficientes) y pruebas descriptivas basadas en comparaciones cualitativas.

Observaciones

El informe concluye que las unidades escolares disponibles en la Comunidad para atender las necesidades globales de escolarización son suficientes, sin tener en cuenta otros aspectos que tendrían incidencia significativa en los procesos de escolarización, como podrían ser la localización geográfica, los programas lingüísticos o las necesidades educativas especiales.

Por otra parte, en relación con la enseñanza pública y concertada, aporta muchas conclusiones interesantes, entre las que destacan:

• El coste estándar por unidad escolar en un centro público es un 13,4% superior al de un centro concertado (en centros con una línea).
• El coste estándar por alumno, si se maximizara su ocupación, alcanzando el ratio máximo legal establecido (30 alumnos por unidad) sería superior en un centro público al de un concertado. Esta diferencia es compensada por el mayor desembolso que realizan las familias en relación con la escolarización en centros concertados.
• Dado que el índice o ratio por unidad no es homogéneo en las dos redes, el coste por alumno real en la red pública, teniendo en cuenta los gastos soportados por los hogares en concepto de clases lectivas en centros concertados, sería un 31,5% superior en centros con una línea, y un 19,2% en centros con dos líneas.
• Los resultados académicos de las dos redes se igualan una vez descontado el efecto del índice estadístico del estatus social, económico y cultural.
• En términos de alumno teórico, el índice de eficiencia sería similar, e incluso ligeramente superior en el caso de los centros públicos.
• El periodo medio de pago se ha deteriorado significativamente en el periodo 2009-2013, siendo especialmente elevado el relacionado con los gastos de funcionamiento de los centros públicos.

En la Revista Auditoría Pública del trimestre pasado, miembros del equipo de auditoría concluyeron que si la Administración optara por suprimir la totalidad de la red concertada, manteniendo el mismo número de unidades escolares que las actuales, pero todas ellas de titularidad pública, el coste anual de fondos públicos aumentaría en torno a 43,8 millones de euros.